Casos sin justicia y con mentiras
ALMA GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
Cuando los problemas graves se convierten en distractores para
ocultar otros conflictos más graves, es que no sólo se intenta salvaguardar el
prestigio de los protagonistas –casi siempre relacionados con la
administración pública– sino su impunidad.
La clase política en México tiene una serie de coincidencias que
no pueden ocultar y que deben ser recordadas por todos sus integrantes sin
importar el partido político al que pertenezcan.
Así, en estos últimos días los sucesos que manchan la
administración pública han tambaleado no sólo la estabilidad y el prestigio de
los funcionarios públicos sino su propia legitimidad.
Todo empezó con el socavón en Morelos, donde murieron dos
personas, en una obra que desde su inicio fue cuestionada por los colonos de
los alrededores.
El secretario de Comunicaciones y Transportes le había asegurado
al presidente de la república, tres meses atrás, en la ceremonia de
inauguración, que contaba con materiales de alta resistencia y de
calidad probada.
Sin embargo, no resistió la prueba de los aguaceros y un automóvil
cayó en un hoyo que se produjo por el reblandecimiento de la tierra
provocado por las lluvias, según la versión que el secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, emitió, sin investigación
de por medio.
El único castigado fue el delegado de esa dependencia en Morelos,
a quien se le exigió la renuncia. No hay investigaciones, los peritajes que
tienen que ver con la supervisión de la obra prácticamente están ocultos, si es
que exigió supervisión de 7 millones de pesos, la licitación no se muestra
públicamente, se ocultan nombres y cifras. El resultado es de una total
impunidad a pesar de que la cabeza de Gerardo Ruiz Esparza la exigen todos los
mexicanos.
De 2013 a 2015, el secretario de Comunicaciones y Transportes
adquirió cinco departamentos, construcciones que van de los 182 a los 219
metros cuadrados. Todas pagadas al contado.
En esta administración, Ruiz Esparza vendió cuatro casas que pagó
al contado en 1983, 2004, 2007, y 2010. Es decir, ha comprado y vendido
propiedades.
Luego de un par de semanas, las consecuencias del socavón
siguen aumentando, como es el caso de la drástica reducción de la afluencia
turística hacia polos de descanso como Acapulco, en plena temporada alta.
Así, el primer fin de semana de las vacaciones de verano, registró
una ocupación hotelera general del 84.4 por ciento en los destinos turísticos
de la entidad, aunque esa cifra dada por el gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo Flores, es muy optimista; además reconoció que el problema del
socavón del Pasó Exprés de Morelos sí afectó el arribo de visitantes
nacionales.
Este problema, donde se hace evidente la protección al Secretario
de Comunicaciones y Transportes desde los más altos niveles de la política
nacional, trató de ser ocultado por la llegada del reo Javier Duarte de Ochoa,
ex gobernador Veracruz, acusado de un sinnúmero de delitos que terminaron por
quebrar financieramente las arcas del gobierno de ese estado. Pero este caso,
que se había tomado como un distractor para ocultar la impunidad de Ruiz
esparza, comenzó a cobrar atención especial y se relacionó con el alto grado de
impunidad que promueve el actual gobierno federal para sus miembros, cuando se
le empezaron a perdonar delitos graves como por arte de magia de un juez que
seguramente cumple consignas y recibirá compensaciones que puedan asegurarle el
futuro económico a su familia.
Cuando el distractor Javier Duarte tomó personalidad propia y se
le relacionó con el caso de Ruiz Esparza a través del común denominador de la
impunidad, surge repentinamente un nuevo distractor que ante la severa mirada
de la opinión pública deja de ser distractor para convertirse en una
preocupación de la población de la capital principalmente: el enfrentamiento
con narcomenudistas en la delegación Tláhuac.
Esa delegación nunca ha sido lo suficientemente atendida por las
autoridades capitalinas. Basta con asomarse cualquier noche por sus calles
principales para advertir la falta de iluminación, de limpieza, de vigilancia,
de monitoreo, de labores de inteligencia, etc. No pueden llamarse a sorpresa
las autoridades capitalinas de encontrar un centro de distribución de drogas en
esa circunscripción, de lo que deben alarmarse todos es que sólo hayan encontrado
uno.
En esa acción elementos de la Marina y la Policía Federal
abatieron a “El Ojos”,
señalado como el líder del Cártel de Tláhuac, cártel que bautizaron en ese
momento las corporaciones policíacas implicadas en el operativo. En respuesta a
esa acción y a la cacería de los delincuentes, sujetos realizaron
bloqueos sobre avenida Tláhuac.
Además, robaron y prendieron fuego a un camión tipo Torton y dos
microbuses de las Ruta 50, que fueron colocados en dos puntos de la zona.
Cuando quisieron magnificar el hecho de la muerte de un peligroso
delincuente, resulta que la reacción de los cómplices, o vecinos, o colonos o
damnificados del operativo, cerraron calles y actuaron de manera violenta.
Así, una vez más el distractor cobró vida propia y se
relacionó con los dos hechos anteriores ante las incongruencias entre lo que se
dice y lo que se hace en materia de justicia y legalidad en el país.
Una vez que se había afirmado desde todas las instancias de
gobierno que dicho cártel de Tláhuac era sólo una célula aislada de la
delincuencia organizada en la capital, se suscitó una balacera en un inmenso
tianguis dominical en la delegación Iztapalapa, que arrojó como resultado dos
muertos y más de 10 heridos, entre ellos dos menores de edad.
Las acciones se le adjudican al crimen organizado cuya presencia
se ha negado sistemáticamente por las altas autoridades capitalinas y por las
corporaciones policíacas que aseguran que la capital del país es una zona libre
de narcotraficantes. Los hechos las contradicen, y es en esa contradicción
donde este hecho coincide con los tres anteriores deteriorando la imagen de
todo tipo de autoridad relacionada con la impartición y la administración de
justicia. Autoridad que ahora no sabe qué hacer ante tantos
cuestionamientos de una sociedad cada día más crítica y consciente de la
realidad que vive y que duda de la palabra de sus autoridades en los tres
niveles de gobierno. PEGA
Y CORRE.-Alfonso Ortega López y Juan José Janeiro Rodríguez,
dos de los principales testigos de la PGR en la imputación contra Javier Duarte
por lavado de
dinero y delincuencia organizada, señalaron, en sus respectivas declaraciones
ministeriales, que la esposa del ex gobernador de Veracruz, Karime Macías, era
quien ordenaba las operaciones ilícitas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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