Castigo a la impunidad del fuero
11 de
octubre de 2017
ALMA GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
En el Poder Legislativo de Veracruz es más redituable convertirse
en cómplice de los malos servidores públicos que denunciarlos para luego
castigar su delito, para que no haya impunidad. Pero la docena trágica que
sufrió el pueblo veracruzano desde la llegada de Fidel Herrera, engendró nuevos
delincuentes de cuello blanco y perfeccionó las técnicas de otros.
Los diputados locales en la entidad hicieron del fuero que los
honra el puente hacia la impunidad que los deshonra.
Cuatro legislaturas que lejos de representar a los ciudadanos,
protegieron los intereses de dos gobernadores que terminaron por quebrar la
economía de uno de los estados más ricos del país. Los diputados deben ser
castigados por alguien, porque los veracruzanos tienen en el voto de castigo su
mejor arma, pero ese voto no los conduce a la cárcel como merece más de un
diputado desde la LXI Legislatura estatal.
Ellos le apostaron a la mala memoria de los mexicanos y terminaron
por pisotear la dignidad de la población y burlar incluso recursos federales,
afectando así a todos los mexicanos, que carecen de la fuerza suficiente para
que la justicia mexicana actúe sin distingos, o que por lo menos actúe.
La principal tarea de los diputados locales fue la de hacerse de
la vista gorda ante una ola de delitos que se cometían desde la gubernatura,
para luego ascender en su carrera política como principal recompensa a su
silencio. No hay mejor complicidad que el silencio, porque en ese vacío de
información se encuentran aún más delitos que desde afuera de la administración
pública pueden advertirse.
Así entre funcionarios públicos y legisladores locales quebraron
industrias, crearon otras que nunca se supo dónde estaban, abrieron otras con
fachada solamente. Y dejaron a la deriva, o bien las agredían, a las que en
realidad eran motor de crecimiento y productividad en Veracruz.
Los diputados de Veracruz de las legislaturas LXI, LXII, LXIII y
LXIV fueron capaces de crear figuras fiscales que permitieran hacer de las
suyas con empresas fantasma y otras formas de reformas legaloides que allanaran
el camino a Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa en sus respectivas
administraciones públicas.
Así, nuestra compañera Claudia Guerrero, calificó el 02 de agosto
a la LXI Legislatura como una de las peores en la historia de México, al
señalar: Un Congreso gris y secuestrado por los intereses monetarios, que
poco a poco se convirtió en rehenes con una cuerda alrededor del cuello,
apretando más y más, hasta asfixiarlos. Desde el principio, con una mayoría de
curules para el PRI, a Fidel Herrera Beltrán, eso no le “llenó”, queriendo
someter a la oposición y casi, lo logró.
Abusando de los textos de Claudia Guerrero, podemos advertir que
quienes conformaron la LXI Legislatura son los mismos nombres que ahora suenan
como los principales cómplices de Javier Duarte. He aquí un ejemplo: El caso del diputado por el distrito
XXIV, Erick Lagos Hernández es vergonzoso. Es el encargado de las transacciones
financieras y vigilar como “Fiel Sabueso”, que el Congreso haga, determine y
apruebe lo que el Gobernador instruyó. Si algún diputado hará un
pronunciamiento en contra del sistema, hay que pasar primero con Erick, para
negociar; si los periodistas oficialistas tienen hambre, hay que pasar con
Erick; si algún Coordinador quiere negociar aprobaciones de Iniciativas
ríspidas, violatorias, anticonstitucionales e inmorales, hay que pasar con
Erick; si algún diputado se tarda en votar, Erick le dice: “Ora cabrón, oprime
el botón”, como le gritaba al diputado Julio Chávez del PT. Todo gira en torno
de Erick, pues hasta las comidas fastuosas de los diputados priistas y la
oposición, ¿quién cree que las paga?… Acertó, Erick Lagos Hernández. Y con
respecto a su distrito Santiago Tuxtla, le diré, que está sumergido en el
olvido, inseguridad, falta de oportunidades laborales y cae en su conciencia,
las 11 muertas de Ciudad Isla, quienes fueron asesinadas en forma violenta y
con el mismo “modos operandi”… pero eso, a Erick, no le importa…
Así, la impunidad pareciera ser un dogma para los diputados
locales, que, por si fuera poco brincan sin control de un puesto a otro,
viviendo del presupuesto pero enriqueciéndose con negocios privados.
En la instalación de la LXII Legislatura no se contó con la presencia
del Gobernador Fidel Herrera Beltrán, ni del presidente del Tribunal Superior
de Justicia, Magistrado Reynaldo Madruga Picazzo, como parte de un diálogo sin
palabras pero que establecía distancias y condiciones.
Para la LXIII Legislatura la presidencia fue para la priista Ana
Guadalupe Ingram Vallines, como vicepresidente se designó a la perredista Ana
María Condado Escamilla y como secretario quedó el panista Domingo Bahena
Corbalá. Fórmula que fue aprobada con 48 votos a favor y dos votos nulos.
La LXIV cuenta con una presidenta panista en la Mesa directiva,
María Elisa Manterola Sainz; una vicepresidenta perredista, Dulce María García
López; y una secretaria de la Mesa directiva también del PAN, Regina Vázquez
Saut.
En información del grupo de investigación de Carmen Aristegui, se
afirma que al menos 90 diputados veracruzanos en las dos últimas legislaturas
recibieron sobornos por alrededor de 150 millones de pesos de Javier Duarte de
Ochoa, para aprobarle cerca de 500 leyes y decretos.
En la lista de Duarte para sobornar a los diputados estuvieron
Octavia Ortega Arteaga, presidenta de la mesa directiva de la LXIII Legislatura
y Juan Nicolás Calleja, presidente de la Junta de Coordinación Política, además
del ex subsecretario de gobierno y actual diputado federal Eric Lagos
Hernández.
La historia condena a los legisladores veracruzanos que toman el
camino del Congreso local para alcanzar la impunidad, sin embargo, el desprecio
de la historia nunca será un castigo suficiente para los corruptos. Las complacencias
que emanan desde el centro del poder no sólo son cómplices, sino que impulsan
la corrupción en lugar de combatirla o, por lo menos denunciarla. PEGA Y CORRE. – La
Fiscalía General del Estado dio 90 días al ex gobernador Javier Duarte, o sus apoderados
legales, para reclamar cientos de objetos localizados en una bodega que fue
confiscada en febrero pasado en la colonia Paraíso, de Córdoba, donde se
encontraron 115 cuadros, lienzos, autorretratos, fotografías familiares, obras
de arte, 56 reconocimientos, 19 cajas de libros, cristalería y vajillas,
edredones, muebles y plumas, entre otros muchos objetos de valor. De reconocer
su propiedad el ex gobernador se metería en un lío, que podría echarle abajo su
intento por pasar sólo unos meses en la sombra… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
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