Garrote en mano
- en Opinión
Aurelio
Contreras Moreno /
“Cuando
está de por medio la seguridad del Estado, no hay constituciones ni leyes que
valgan una chingada”. Miguel Nazar Haro, ex director de la DFS
Si
algo ha sido duramente criticado entre los muchos desatinos cometidos por el
régimen de la llamada “cuarta transformación” desde que tomaron las riendas del
poder en México, es el fortalecimiento de los órganos oficiales del uso de la
fuerza, lo cual a lo único que ha apuntado siempre en el pasado es a la
represión de quienes considera los “enemigos” del Estado. No es ésta la
excepción.
Contrario
al discurso recurrente que por años enarboló el lopezobradorismo y sobre todo,
contra lo prometido en campaña a millones de ciudadanos que creyeron en su
movimiento, apenas llegó éste al poder lo primero que hizo fue elevar a rango
constitucional la militarización de la seguridad pública con la creación de la
Guardia Nacional. Estrategia que ya probó su fracaso tanto para controlar a la
delincuencia como para devolver la paz perdida al país.
Darle
ese nivel de poder a las fuerzas castrenses –por mucho que aleguen que están
bajo el mando civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana- implica severos riesgos para los derechos humanos y civiles. Aunque
por lo que hemos visto, no para los de los delincuentes, contra quienes los
soldados y policías tienen prohibido responder a una agresión o un ilícito en
flagrancia –verbigracia, el caso Tlahuelilpan a principios de año-, sino para
los de los ciudadanos de a pie que comienzan a ser objeto de vejaciones.
Por ejemplo, en la capital del estado de Veracruz cada vez hay más quejas
acerca de los retenes que han instalado las fuerzas de la Guardia Nacional que,
sin motivo alguno, realizan “cacheos” denigrantes contra hombres y mujeres que
circulan ya sea de día o de noche por transitadas avenidas. Incluso, una
profesora universitaria fue despojada de su vehículo, golpeada, robadas sus
pertenencias y dinero y detenida por varias horas con el pretexto de un supuesto
estado de ebriedad. Nadie ha sido llamado a cuentas por esta arbitrariedad, que
fue denunciada por la vía penal y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Si
esto pasa en una entidad como la veracruzana, puede usted imaginar lo que
sucederá en el estado de Tabasco, donde el gobierno del morenista Adán Augusto
López Hernández –con el beneplácito del presidente Andrés Manuel López Obrador-
impulsó –y logró que se aprobara- una ley que criminaliza la protesta pública,
en estos términos: “al que extorsione o impida total o parcialmente el libre
tránsito de personas para la ejecución de trabajos u obras públicas o privadas
se le impondrá prisión de seis a 13 años de cárcel”.
¿Cuántos
años habría pasado tras las rejas el actual titular del Ejecutivo federal,
quien tomó en cuatro ocasiones instalaciones petroleras en esa entidad, de
haber sido vigente esta ley en aquel tiempo en Tabasco? ¿O por el plantón de
2006 en la avenida Reforma de la Ciudad de México? Pues ahora, los legisladores
oficiosos incluso se plantean la posibilidad de discutir una reforma legal
similar a nivel federal, con un claro objetivo: amedrentar a la oposición,
disuadir la protesta social en contra del gobierno y, en términos simples,
instalar un aparato represivo autoritario antidemocrático.
El
profundo desprecio mostrado por la “4T” por los derechos de terceros con tal de
construir y mantener un poder omnímodo en el país, solo es comparable al que en
su momento mostró el régimen del PRI más rancio, autocrático y totalitario.
Aquel que decía encabezar las luchas de los países del “tercer mundo” mientras
desaparecía opositores. El que creó el delito de “disolución social” para
encarcelar a sus críticos por “desestabilizar” el país. El que asesinaba
estudiantes porque veía conspiradores por todos lados.
Gutiérrez
Barrios estaría orgulloso de la “4T”. El alumno supera con creces al maestro.
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