Elecciones tras las rejas
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Los comicios del 4 de junio en
Veracruz, tienen en la aplicación de la justicia su mejor pase al triunfo
electoral.
De la repartición de los 212
municipios dependerá no sólo una nueva geografía política del estado sino un
aviso importante sobre el triunfo electoral en la entidad en 2018 para la
gubernatura, y también condicionará las elecciones para la Presidencia de la
República en ese mismo año.
En Veracruz hay tres fuerzas
electorales que podrían gobernar, las tres tienen condicionado el triunfo
electoral al juicio que puedan aplicar sus fuerzas.
En el caso del gobierno federal, es
decir el PRI, con su herramienta que es la PGR, empieza a allanar el camino a
sus candidatos con sus tentáculos en Chiapas, donde cateó una casa propiedad de
los suegros del ex gobernador Javier Duarte, y encontraron 54 mil dólares en
efectivo.
El PRI es el partido que tiene una
imagen poco definida en cuanto a la posibilidad de tener la calidad moral para
obtener credibilidad en los comicios del 4 de junio en Veracruz. Porque desde
el inicio de las actividades ilícitas de Javier Duarte, nadie hizo nada. Cuando
vio que era inevitable el desprestigio de seguir indiferente ante los delitos
del entonces gobernador, lo llamó para quitarle los derechos partidistas, pero
precisamente cuando sometían a ese juicio inofensivo a Duarte, avalaban las
diputaciones federales y locales de varios de sus colaboradores más cercanos
para que alcanzaran el privilegio de la impunidad a través del fuero.
Sólo por nombrar uno de los más
próximos a Javier Duarte, está Alberto Silva Ramos, quien estuvo y sigue
estando al pendiente de su jefe y nadie duda que sepa dónde se encuentra
escondido, porque desde la posición privilegiada que le otorga su fuero, ataca
a través de los espacios en los medios con los que tuvo una relación muy
costosa y estrecha durante el reinado de su jefe.
Desde esas tribunas, que se subastan
al mejor postor, quieren realizar una guerra mediática que afecte al gobernador
y su familia haciendo de los rumores y las especulaciones, verdades a medias.
Con diputados federales como Alberto
Silva, el PRI tiene una nula calidad moral como para seguir fingiendo que en
realidad busca Javier Duarte. De ahí que su triunfo electoral en los comicios
para definir presidentes municipales en Veracruz, se vea acotado y con pocos
alcances.
Por su parte, el gobernador del PAN,
Miguel Ángel Yunes Linares, tiene acusaciones directas contra Javier Duarte y
su antecesor Fidel Herrera por adquirir medicamentos vencidos, alterados,
clonados que fueron aplicados a través del sector salud de la entidad, a
enfermos con cáncer.
Yunes Linares responsabiliza a los
dos ex gobernadores que le antecedieron en el cargo de crear empresas fantasmas
para triangular dichas compras. Así el PAN tiene en el gobernador a su punta de
lanza para ganar espacios en los municipios de la entidad en disputa a través
de las investigaciones policiacas.
De esta manera, el PAN a través de su
gobernador hace acusaciones contra Antonio Gómez Pelegrín, secretario de
Finanzas en la administración de Javier Duarte de Ochoa, por actos, delictivos.
Está en la mira también, Humberto
Benítez Pérez, acusado de malversar 243 millones de pesos en la Sedesol, a
través de la asignación de contratos a empresas fantasma. También implicado en
la desaparición de 220 millones de pesos del ayuntamiento de Tuxpan y en la
asignación ilegal de contratos de obra, por unos 180 millones de pesos, cuando
Silva Ramos era presidente municipal.
Humberto Benítez Pérez se llevó a la
dirección de comunicación social del gobierno del estado en la era Duarte, las
mismas empresas fantasma creadas en Sedesol.
Hace días fue detenido quien fuera
secretario de Seguridad Pública en la administración de Javier Duarte, Arturo
Bermúdez, de quien dice el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, que
podría alcanzar una pena de tres a diez años de prisión por incurrir en el
delito de enriquecimiento ilícito.
Por otra parte, se le involucra en
por lo menos 40 casos de desaparición forzada, documentados ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado.
El ex funcionario podría enfrentar
cargos por omisión o consentimiento, en el secuestro de decenas de jóvenes
perpetrado por policías estatales entre los años 2011 y 2016.
Del éxito que tengan estas
detenciones y lo que pueda hacerse en la búsqueda del ex gobernador Javier
Duarte dependerá el tamaño de la rebanada del pastel electoral en Veracruz.
La tercera fuerza no recurre al
juicio legal o penal, pero apela a la indignación de los veracruzanos, que ha
sido su insumo más valioso a la hora de hacer proselitismo para obtener un
número considerable de presidencias municipales. Morena, que estuvo a punto de
ganar la gubernatura, tiene en el juicio de la población su carta de
presentación y exhibe tanto a PRI como a PAN como gobiernos cuyos partidos no
han podido echarle el guante a Javier Duarte, y tampoco han tenido la capacidad
de encarcelar a los cómplices, al contrario, los premian con puestos donde no
pueda hacerles nada el brazo de la justicia.
Andrés Manuel López Obrador, llenó
este domingo la Plaza Lerdo de Xalapa, Veracruz, demostrando que todos y cada
uno de los asistentes llegaron por convicción. Se le adjudica que llegaron en
camiones; es verdad, pero alquilados por los asistentes. Quienes tienen
intereses en otros partidos intentan desgastar la fuerza del tabasqueño con ese
pretexto, pero cómo quieren que se traslade un grupo de personas organizado que
va a un mismo lugar si no es a través del alquiler de un camión. Pero los ven
bajar de un camión y por ese simple hecho son acarreados. Lo que no perdonan es
la organización de esas personas. Hay que tomar en serio esa fuerza que mostró
músculo en Xalapa.
En esta disputa por las presidencias
municipales hay un cuarto grupo que no por estar oculto deja de ser menos
peligroso pero, sobre todo un factor para tomar en cuenta en las elecciones del
4 de junio: la delincuencia organizada, que bien podría estar disfrazada de
panista, morenista o priísta.
Mención aparte merecen los
independientes, quienes con el único requisito de recabar firmas se convierten
en candidatos sin más capacidad política que su improvisación y sin mayor
derecho que el que le otorga el dinero que pueden invertir en sus campañas, sin
importar su origen.
Por las prisas para encontrar a
Duarte y sus cómplices, se olvidan de un factor esencial en la seguridad del
estado, que de no atender desde ahora, puede revertírseles de manera
contundente y salirse de control en algunas partes importantes de la entidad.
La justicia debe actuar de manera
independiente de elecciones o guerras mediáticas y atender todos sus asuntos
pendientes, se trate de funcionarios públicos prófugos o delincuentes
vinculados con el narcotráfico.
De su tarea imparcial y profesional
depende la tranquilidad de un estado que ya ha sufrido mucho los embates de los
delincuentes de cuello blanco como para seguir descuidando su integridad y la
de sus bienes.
Los partidos políticos en pugna por
las presidencias municipales, deben trabajar y dejar que los gobiernos emanados
de sus filas realicen su trabajo con profesionalismo y sirviendo a la
población.
Condicionar el triunfo electoral a
investigaciones policíacas delimita el campo de acción de la policía y la
procuración de justicia y los verdaderos perdedores son los ciudadanos… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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