El fiscal despedido
23 de
Octubre de 2017
ALMA
GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
La destitución del fiscal electoral, Santiago Nieto, no debe ser
ajeno al interés de los veracruzanos. Entre sus responsabilidades determinó
órdenes de aprehensión contra Javier Duarte de Ochoa por el delito de desvío de
recursos públicos a campañas electorales.
Tal vez ese fue el primer pecado cometido por el fiscal en medio
de un mar revuelto en el mundo de la injusticia mexicana.
También exigió la detención del ex gobernador de Chihuahua, César
Duarte, otro de los intocables por el poder actual.
Santiago Nieto Castillo, fue destituido luego de revelar que el ex
director general de Pemex, Emilio Lozoya, trató de obligarlo a exonerarlo de
los cargos que se le imputaban en su área de trabajo, porque es sospechoso, y
cada día lo es más, de desviar recursos de Odebrecht al PRI.
Para ser fiscal de los hechos e investigaciones electorales se
requiere del consenso del Senado de la República, que determina al procurador
de asuntos electorales, luego de la presentación de una terna; sin embargo, el
encargado de hacer justicia electoral ahora es destituido por un procurador
general de la república suplente, cuyo cargo nadie ha otorgado más que la ley
orgánica de dicha dependencia.
La PGR removió a Santiago Nieto Castillo de su cargo como titular
de la Fepade “por faltar al código de conducta de la dependencia”.
Dos días antes, Nieto reveló en una entrevista que Emilio Lozoya
Austin, lo presionó para que declarara públicamente su inocencia por presuntos
desvíos de Odebrecht a su partido.
Lozoya le envió una carta para evitar que se le inculpara en el
desvío de recursos para el PRI durante la campaña presidencial de 2012. La
carta se asemejaba más a un currículum que a una solicitud de perdón.
Al saberse la noticia, se buscó en el Código de conducta de su
organismo la alteración de la conducta y se le destituyó sin mayor explicación
de fondo. Desde luego que de inmediato surgieron defensores de la medida, la
mayoría de ellos incrustados en el ejercicio del poder, es decir en la
administración pública.
De esta manera el panista Diego Fernández de Cevallos, que nunca
da la cara, representante del líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, ante el
Frente Ciudadano, se atrevió a asomar la cabeza y dejar la evidencia de su
apoyo a la decisión del procurador suplente, Alberto Elías Beltrán.
Hay quienes afirman que las decisiones tomadas por Beltrán carecen
de validez, luego de ver la desproporción de la medida ante tal violación a los
estatutos de su cargo. La visceral respuesta de una administración que
considera una osadía cualquier filtración de información que exhibe las
corruptelas de su estirpe, no se hizo esperar.
La intempestiva renuncia del titular de la PGR, Raúl Cervantes
Andrade, en medio del debate sobre la designación del Fiscal General de la
República, que durará en el cargo nueve años, y la inmediata aparición de
Alberto Elías Beltrán, quien por estatutos internos se convirtió en un
improvisado y obediente “Abogado de la Nación”, hacen ver la procuración de
justicia en el país como una más de las improvisaciones de un régimen que no ha
podido tener un solo acierto en casi cinco años de gobierno, sobre todo en la
aplicación de justicia y el combate a la corrupción.
En este panorama dentro de la administración de justicia y en
medio de una expectativa de combate a la corrupción, promesa que fuera bandera
de la campaña de proselitismo de Enrique Peña Nieto no cumplida, vemos que el
único personaje que se tomó en serio la lucha contra la corrupción fue Santiago
Nieto y por ello fue cesado.
El diario brasileño O’Globo reveló
el 13 de agosto que el director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses
Weyll, declaró que “los pagos comenzaron en marzo de 2012, cuando Lozoya era
uno de los principales integrantes de la campaña de Enrique Peña Nieto”.
En febrero de 2015, Santiago Nieto solicitó dos órdenes de
aprehensión contra los ex gobernadores César Duarte, ahora prófugo de la
justicia y Javier Duarte, detenido sin juicio ni sentencia.
El 15 de junio, la Fepade abrió una investigación en contra de
Javier Duarte de Ochoa por el desvío de mil 300 millones de pesos del erario
del gobierno del estado de Veracruz.
Así, Santiago Nieto fue removido de su cargo por Alberto
Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en
funciones de Procurador, quien aseguró que la destitución se realizó “de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la PGR
y 137 de su Reglamento”.
Por si fuera poco, la PGR reiteró en un boletín de prensa que
su compromiso es vigilar que las actuaciones de los servidores
públicos sean apegadas a la legalidad y ética institucional, así como a
las disposiciones de la investigación del Sistema Procesal Penal Acusatorio,
protegiendo en todo momento los derechos humanos de la sociedad en su conjunto.
La PGR no es lo mismo que el procurador, ni el procurador interino
tiene las facultades totales de un procurador si no ha sido ratificado por el
Senado, de tal manera que dicha disposición de despido no es válida.
El Senado tiene veinte días para ratificar el nombramiento del
suplente, pero no lo ha ratificado y en virtud de esto, y no cumplir con los
requisitos que establece el Artículo 102 Constitucional; para ser Fiscal
General de la República se requiere: contar con antigüedad mínima de diez años,
con título profesional de licenciado en derecho”, y él cuenta con seis años de
antigüedad profesional; porque su cédula profesional es de 2011, le faltarían
cuatro años, habría que ver si el Senado, no obstante el mandato
Constitucional, ratifica como suplente a alguien, que aún no cumple con los
requisitos, lo que sería un mal precedente violatorio de la norma. PEGA Y CORRE.
– Durante el último año de su Gobierno, Javier Duarte de Ochoa y su equipo
de colaboradores realizaron un daño patrimonial en la Cuenta Pública de
Veracruz por 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos con 29 centavos. De los
cuales, 718 millones 497 mil pesos corresponden a daño en ayuntamientos y 11
mil 873 millones 752 mil 609 pesos con 80 centavos, en Cuenta Pública
Consolidada. Las observaciones más sólidas son tres: la Coordinación de
Comunicación Social en los tiempos de Alberto Silva, por 2 mil 268 millones de
pesos; otra de 2 mil 257 millones a recursos para los ayuntamientos que les
fueron retenidos, y no aparecen; y la tercera por mil 249 millones de pesos a
más de 20 dependencias estatales que pagaron sobrecargos por multas y créditos
fiscales, todas, por no haber contado con el pago en tiempo y forma… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
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