DECLARACIONES PATRIMONIALES DEBEN SER PÚBLICAS PARA COMBATIR LA
CORRUPCIÓN: ERNESTO VILLANUEVA
Presentó su libro “Función pública, declaración patrimonial y
transparencia” donde plantea la necesidad de realizar reformas a la Ley Federal
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
México. D. F., a 9 de octubre de 2012
Convencido de que la transparencia de la gestión pública resulta esencial para
el gobierno democrático, la estabilidad social y el desarrollo económico del
país, Ernesto Villanueva plantea que la publicidad de las declaraciones
patrimoniales es un instrumento eficaz, aunque no el único ni el más
importante, para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas y, por
tanto, se le debe abrogar el carácter de potestativa en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, además de que se
introduzcan normas que sancionen el enriquecimiento razonablemente variable.
El Dr. Ernesto Villanueva, Coordinador del Área de Derecho de la Información
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), presentó la víspera su libro “Función pública, declaración
patrimonial y transparencia”, (Novum, 2012), acompañado de los doctores en
derecho Jaime Cárdenas Gracia y Jorge Fernández Ruiz, quienes fortalecieron con
sus intervenciones, los argumentos del autor.
“La regulación de las declaraciones patrimoniales puede introducir mayores
hipótesis normativas para que esta sea una herramienta eficaz contra la
corrupción, al igual que para fomentar la transparencia y regenerar la
credibilidad en la actividad gubernativa”.
Agregó que de la misma forma “se debe sancionar a las terceras personas que
coadyuvan con los servidores públicos para disfrazar sus propiedades
(prestanombres), de suerte que se generen disuasivos para el desvío de recursos
o la simulación de patrimonios”.
En todo caso, afirmó Ernesto Villanueva para rematar su texto, “sólo con la
publicidad a la debida declaración patrimonial, el escrutinio de la sociedad y
la reforma legal para sancionar de la mejor manera posible los actos ilegales,
podrán darse pasos hacia adelante capaces de vencer las inercias, las
apariencias y la arraigada simulación que lastima la vida pública”.
Ernesto Villanueva puso de nueva cuenta en el debate público la obvia necesidad
de imponer la transparencia de una manera clara y efectiva, en todo lugar donde
haya manejo de recursos públicos y uno de ellos tiene que ver con la
declaración patrimonial de los funcionarios públicos y
El Dr. Cárdenas Gracia expuso la necesidad de incluir también en las
declaraciones, como ocurre en algunos países, a los familiares cercanos de los
servidores públicos hasta un cierto grado de consanguineidad y se preguntó si
era más importante el diseño de nuevas instituciones autónomas de transparencia
o rendición de cuentas o que se privilegie la máxima publicidad en cada caso,
lo que sin duda ahorraría onerosas cargas al Estado.
“La existencia de tantos órganos autónomos los ha ido demeritando. Estos
órganos se han transformado en cuotas para los partidos políticos, órganos que
se han partidizado y los titulares de los mismos representan el poder de esas
cuotas partidistas; es el caso del IFE, seguramente también de otros órganos
autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el IFAI”, expresó
Cárdenas.
Para el investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, “el tema central estriba en
realmente dotar al órgano constitucional de la información, de la
transparencia, de la autonomía debida y no tal y como lo pretende la iniciativa
propuesta por los legisladores priístas y auspiciada por (Enrique) Peña Nieto,
en donde lo que se busca es, si, darle una naturaleza jurídica distinta pero
interviniendo en la designación de los comisionados el propio titular del Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo”.
Cárdenas piensa que debe incluirse un método distinto sin intervención de los
partidos, fracciones parlamentarias y el titular del Poder Ejecutivo. Puede ser
propuestas realizados por notables o las universidades y que de la lista
lograda, se realice una especie de sorteo o “de plano pensar en un esquema aún
más ambicioso, donde los comisionados del IFAI sean electos por los propios
ciudadanos, los del IFAI, del IFE, del Banco de México o la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos”.
Por su parte el Dr. Jorge Fernández Ruiz recordó que la voracidad y la
corrupción son patologías heredadas desde Hernán Cortés y Nuño de Guzmán
durante la Conquista y que éstas se agravan cuando se unen a la impunidad.
“Corrupción e impunidad, un binomio de alta peligrosidad para todas las
sociedades”.
Por este motivo, añadió, fue creada en 1996, por ejemplo, en Caracas la
Convención Interamericana contra la Corrupción, la que se celebró cuando
algunas figuras emblemáticas de la corrupción estaban en el poder como Carlos
Menem en Argentina o Ernesto Zedillo, artífice del Fobaproa. Luego Fox firmó un
tratado en 2002. Por tratados no paramos.
Fernández Ruiz, especialista en Derecho Administrativo, y coordinador del Área
de Derecho Administrativo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM, agregó que el servidor público está sujeto a un trato especial, pero
también debe sujetarse a ciertas obligaciones como que la declaración
patrimonial sea pública. Explicó que existe la excusa de que se le puede poner
en peligro ante la delincuencia organizada para lo que aseguró: “Si no desea
que ésta sea pública, que no sea servidor público”.
Para redondear la presentación realizada en el Aula de Seminarios Guillermo F.
Margadant, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Villanueva
dijo que antes las Declaraciones Patrimoniales de los servidores públicas eran
secretas. Después se aprobó que de manera potestativa decidieran ellos mismos
si es pública o no. El siguiente paso debiera ser que las Declaraciones
Patrimoniales sean públicas siempre..
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