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La Auditoria Superior de la Federación precisa ante la PGR
ausencia de claridad en la rendición de cuentas en Veracruz de parte del
gobierno estatal por las siguientes cantidades: faltantes por 2 mil 717. 9
millones de pesos correspondientes a 2012 y 6 mil 254.20 millones de pesos
correspondientes al periodo 2011.
Ya de días atrás precisábamos en este mismo espacio señaladas acciones de
ocultamiento de información, ausencia de transparencia y acciones de
corrupción que obligaron a la cúpula del poder a abruptos ceses en áreas
sustantivas de manejo de dineros públicos.
Lo no hecho por Orfis y la Contraloría veracruzanas de cara a una presunta
corrupción en áreas sustantivas de la educación, la salud y la seguridad
pública, así como el escandaloso desvío de recursos federales destinados a
la lucha contra la pobreza, obligó a la ASF a solicitar a la Procuraduría
General de la República su intervención.
El gobierno del estado no tendrá más remedio que obligarse a enviar a la
barandilla a los titulares de educación, Adolfo Mota, de Seguridad Pública,
Arturo Bermúdez, al ex de Salud, Pablo Anaya, de Finanzas, Fernando
Charleston y el ex Tomás Ruiz, y a los extitulares de Sedesol Arturo
Montiel Montiel y a Alberto Silva, así como a varios expresidentes
municipales, entre ellos los de Coatzacoalcos, Marcos Theurel y de Córdoba,
Francisco Portilla, hoy Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad
Pública.
Tendrán que rendir cuentas además del exContralor, Iván López Fernández, el
ex auditor del Organo de Fiscalización –ORFIS-Mauricio Audirac, así como a
quien hoy detenta esa jugosa cartera, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez.
¿Quién recibió y quién autorizó el mal uso y destino de las partidas
presupuestales etiquetadas? ¿Quién de los titulares bajo sospecha acusa
omisión por comisión? ¿Quién dejó hacer y dejó pasar? ¿Quién recibió línea,
si es que la hubo, para no hacer olas?
En el balance anual de la Auditoria Superior de la Federación bajo el
título “Resultados de la Fiscalización Superior 2012” se insiste en que de
las 30 auditorías practicadas a la cuenta pública 2012, 16 son negativas, 6
tienen observaciones y 8 están limpias. Es decir, más de las dos terceras
partes tienen “responsabilidad administrativa”.
Y que las secretarías de Educación, de Seguridad Pública y la de Salud, al
igual que la Secretaría de Finanzas no pudieron comprobar el destino de una
parte de los “Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Estatal”
que entregó el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda.
En educación el bache incumbe la no constitución y no equipamiento de los
32 consejos escolares para lo cual de destinaron 20 millones 145 mil pesos,
la no construcción de infraestructura educativa en los niveles básico y
superior (2012) y no se encuentran complementos de pago de nómina por un
millón 774 mil pesos en números redondos que debieron ser entregados al
Fondo de Aportación a la Educación Básica y Normal.
Tampoco se precisa claridad en la entrega de recursos federales
transferidos para el fortalecimiento de la Educación Media Superior en el
Colegio de Bachilleres, ni para el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos.
No se sabe además el destino real y monto de entregas de dinero a
sindicatos magisteriales.
Así, del universo que arrojan las 16 negativas de la Auditoría Superior de
la Federación hay instancias que destacan por el monto y presunto desvió
presupuestal, una de ellas es Desarrollo Social.
El gobierno del estado recibió en el 2012, 631, 988 millones de pesos, de
los cuales destinó 21 millones 886. 1 millones de pesos a obras o acciones
que “no benefician directamente a sectores de la población en condiciones
de rezago social y pobreza extrema”.
De la misma cifra entregada “352.0 miles de pesos no cuentan con
documentación comprobatoria y se desconoce el destino de 452, 968.8 miles
de pesos; que incluyen 442, 539. 8 miles de pesos que no fueron ejercidos a
la fecha de revisión (31 de agosto de 2013).
Por tanto la ASF concluye que “El Gobierno del estado de Veracruz no
cumplió y merece un dictamen negativo”.
El otro rubro bajo sospecha es el destinado a la Seguridad Pública.
La auditoría financiera con “Enfoque de desempeño” (12-A-30000-14-0605
GF-489) de la ASF en torno a la revisión de la cuenta pública 2012, analiza
las transferencia de 356 millones 777.9 miles de pesos para Seguridad
Pública.
Los resultados determinan que “258 millones 761.70 miles de pesos no se
encontraron en cuenta bancaria específica destinada a la administración de
los recursos FASP y tampoco contaron con la documentación comprobatoria de
gastos; además, 58. 5 miles de pesos en penalizaciones no aplicadas”.
“La ASF considera que no se cumplió”, puntualiza el documento.
En una segunda entrega a Seguridad Pública por 53 millones 273. 1 miles de
pesos “no hay reintegro a la Tesorería de la Federación de recursos por 49
millones 352, 5 miles de pesos que no fueron ejercidos, ni comprometidos al
31 de diciembre de 2012”.
Para el tema de seguridad hay un apartado de devoluciones de la propia SSP,
pero no completas al momento en que se reclamó la comprobación de los
gastos.
La de mayores rapacidades, sin embargo, la representa la Secretaría de
Finanzas (periodo 2012) con la supuesta entrega a la Secretaría de Salud de
Veracruz de 4, 148, 476. 4 miles de pesos.
Resultado:
La ASF considera que el Gobierno del Estado no cumplió al no transferir mil
174 millones de pesos (de los más de cuatro mil millones arriba citados)
destinados al Seguro Popular, medicinas y Servicios Sociales de Veracruz.
Finanzas se quedó además con los rendimientos financieros generados por la
retención, es decir, 648, 607. 5 miles de pesos por intereses bancarios.
¿Quién se quedó con los intereses bancarios? ¿Gabriel Deantes?
La conclusión es que de la revisión de la cuenta pública “se determinaron 7
mil 740.9 millones de pesos como recuperaciones totales, de los cuales 5
mil 022. 9 millones fueron operadas y 2 mil 717. 9 millones de pesos se
consideran probables”.
¿Probables?
La Auditoría Superior de la Federación concluye pues que tras la revisión
general:
“Parte de las transferencias que hizo la Secretaría de Hacienda a la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado se retiraron el
mismo día de la transferencia sin que se acreditara documental, contable,
financiera, administrativa y presupuestalmente que este importe se
utilizaría en 33 proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento
autorizados a esa entidad federativa…”.
A la ASF le queda muy claro cuando define el uso y destino de los 36 mil
153. 2 entregados a Veracruz, mismos que fueron auditados tras lo cual se
emitieron 163 observaciones que generaron 182 acciones de las cuales 68
fueron de carácter preventivo (recomendaciones); las restantes 114 acciones
fueron correctivas: 5 para comprobación fiscal, 11 para aclaración, 36 con
responsabilidad administrativa sancionatoria y 62 “pliegos de observación”.
Todo ello sin contar los 6 mil 178 millones de pesos de la cuenta pública
2011.
Hay que seguir rascando…
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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