Adiós a Ruiz Esparza
ALMA GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
Gerardo Ruiz Esparza tiene los días contados al frente de la
Secretaria de comunicaciones y Transportes. No se retira por cumplir la edad
para jubilarse, 68 años, ni para no estorbar en las investigaciones sobre la
responsabilidad de la muerte de dos personas en el Paso Exprés de Cuernavaca,
sino ante las sospechas de impunidad que sobre él pesan.
Detrás de su trabajo en la función pública tiene otros
señalamientos sobre corrupción, como el hecho de que las carreteras concesionadas
en el Estado de México construidas cuando era secretario de Comunicaciones y
transportes en la entidad, cuando Peña Nieto era gobernador, sean muy cortas y
muy caras. Muchas veces de longitudes innecesarias pero de cobros excesivos.
Gerardo Ruiz Esparza nació en la Ciudad de México en 1949 y ha
sido funcionario público durante casi 50 años. Es el albañil del Grupo
Atlacomulco. Estableció una excelente relación de negocios con constructoras
bajo sospecha como Grupo Higa y OHL México, mientras quebraba la constructora
mexicana ICA.
Fue el Secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de
México (2005-2011) con Enrique Peña Nieto como Gobernador; y luego en el ámbito
federal.
El colmo de la impunidad ocurre el 12 de julio, cuando el Paso
Exprés, que tres meses antes inauguró el amigo de Ruiz Esparza, Enrique Peña
Nieto, hace hueco y mueren dos personas.
De acuerdo con los peritajes, las dos víctimas permanecieron
con vida entre 90 y 120 minutos después del impacto; no obstante, las labores
de rescate tardaron alrededor de ocho horas.
En su construcción, viciada desde el inicio, se registraron
retrasos, pagos no justificados y modificaciones en la obra, sin la
autorización requerida, de acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2015
hecha por la Auditoría Superior de la Federación.
La auditoría señalaba que podían recuperarse 270 millones de pesos
del gasto erogado ese año, por las irregularidades detectadas, y quedaba
pendiente aclarar un gasto de 31.8 millones. El costo del Paso Exprés terminó
duplicándose. Originalmente la obra a cargo de las empresas Aldesem y Epccor
costaría 1,045 millones de pesos, IVA incluido, pero terminó elevándose
a 2,213 millones de pesos, informó la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes.
La obra también se entregó con un retraso de cinco meses. Los 14.5
kilómetros y 10 carriles con los que se agilizaría el cruce de Cuernavaca a no
más de 15 minutos, se licitó desde finales de noviembre de 2014 y debía
entregarse dos años después, el 28 de noviembre de 2016.
Los trabajos incluían obras de drenaje, pavimentos, estructuras,
entronques, obras complementarias y señalamientos. La obra se retrasó y el
plazo de entrega se difirió hasta el 5 de enero de 2017, aunque fue
inaugurada en abril de 2017.
La SCT reconoció fallas, anomalías y omisiones en su construcción.
Gerardo Ruiz Esparza, precisó que a partir de las revisiones técnicas e
investigaciones que se llevan a cabo en el tramo afectado, así como de
dictámenes preliminares de peritos independientes, se han detectado estas situaciones
por parte de las empresas del consorcio constructor.
En 2016, la ASF revisó la obra y el gasto realizado, y encontraron
que la SCT había autorizado pagos por 257.6 millones de pesos “sin que se
justificaran los rendimientos de la mano de obra, materiales y equipos”. Es
decir, no hubo prácticamente supervisión de obra a pesar de que en ese rubro se
gastaron 7.5 millones de pesos.
Según el portal Sin
embargo, la ASF detectó el pago de más de medio millón de
pesos por servicios que no se realizaron o que se inflaron, pues la SCT no
verificó que “existían diferencias entre los volúmenes pagados y los
ejecutados”.
Ante este panorama legisladores del PAN, del PRD y de Morena,
exigen la renuncia e investigación del Secretario de Comunicaciones y Transportes,
Gerardo Ruiz Esparza, principalmente por el socavón en la carretera Paso Exprés
Cuernavaca que provocó la muerte de dos personas, pero también por toda la
trayectoria de sospechas e implicaciones en actos de corrupción, como son los
casos de la constructora OHL México, la cancelación del Tren de Alta Velocidad
México-Querétaro, entre otras muchas obras y complicidades.
Existe una total impunidad en el caso del socavón abierto, razón
por la cual sólo fue destituido el director general del Centro SCT-Morelos,
José Luis Alarcón Ezeta, supuestamente por no atender puntualmente la
advertencia de los vecinos y autoridades locales sobre el estado de la obra
pública.
A su vez, el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez Sandoval,
también le pidió que deje el cargo.
La intensa labor en actos de corrupción de los integrantes de la
actual administración pública, hace más vulnerable al PRI. En el Estado de
México, de donde vienen trabajando juntos Enrique Peña Nieto y Gerardo Ruiz
Esparza, el PRI perdió más de un millón de votos en las pasadas elecciones del
4 de junio, cuando se compitió en las urnas por la gubernatura.
El desgaste del PRI no sólo proviene de los resultados cada vez
más raquíticos en la votación sino de la conducta que muestran sus militantes
en su responsabilidad política y administrativa.
Casos como el de los ex gobernadores de Veracruz, Nuevo León,
Quintana Roo, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, Edomex, Coahuila, Tamaulipas, etc.,
restan votos al PRI, y sus disposiciones de gobierno son cada día más antipopulares.
Con funcionarios públicos como Emilio Lozoya, Gerardo Ruiz Esparza, Aurelio
Nuño, o líderes sindicales cobijados por el PRI como Elba Esther Gordillo,
Carlos Romero Deschamps o Víctor Flores, el tricolor desgasta su imagen en
lugar de llamar a cuentas a sus militantes enriquecidos en el poder.
La imagen del secretario de Comunicaciones y Transportes es el
símbolo de la impunidad. La evidencia fue expuesta a la vista de todos, a
través de una obra realizada con mala calidad, sin supervisión y con una
negligencia de la que nunca quiso enterarse el secretario, de ahí su
responsabilidad. Es por ello que no llegará muy lejos su ya larga carrera
político-administrativa. PEGA
Y CORRE.- Javier Duarte de Ochoa, preso por
corrupción y saqueo de las arcas públicas de Veracruz, anunció que inició una
huelga de hambre en el reclusorio donde se encuentra, para denunciar la
“persecución política” de la que es objeto… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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