Veracruz, y la violencia heredada
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Los
veracruzanos siguen padeciendo las secuelas de la violencia generada en la
anterior administración.
El
crimen organizado y el crimen autorizado mantenían ciertas medidas austeras
porque se sabían no sólo protegidos por Javier Duarte y su gente, sino impunes
ante cualquier posible detención o peligro de ser capturados.
Así,
ante la imposibilidad de que el crimen pueda negociar con el gobierno de Miguel
Ángel Yunes Linares, la violencia se recrudece en la entidad, donde cada día se
descubre que era un espacio donde grupos delincuenciales operaban como si
estuvieran en su casa. Es decir, Veracruz era de ellos.
De
ahí que hayan sido encontradas más de 253 osamentas, pertenecientes a mexicanos
de todo el país, víctimas de los miembros de la delincuencia que usaban la
carretera Xalapa-Veracruz como un cementerio de su propiedad. Duarte y sus
cómplices alquilaron el estado con importantes ganancias.
La
desaparición de una veintena de periodistas tiene una interpretación por demás
acusatoria contra el aparato de comunicación social de Javier Duarte.
Es
mucha casualidad que la mano derecha del entonces gobernador haya sido el
coordinador de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, quien interactuaba con
los medios de manera muy particular, dependiendo de la manipulación que
imprimía en cada uno de los medios a su alcance. Silva Ramos podía premiar con
millones de pesos al medio o bien amedrentar o, incluso desaparecer a un
reportero que no escribía conforme lo dictaban las leyes de los cómplices de
Duarte, como muestra del crimen autorizado.
Nunca
antes en el país la vida de un comunicador carecía de valor como durante el
reinado de Javier Duarte. Veinte periodistas en seis años fueron asesinados.
Todos los homicidios impunes, muchos sospechosos ningún culpable.
Si
no hay gatilleros menos habrá autores intelectuales de los veinte asesinatos.
Los reporteros eran sometidos al juicio sumario de Alberto Silva Ramos, quien
amenazaba, intimidaba, presionaba a los comunicadores. Desde la comodidad de su
escritorio la imposición de criterios acerca de la administración de Javier
Duarte debía ser favorable, de otra manera, el comunicador corría el riesgo de
perder la vida, ser secuestrado, desaparecido, etc.
Como
puede ocurrir con Armando Arrieta Granados, de 51 años, jefe de redacción
del periódico La Opinión,
editado en la ciudad de Poza Rica, quien se encuentra entre la vida y la muerte
después de ser atacado a balazos cuando llegaba a su domicilio.
Los
métodos de convencimiento de Silva Ramos iban desde bombas molotov a las
afueras de los medios, hasta la intimidación telefónica o la amenaza a través
de terceros.
En
Veracruz estaba prohibido disentir de la opinión del gobernador, no podía
cuestionarse su actuación en los medios, la palabra de Duarte fue la ley
durante casi seis años.
El
ejecutor, disfrazado de gran juez de la información, premiaba o castigaba
a los medios y a los periodistas.
La
violencia fue desatada en Veracruz por los funcionarios públicos en el poder
desde el régimen de Fidel Herrera Beltrán. La impunidad creció al mismo ritmo
del delito, llevándose los premios principales los gobernantes de mayor nivel
en las dos últimas administraciones públicas.
La
violencia surgió de los escritorios de los gobernadores que hicieron de su gobierno
una serie de caprichos y de Veracruz un espacio donde la comunicación se movía
a su favor siempre, so pena de ser desaparecido.
La
violencia producida durante doce años en Veracruz ahora tiene su repercusión
mayor que acusa una complicidad estrecha entre delincuencia común, delincuencia
de cuello blanco, crimen autorizado y organizado con gobierno estatal. Porque
ahora, ante la ausencia de una mano protectora dentro de la administración
pública, la violencia se desata en las calles y hace evidente su huella en las
fosas clandestinas a lo largo y ancho del territorio veracruzano.
La
complicidad de algunos gobiernos estatales con la delincuencia, dan como
resultado casos como el de Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, quien compareció
por segunda vez ante un juez de la corte federal de San Diego, California,
luego de su detención acusado de delitos contra la salud.
El
juez Bernard G. Skomal le fijó el 6 de abril como fecha para una nueva
audiencia en la que se decidirá su posible traslado a Nueva York, donde un gran
jurado le presentó tres cargos criminales por conspiración para importar,
manufacturar y distribuir heroína, metanfetamina, marihuana y cocaína.
Yunes
Linares paga con la violencia desatada en Veracruz el precio por no haber
negociado con los delincuentes tal y como lo hicieron, en su momento, Javier
Duarte y Fidel Herrera.
En
Veracruz, la Ley de Víctimas, aprobada ayer casi de manera unánime, está
dirigida a los familiares de desaparecidos en la entidad, pues cifras oficiales
de la Fiscalía dan cuenta de 2 mil 400 personas no localizadas sólo en el
sexenio del priista Javier Duarte de Ochoa.
Esta
violencia puede recrudecerse al combatir de manera frontal las acciones de los
delincuentes, quienes estaban acostumbrados a vivir y “trabajar” en Veracruz
como si fuera su campo de batalla.
Veracruz
era para los criminales su campo de acción, su panteón y su centro de
operaciones. Concentrados en los límites de la entidad garantizaban la
impunidad ante la protección que les brindaba el propio gobernador, ahora
prófugo de la justicia y uno de los delincuentes más voraces de los últimos
tiempos.
Es
decir, ante la falta de negociaciones con las autoridades estatales, la
violencia y sus actores podrían aumentar porque en su territorio se han
instalado sus intereses y querrán disputar sus espacios con el propio gobierno,
como si se tratara de un estado dentro de otro, facultad que le otorgaron
Duarte y sus cómplices por unos cuantos dólares.
Entre
los delitos más graves de este grupo de hampones de cuello blanco se encuentra
haber alquilado al estado al mejor postor y vivir de sus rentas… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
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