Suspendido juicio contra Duarte
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
La mejor manera de hacer olvidar algo, es colocar en su lugar
similitudes. Así, en el eterno juicio contra Javier Duarte, los sucesos que le
precedieron dentro y fuera de la entidad veracruzana le han servido de puente
para dejar atrás ese amargo recuerdo.
Aunque los veracruzanos quisieran olvidar la mala experiencia de
haber padecido un mal gobernante, el peor de todos, no pueden porque ven las
repercusiones de ese mal momento en sus bolsillos, en la falta de oportunidades
para sus hijos en las universidades, en la carencia de recursos de los
jubilados, en la reducción de turismo, en el empobrecimiento de una clase media
pujante y creativa que impulsaba muchos de los servicios en los que
Veracruz era vanguardia.
Es así como el juicio contra el ex gobernador parece ya no ser una
prioridad para las autoridades judiciales de México.
A pesar de que el fiscal del estado ha sido especialmente
insistente en fortalecer pruebas contra el ex gobernador, autoridades
superiores se empeñan en congelar el caso.
La primera revisión del caso en manos de un juez federal aún no ha
sido concluida. El proceso penal se haya extraviado entre la impunidad y la
burocracia de un procedimiento que pareciera depender de instancias
extrajudiciales y no de la aplicación de la justicia.
Ni siquiera se deslinda si hay delito o no todavía. Mientras que
la fiscalía del estado lo señala como responsable de desviar, por lo
menos, 220 millones de pesos y de usar un helicóptero oficial para
escapar, las autoridades federales, donde se ventila el caso, no saben por
dónde comenzar a definir la situación legal del ex gobernador.
Según el portal Animal
Político el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la
Ciudad de México inició en agosto pasado una revisión del caso, luego de que
los abogados del ex gobernador promovieron un recurso de inconformidad contra
la suspensión definitiva que un juez de amparo le había concedido a su cliente.
Los abogados defensores de Duarte parecen llevar la batuta en el
caso, ellos aseguran que las acusaciones de la Fiscalía de Veracruz que
derivaron en las dos órdenes de aprehensión y por ende en la extradición de su
cliente, no están bien fundamentadas. Señalan que la Fiscalía del Estado y los
jueces locales no contaban con los fundamentos y la motivación necesaria para
proceder por los delitos que le imputan, lo que equivale a una presunta
violación al artículo 16 constitucional.
Esta condición interpuesta por los defensores aplaza
investigaciones y juicios, así como declaraciones y pruebas. Desde el momento
en que la PGR se hace cargo del caso, no existe delito grave que perseguir y
sólo debe pagar una fianza para salir. Pero esto todavía no lo decide ningún
juez porque significaría hacer perder votos al PRI.
Todo hace suponer que se le estará dando largas al proceso hasta
después de las elecciones presidenciales del próximo año, después, con la
distracción de la nueva administración la noticia aparecerá en un rincón de los
medios anunciando su libertad.
Las acusaciones tienen que ver sólo con la fuga del país y el
presunto manejo indebido de recursos públicos.
Los otros delitos, como abuso de autoridad, incumplimiento de un
deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición, son simples
anécdotas en el mundo de la corrupción y la impunidad.
Si no hay nada que reportar sobre el caso legal de Duarte, los
medios no tienen información que difundir. De tal suerte que mantener estancado
el procedimiento legal, es una estrategia que encamina a Duarte de Ochoa hacia
la libertad.
La PGR no tiene prisa por llevar a cabo el juicio contra Duarte,
los delitos requieren de pruebas, testimonios, declaraciones confesiones, y una
serie interminable de papeleo. Los delitos de lavado de dinero y delincuencia
organizada son prácticamente solucionados como trámites burocráticos, donde la
manipulación del caso puede ser tan grande como los beneficios brindados al
acusado, quien pareciera seguir riéndose desde su jaula.
La naturaleza con su fuerza y saña parece haber querido ocultar
entre los escombros de un sistema de justicia caduco y corrompido la mayor
vergüenza en la administración pública de Veracruz.
La furia de los huracanes y los distractores que el sistema
electoral brinda sin control alguno, parecieran intentar hacer olvidar el caso
de Javier Duarte que se encamina hacia la impunidad, en una burla a la dignidad
de los mexicanos y un gran menosprecio a su memoria. PEGA Y CORRE.- La
impunidad del caso tiene su precedente en la libertad que gozan los cómplices
de Javier Duarte, muchos de ellos escudados en el fuero que les otorga la
diputación federal y local, no sólo del mismo partido de Duarte, que es el PRI,
sino de su organización satélite, el Partido Verde. Ahí está Alberto Silva Ramos, diputado
federal por el Distrito 3, acusado
de diversos delitos desde que fue presidente municipal de Tuxpan, ciudad donde
se pasea últimamente para medir la memoria de los tuxpeños, pero hay otros
como Adolfo Mota
Hernández, diputado federal por el Distrito 8 de Veracruz; Edgar Spinoso Carrera, diputado
federal por el Distrito 7; Noemí
Guzmán Lagunes, diputada federal por el Distrito 9; Antonio Tarek Abdalá,
diputado federal por el distrito 17; y otros que no tienen fuero como
legisladores pero están protegidos por una mano invisible pero muy claramente
ubicada, como Moisés Mansur Cysneiros, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael
Gerardo Rosas Bocardo, entre otros… Esta
columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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