Impunidad De Cuello Blanco
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
A cada paso la administración pública encuentra evidencias de
corrupción. Cada dependencia del gobierno tiene su parte de lodo. Donde no
surgen aviadores, hay desabasto hasta de papelería, o simplemente dejaron sin
equipo las oficinas.
Pero estos datos son simples anécdotas si comparamos el daño
económico que los anteriores gobiernos dejaron en toda la administración
pública, donde no hubo entrada de dinero que no estuviera desviada o por lo
menos jineteada por los funcionarios públicos que ahora se dicen constructores
de las instituciones.
Así como sucedió en su momento en el llamado “accidente” en la
Torre de Pemex, al quemarse expedientes que mostraban algunos desvíos y pruebas
de funcionarios corruptos han desaparecido otras pruebas. Hace días, la
secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que se ha reportado
el extravío de expedientes “políticamente importantes” y sujetos a
investigación por parte de la dependencia que encabeza, por lo que ya se están
haciendo las indagatorias para recuperar dichas carpetas.
El domingo pasado el presidente López Obrador, señaló nuevamente:
“Vamos a mejorar todo lo que está sucediendo porque nos entregaron un país en
crisis. Un cochinero”.
Casos muy sonados donde la evidencia es clara como Odebrecht o el
de OHL, no tiene detenidos. Hay investigaciones, prácticamente con evidencia,
denuncias públicas, noticias que inculpan a funcionarios de los regímenes
anteriores que nadie desmiente, pero la justicia en México muestra una
pasividad que corre el riesgo de convertirse en complicidad.
Un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos
confirmó que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares
en sobornos asociados a más de 100 proyectos en 12 países, entre
ellos, México. Así estalló un escándalo internacional por la magnitud de
las cifras.
Las investigaciones están relacionadas al esquema que involucra a
la empresa de Marcelo Odebrecht, quien se encuentra en prisión
domiciliaria desde hace más de dos años.
En México, en octubre de 2017, el entonces titular de la
Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes, dijo que la investigación
del caso Odebrecht estaba concluida, pero hasta el momento no se ha ejercido
acción penal contra ningún funcionario de Pemex.
En Perú, el expresidente Alan García se disparó en la cabeza para evitar su
arresto por un delito de corrupción relacionado con el caso Odebrecht, que
investiga actos que tuvieron lugar durante su segundo mandato. Se dijo
inocente.
Sin embargo, la estela de fraudes y corruptelas que deja a su paso
esta empresa brasileña no exenta a los funcionarios mexicanos, donde
reiteradamente aparece la figura del Emilio Lozoya.
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y muchos de
sus miembros del gabinete operaron también las transacciones para hacer
posibles los sobornos en México con la empresa.
Veracruz, señaló una fuente, es la clave para que se destape el
escándalo mayor en este caso, debido a que gente cercana y amigos personales de
Duarte de Ochoa trataron de cerca a los funcionarios de Odebrecht.
“Ahí está muy claro. Hay empresas fantasma en Veracruz que
sirvieron de puente para hacer llegar ese dinero a los funcionarios federales.
No las investigan ampliamente porque no lo quieren.
“Cómo confiar y compartir información con la gente que está al
frente en México de la procuración de justicia, si todos son una misma familia.
El Procurador es primo-hermano del exconsejero jurídico del Presidente”, se
señaló en su momento. Así hablaban en Brasil de los funcionarios mexicanos del
pasado.
Al menos 14 funcionarios del gobierno federal y del gobierno de
Veracruz entre 2010 y 2016, están involucrados en el tema de los sobornos,
confirmó la fuente.
Contra Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien señalaron
de recibir 10 millones de dólares a cambio de su apoyo para obtener
contratos de obra pública, las pesquisas en México parecen no avanzar.
Un alto funcionario de la justicia brasileña dijo, bajo condición
de permanecer en el anonimato por el periodo de la investigación, que lo que
todos en México piensan de sus autoridades acá en Brasil es cierto.
“Tenemos información que involucra a funcionarios de primer nivel
de México, que evidentemente no podemos compartirles. Hacerlo significaría
perder nuestra ventaja técnica y táctica”.
“No entendemos cómo un hombre tan cercano al presidente de México,
como es el Procurador, podría investigar a su equipo de gente cercana. Los
hechos hablan por sí solos. Pregunten en qué estado se encuentran las
investigaciones, por ejemplo, con Lozoya”, cuestionó el funcionario.
Pero el asunto de Odebrecht es sólo parte de la gama de delitos de
cuello blanco que se cometieron durante la administración pública en los tres
niveles de gobierno. Debe investigarse, y, sobre todo, castigarse.
Ya fue tiempo suficiente para exhibir a los funcionarios públicos
culpables de corrupción, ahora es tiempo de sanciones ejemplares donde pueda
verse a los exgobernadores en la cárcel. Porque en muchos casos de ilícitos en
los gobiernos de los estados están ligados directamente a complicidades en
niveles superiores, lo que quiere decir que, por lo menos, secretarios de
Estado están involucrados en actos que deben ser objeto de penalización.
No debe quedar un solo asunto relacionado con la corrupción sin
castigo, y no debemos conformarnos los mexicanos con muchos años de cárcel a
los culpables sino, lo más importante, que regresen el dinero que ilícitamente
se llevaron a sus bolsillos. PEGA
Y CORRE. – El fraude electoral es un delito que debe
erradicarse, significa una práctica ilícita del pasado. Ante esta realidad
el fiscal Especializado en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz
Pinchetti, comparó los delitos de fraude electoral como una forma de
conspiración con un factor central que organiza y que orquesta… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
Dudas y comentarios:
angelalvarop@hotmail.com
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