Impunidad a la Veracruzana
ALMA GRANDE
Por: Ángel Álvaro Peña
El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares está desesperado por
contar con alguien que le cubra las espaldas cuando deje el poder.
Decepcionado de los veracruzanos porque no votaron por su hijo,
ahora trata de tapar una serie de conductas poco correctas, colocando a amigos
y beneficiarios de su gobierno en el Comité Ciudadano de Vigilancia y
Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción que realizará el cambio
administrativo entre el gobierno saliente, encabezado por Yunes Linares y el
gobierno entrante, de Cuitláhuac García Jiménez.
El gobernador de Veracruz otorgó contratos a algunos de los
integrantes de este comité dos días después de ordenar la creación de dicho
organismo mediante decreto.
Los veracruzanos, ahora más suspicaces que antes de que saqueara
al estado Javier Duarte, mostraron sus dudas acerca de la honorabilidad de
dicho Comité, porque es evidente que Yunes Linares quiere comprar su silencio y
montarse en su complicidad.
El Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de
Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública 2016 – 2018, servirá para supervisar el estado que guarda el gobierno
para transferirse al nuevo Ejecutivo. Sus siete integrantes serían designados a
invitación directa por el mandatario estatal por sus méritos en materia de
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
De ahí tomó su ventaja Yunes y colocó a quien era susceptible de
protegerlo.
Un caso es el de Luis Palacios Macedo Gutiérrez, quien a los dos
días del Decreto, fue favorecido con un contrato para Grupo Corporativo Lupama
S.A. de C.V., compañía de la que es propietario, según el acta constitutiva
consultada en el Registro Público de Comercio en Xalapa.
Lupama, de Palacios Macedo, fue señalada de haberse favorecido
también con múltiples contratos en los gobiernos de Fidel Herrera y Javier
Duarte. Es decir, Yunes, en lugar de investigar y castigar a quienes
contribuyeron a la bancarrota de Veracruz, siguió trabajando con ellos.
Fidel Herrera, contrató a Lupama para realizar obra pública por
adjudicación directa de la Secretaría de Comunicaciones, por un monto superior
a los 10 millones de pesos en cuatro contratos entre 2007 y 2008.
Palacios Macedo ha sido beneficiado con contratos de renta de
inmuebles en los que despacha el gobierno de Yunes Linares. Así, Yunes compra cómplices
que cubran con un manto de impunidad sus acciones ilícitas en el estado.
Porque los hilos de la sociedad veracruzana están tan tensos que
todo está relacionado con las grandes complicidades, de tal suerte que el grupo
de hampones quede a salvo, no sólo del peso de la Ley, sino de realizar pagos
que debiendo hacerlos dan plazos para evitarlos, como sucede con empresarios
que exigen al gobierno de Yunes el pago por bienes y servicios que Duarte no
pagó.
Esta deuda levantó hace semanas la inconformidad de los
empresarios implicados y realizaron una protesta a las puertas del palacio de
gobierno donde despacha Yunes Linares, éste, en lugar de establecer un diálogo,
envió a los uniformados a su servicio a golpear a los empresarios que querían
hablar con él.
Estos hombres reclamaron a Palacios Macedo, propietario de Lupama,
su pasividad como presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Xalapa,
porque en lugar de tomar una postura a favor de los afectados, prefirió el
silencio antes de convertirse en enemigo de su propio cómplice.
El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez,
advirtió que Yunes Linares está rematando todos los vehículos de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública, que en total suman 243, “les estoy dando un
dato, un camión de volteo 2009, lo está rematando en 20 mil pesos”.
El gobernador electo tomó cartas en el asunto y anunció que hará
un exhorto a la PGR, para que le informen en qué estado van las denuncias
contra Miguel Ángel Yunes Linares, “queremos saber cómo van las
investigaciones”.
Por otra parte, quienes conocen de tratados internacionales y
leyes planetarias, aseguran que la búsqueda de Yunes Linares contra Javier
Duarte, cómplices y esposa, es sólo ficción. Ahora que asegura acelerarse el
proceso de extradición de Karime Macías, de quien recientemente se supo,
adquirió una mansión en Miami con un valor de 7 millones de dólares. Se
advierte que anunció tanto públicamente que perseguiría a Karime, que le dio
tiempo de considerarse perseguida política por autoridades del Reino Unido.
Así, mientras más declaraciones hacía Yunes desde Xalapa, contra
Karime, más sólidos parecían los argumentos de la esposa del ex gobernador para
ser considerada perseguida política. Es decir, todo estaba planeado.
Ante esta posible complicidad pactada desde tiempo atrás, el
gobernador electo advirtió que si Javier Duarte queda libre será por culpa de
la PGR y del actual Ejecutivo de Veracruz.
“Duarte no está en la cárcel, Duarte está en prisión preventiva, o
sea, no ha sido sentenciado por un juez. Ya se dio a conocer que ya se le
rebajó el proceso. Si queda libre será responsabilidad de la PGR, del Fiscal de
Veracruz y de Yunes”, señaló García Jiménez.
Las evidencias son tan claras y contundentes que Cuitláhuac García
se vio en la necesidad de acudir ante la Cámara de Diputados para entrevistarse
con el Coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y obtener asesoría
sobre el manejo dudoso de los recursos de Yunes Linares.
La estrategia de los cómplices que lleva a la impunidad de tres
periodos de gobierno puede ser aclarada si la perspectiva del gobernador electo
sobre los delitos de cuello blanco en la entidad, son ciertos. Es decir, las
negociaciones de Fidel, Javier y Miguel Ángel para garantizar la impunidad
pueden llegar a su fin, sobre todo porque al final la estrategia del triunfo
electoral fallido del hijo de Yunes, no la tomaron en cuenta. Ellos pensaban
que iba a ganar y le apostaron todo al supuesto ganador. PEGA Y CORRE.- Uno de
los delitos que mayor incremento registra nuestro país en la última década es
el secuestro. El Observatorio Nacional Ciudadano, con datos del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, señala que tres entidades del país concentran
las mayores cifras de secuestro: Estado de México, con 136 en el primer
semestre del año; Veracruz, con 106 en el mismo periodo, y Tamaulipas, con 89.
Esos tres estados acumulan el 46% del total nacional… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
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