COLUMNA

Cuál es la mano que mece la impunidad

Ángel Álvaro Peña

Febrero 17 de 2017

Se dice que cuando no pasa nada es que algo pasa y grave.

Esto es lo que sucede en Veracruz, que pareciera convertirse en el epicentro de la impunidad del país. Las autoridades decidieron diluir un problema grave en lugar de enfrentarlo. Así, la impunidad en la que vive Javier Duarte y sus cómplices se convierte en un puente para que otros hagan lo mismo sin que haya el menor asomo de un castigo.

Todos han quedado mal con la opinión pública, con la historia y con ellos mismos, pero han servido a quien pareciera seguir teniendo el poder. De nada sirvieron las promesas de campaña del actual gobernador, ni los desplegados de los testigos y las denuncias de los ofendidos, ni las periodísticas, ni las reiteradas llamadas de atención de la Auditoría Superior de la Federación, ni la indignación de los veracruzanos.

Las leyes en este caso se enfrentan para ocultar su parte de complicidad. La fiscalía estatal culpa a la PGR de no actuar correctamente, la PGR, señala a la justicia veracruzana de no actuar en consecuencia de un caso que no tiene precedente en la historia de Veracruz ni del país.

Es decir, el robo más grande que un gobernador haya cometido contra el dinero de la gente, queda impune, invitando a otros a hacer lo mismo.

Así, afirma un portal de noticias que Javier Duarte y cómplices desviaron 4 mil 630 millones de pesos destinados a servicios de salud y educación en Veracruz, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2015.

En total, mil 147 millones 364 mil pesos que debían usarse en mejorar la infraestructura educativa y en la operación de escuelas de tiempo completo en Veracruz fueron desviados a cuentas bancarias “donde se maneja gasto corriente, cuyo destino final se desconoce”.

Pero eso es sólo en un año y lo que pudo detectarse, ahí no están incluidas las empresas fantasma, ni las triangulaciones de lavado, ni la retención de dinero a diferentes instituciones.

Porque Duarte y su banda afectaron a todos los veracruzanos pero indignaron a todos los mexicanos.

Se burló de los ancianos, de los profesores, de los hoteleros, de los catedráticos, de los restauranteros; al robarles directamente lo que por derecho les corresponde.

Dónde se encuentra el estado de derecho del que hablan los políticos en el poder desde todas las tribunas y de todos los partidos políticos.

En el caso de Javier Duarte y sus cómplices no hay justicia ni legalidad, simplemente el permiso para seguir delinquiendo y convocando a otros a que lo hagan.

Las declaraciones del padre Alejandro Solalinde en un programa radiofónico del mediodía, fueron fuertes al decir que él ha señalado las coordenadas del lugar donde se encuentra Javier Duarte, pero nadie acude a ese lugar a detenerlo. Más aún aseguró que es el Ejército quien lo protege.

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y el PRI parece resignarse a su suerte, porque no ha hecho ningún tipo de presión para que su ex militante sea detenido.

Con el pretexto de que Javier Duarte ya no es priísta, el tricolor se considera al margen de este problema que seguramente se le revertirá en los comicios del 4 de junio, cuando las 212 presidencias municipales de Veracruz estén en juego.

Aquí lo más importante no es simplemente la impunidad en la que inexplicablemente se desenvuelve el ex gobernador Duarte, sino los motivos de esa impunidad, que acusa complicidad desde todos los ángulos de la impartición de justicia del país.

Lo que hay detrás de la impunidad suele ser la cara oculta de la complicidad, esto se convierte entonces en un grave problema de dimensiones nacionales que cuestiona toda actividad de los tres niveles de gobierno.

Finalmente, el PRI es una víctima más de los excesos de Javier Duarte y sus protectores, quienes quieran que sean éstos. Porque amparados en la mala memoria de los mexicanos intentan competir por las 212 presidencias municipales, cuando en realidad el pronóstico es un cambio radical en la geografía partidista de la entidad.

Las encuestas mandan al cuarto lugar electoral al PRI en Veracruz. Una vez perdida la gubernatura como uno de sus últimos bastiones, el PRI tiene poco que hacer en la pelea por las presidencias municipales.

Nadie ha podido mover a la impunidad que impera en Veracruz, ni las promesas del gobernador que aseguró que se detendría a Duarte, se le encarcelaría y se haría justicia también contra sus cómplices.

Los medios de información que en muchas ocasiones fueron reprimidos durante el gobierno de Duarte, parecieran carecer de voz en medio de este vendaval de corrupción e impunidad que reduce a los comunicadores a simples cronistas de una realidad que no puede cambiarse ni corregirse, aunque se atente contra la razón y la justicia.

Los medios de información durante el gobierno de Javier Duarte fueron víctimas directas de sus fechorías. Mataron a varios reporteros, fotógrafos, secuestraron a trabajadores de talleres, amenazaron con quemar las instalaciones de trabajo, etc.

Esos medios que denunciaron, que cumplieron con su responsabilidad histórica y su compromiso social, ahora sus actividades no sirven de nada. Se han anulado los medios como si se tratara de una plaga nociva para el estado.

Es decir, en este país quien hace su trabajo y cumple con su tarea es marginado y quien abusa del poder es premiado con el tesoro más grande de un delincuente: la impunidad.

La población que es la más ofendida en Veracruz no tiene voz, pero su voto lo dirigió a cualquier partido político menos al que perteneció Javier Duarte. Un partido que actuó con una simulación de rechazo, cuando todo el tiempo que estuvo Duarte realizando sus delitos guardó no sólo silencio sino hermetismo sobre el tema.

Ni un solo veracruzano estuvo a salvo de las agresiones, porque atacó todos los ámbitos de la vida cotidiana de la entidad. No hubo rincón del presupuesto del que no tomara una parte para sí, pero a pesar de ser el ladrón más grande de cuello blanco en la historia del estado, el delincuente está libre y gozando de un dinero que no le pertenece.

En los reclusorios de todo el país hay internos encarcelados por robarse un pan, una torta, un taco. No tienen juicio ni sentencia, simplemente están ahí de por vida, olvidados por la justicia que creen impartir las instancias encargadas de vender la legalidad al mejor postor… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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