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DESDE LA semana pasada, toda vez que
trascendió que un Juez Federal giró la primera orden de aprehensión contra
uno de los 34 involucrados en la creación y operación de “empresas
fantasmas” -con las que se defraudaron las arcas del Estado desde el
mismísimo Gobierno duartista-, Alberto Silva Ramos, titular de la
coordinación de Comunicación Social –aunque ya no acude a ese bunker- le
suplicó al coordinador de los diputados Federales veracruzanos del PRI,
Erick Lagos Hernández, que cabildeara con César Camacho Quiroz su retorno a
San Lázaro, pero la respuesta no fue, precisamente, tersa.
Y ES que el jefe de la Junta de Coordinación Política
y líder de los legisladores del “tricolor” en San Lázaro le respondió
tajante que lo consultaría con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, y que si lo aprobaban desde Los Pinos, Silva Ramos retornaría
en la segunda semana de octubre, pero que si la respuesta resultaba
negativa, al frente de esa curul seguiría el alamense, Paulino Vázquez
Villalobos, lo que no gustó al oriundo de Tuxpan que amenazó tratar su tema
con el mismísimo presidente Enrique Peña Nieto bajo el argumento de que es
su amigo, y de que él (el Cisne, para que se entienda) nada tiene que ver
con las investigaciones que la Auditoría Superior de la Federación y la PGR
encauzan contra el gobernador Javier Duarte y algunos colaboradores y ex
colaboradores.
EL ASUNTO se complica aún más, cuando fuentes de la
PGR aseguran que en el transcurso de la semana que inicia la dependencia
presentaría solicitudes de desafuero contra el propio Alberto Silva Ramos,
Edgar Spinoso –que, asustado, ya puso a la venta algunas aeronaves de su
propiedad-, Nohemí Guzmán Lagunes –se ignoraba que formara parte de alguna
investigación-, y el propio Antonio Tarek Abdala que fungió como tesorero
del Estado, pero la lista podría ser mayor, razón por la cual algunos
legisladores ya toman providencias al percatarse que el asunto va en serio,
y que lejos de ser una simulación, hay voluntad política de aplicar la ley
desde la cúpula del poder.
A LA fecha sigue sin conocerse el nombre de la persona
que sería, inicialmente, detenido (a) por el asunto de las empresas
"fantasmas", aunque algunas versiones ya apuntan hacia Gabriel de
Antes Ramos, el ambicioso ex Secretario de Trabajo –y primo hermano de
Alberto Silva Ramos- quien, por las dudas, ya ordenó cerrar su cadena de
restaurantes en la avenida Araucarias, mientras que algunos inmuebles –no
adquiridos, precisamente, con el sudor de su frente- han sido puestos a la
venta –como si con ello desapareciera evidencias del saqueo del que fue
partícipe, y por lo cual forma parte de las indagatorias-.
DICEN LOS que saben que Javier Duarte de Ochoa está
confiado en una carta que guarda bajo la manga, y que según sería su “tabla
salvadora” llegado el momento, ya que de acuerdo a fuentes confiables, ha
expresado que si lo hunden, hunde, también, a Los Pinos al revelar videos
comprometedores en los que entrega dinero a colaboradores de la campaña
presidencial peñista para fortalecerla. Sin embargo, al Gobernador le han
advertido que si no lo procesa la PGR se lo dejarán a Miguel Ángel Yunes
Linares, el mandatario electo que no tendrá compasión para con su persona.
POR LO pronto, ya hay expedida una primera orden de
aprehensión que ha sido obsequiada por un Juez Federal a la Procuraduría
General de la República para que detenga a uno de los 34 involucrados en la
creación de empresas fantasmas con las que, presuntamente, se defraudó a
los veracruzanos desde el mismísimo Gobierno del Estado, y paralelamente
desde el Servicio de Administración Tributaria se han efectuado dos
audiencias iniciales. De acuerdo al SAT, las 34 personas involucradas en el
caso presentaron ya declaración por los ejercicios 2013, 2014 y 2015, y de
estas, 30 declaraciones fueron en ceros, una omisa y 3 con pago, y por la
información manifestada en sus declaraciones y facturas, en todos los casos
se observan diferencias entre los ingresos declarados y las facturas
emitidas, en suma, el delito por el que se ejecutaría la orden de arresto
sería, sin duda, por defraudación fiscal.
SEGÚN EL SAT, las empresas indagadas declaran de
manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a excepción
de dos. Como parte del segundo informe sobre el caso, el organismo
recaudador destacó que a la fecha se han presentado 31 querellas por el
probable delito de rendir, con falsedad, los datos, informes o avisos a los
que se encuentran obligados los contribuyentes.
HASTA EL pasado 24 de mayo se vinculaban en el caso a
21 empresas y 4 dependencias de la administración estatal, y del análisis
de la autoridad fiscal se conocieron los nombres de 34 contribuyentes (33
morales y 1 persona física); 26 directamente involucradas y 8 más
asociadas, y hasta el pasado 15 de septiembre la autoridad fiscal había
iniciado 26 auditorías a las personas morales involucradas, lo que aún
continúa, aunque a las indagatorias al Gobierno de Veracruz se ha sumado la
violencia ejercida contra periodistas debido al asesinado de 19
comunicadores en este sexenio que concluye.
A JAVIER Duarte, por lo tanto, lo están, tácitamente,
acorralando, ya que de lo administrativo las investigaciones están siendo
ampliadas hacia temas como la inseguridad que ha provocado desapariciones,
asesinatos, secuestros, levantones y desplazados. Para variar, varios ex
colaboradores están siendo investigados debido a las fosas clandestinas que
han sido encontradas en Veracruz, concretamente, en Colinas de Santa Fe,
donde suman alrededor de 54 cuerpos inhumados clandestinamente, en días
reciente, y la lista podría dispararse.
LOS QUE saben –en el altiplano- comentan que la
segunda semana de octubre será de muchas sorpresas, sobre todo si en Los
Pinos dan el visto bueno para que se proceda contra el Gobernante que se
rehúsa a ser el “chivo expiatorio” del llamado Sistema Nacional de
Seguridad, aunque a decir verdad, se lo merece. OPINA
carjesus30@hotmail.com
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