Hacienda contra fuero
ALMA GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
Visto desde la perspectiva de la actual administración pública,
los ex gobernadores detenidos, investigados o prófugos tienen en la
secretaría de Hacienda su punto más frágil.
Los excesos del poder que conducen a la impunidad parecen llegar a
su fin a partir de la participación de la Secretaría de Hacienda que encabeza
José Antonio Meade, quien es uno de los pocos secretarios de Estado no expuesto
a las críticas pero que de manera discreta puede convertirse en el candidato
del PRI a la presidencia de la República.
Una vez ocurridas las elecciones en el estado de México, al
gobierno federal le urge tener impactos informativos que distraigan la atención
de la población, centrada en la posibilidad de un gran fraude electoral en el
Estado de México y en Coahuila.
Así, desde la perspectiva de un proyecto propio del actual
gobierno, colocar los reflectores sobre el secretario de hacienda, abre el
abanico de las posibilidades de cuadros sólidos para la candidatura
del tricolor hacia la Presidencia de la República en 2018.
Hasta el momento los postulados o autopostulados para ser
candidatos a la Presidencia de la República son secretarios de Estado, en esta
lista podemos apreciar al secretario de Gobernación, al de relaciones
exteriores, al de Educación, al de Agricultura, y al de Turismo, queriendo auto
postularse como si se tratara de un sistema político de dinastía, como sucedía
en China hace más de 10 años.
Faltan cuadros dentro de la administración pública que puedan
ofrecer alternativas sólidas y proyectos congruentes para las elecciones del
próximo año, que si bien se inspiran en las ocurridas en el estado de México,
pueden ser igual o más reñidas que en la entidad vecina a la capital del país.
La noticia de mayor impacto y que exige de la atención de toda la
población tiene que ver directamente con la sanción a los ex gobernadores
expuestos a la luz de la justicia para servir de ejemplo y no se repitan
conductas como las de Javier Duarte, en Veracruz, o de Tomás Yarrington, en
Tamaulipas.
Del castigo a éstos y otros ex gobernadores dependerá, en gran
medida, el triunfo electoral del PRI, porque a partir de su ejemplar sentencia
se mostrará si el actual gobierno federal quiere poner un límite a los excesos
que el poder otorga, podrá hacerlo.
Ahí están ex gobernadores que se creyeron virreyes y que sólo
provocaron la ira de los gobernados y el desprestigio de un partido político
que no estaba dispuesto a poner límites a sus militantes distinguidos.
El gobierno federal encuentra en la investigación fiscal a esos ex
gobernadores a través de la secretaría de hacienda, el método más seguro para
encontrar culpables sin dudas de coartadas o fueros.
Así como Eliot Ness le hiciera con el mafioso de Brooklyn, que
operaba en Chicago, Al Capone, buscar el rastro del dinero, que deja siempre
una huella, la secretaría de hacienda, encontrará, sin duda, pruebas
suficientes para encarcelar a muchos de los que ahora están en proceso como,
Luis Armando Reynoso, el panista de Aguascalientes, y Rodrigo Medina, priista
de Nuevo León.
O bien, a quienes son investigados como César Duarte, de
Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Fidel Herrera, de Veracruz, quien
renunció al consulado de Barcelona para venir a defenderse de Miguel Ángel
Yunes, según dijo al dejar el cargo, y Gabino Cué, de Oaxaca.
Y, además, se reforzarán sentencias a los cuatro ex
gobernadores encarcelados: los priistas Mario Villanueva Madrid, de Quintana
Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, y el panista
Guillermo Padrés, de Sonora.
Pero como no son todos los que están, ni están todos los que son,
falta por añadir a dos a quienes les pisan los talones, Humberto Moreira, de
Coahuila, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas. Tal vez en estos días pudiera
añadirse algún otro que por el momento considera que la impunidad es la madre
de todos los fueros.
La audiencia de Javier Duarte ante el juez que le informará que
fue detenido y encarcelado con fines de extradición a petición del gobierno de
México y que debió cumplirse con toda puntualidad; sin embargo, quedan muchas
dudas sobre el paradero de todos sus cómplices que están distribuidos entre los
diferentes ramales de impunidad, tales como Antonio Tarek Abdalá,
quien fue tesorero de la Secretaría de Finanzas de Veracruz.
Adolfo Mota Hernández, diputado federal del PRI en la actual
legislatura y, por tanto, con fuero. Fue secretario de Educación en Veracruz en
la administración de Duarte, cuando dicha dependencia entregó casi 325 millones
de pesos a compañías fantasma que ya fueron inhabilitadas por el SAT.
Edgar Spinoso Carrera, diputado federal del Partido Verde
Ecologista, fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Es
decir, se encargaba de la administración del presupuesto de la dependencia.
Noemí Guzmán Lagunes encabezó la Secretaría de Protección Civil en
Veracruz de 2010 a 2015.
Alberto Silva Ramos representa al PRI como diputado federal por
mayoría relativa, con fuero, desde luego. Fue secretario de Desarrollo Social
de Veracruz y en su administración la dependencia hizo contratos por 243
millones de pesos con empresas fantasma. Al dejar la dependencia asumió la
coordinación general del Comunicación Social del gobierno de Duarte y en 2015
también fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz.
Vicente Benítez González, llamado también el señor de las maletas,
diputado local, goza de fuero. Fue colaborador de Duarte en 2009, cuando éste
fue diputado federal. También fue tesorero en la Secretaría de Finanzas en la
administración de Duarte, en 2012 renunció al cargo luego de que la Policía
Federal decomisó 25 millones de pesos en efectivo a dos funcionarios estatales
que no pudieron explicar el origen y destino del dinero.
Daniel Cordero Gálvez, fue el notario que dio fe de la
constitución de tres empresas fantasma entre 2012 y 2013. El notario Israel
Ramos Mange avaló la constitución de otra empresa en 2011.
Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de Sedesol de
Veracruz, firmó todos los contratos que la dependencia dio a empresas fantasma
mediante adjudicaciones directas y licitaciones cerradas.
Arturo Bermúdez Zurita fue secretario de seguridad pública de
Veracruz y muy cercano a Duarte. El pasado 4 de agosto renunció a su cargo para
esclarecer el origen de su patrimonio personal y las acusaciones por
enriquecimiento ilícito.
El ex secretario de Finanzas de Veracruz, José Antonio Chara
Mansur Beltrán, renunció a su cargo el pasado 29 de agosto, luego que el
diario Reforma diera
a conocer que poseía por lo menos 16 propiedades con un valor de 6.7 millones
de dólares en Texas.
Gabriel Deantes Ramos, ex secretario del Trabajo y ex
subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, acusado de
enriquecimiento ilícito, está amparado para evitar ser detenido.
Moisés Mansur Cysneiros, empresario veracruzano que constituyó
empresas inmobiliarias fachada para filtrar los recursos públicos en bienes
raíces en Estados Unidos.
Juan José Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo invirtieron
con recursos públicos en un rancho en Las Mesas, en una operación que involucró
más de cinco millones de pesos.
Faltan algunos, pero aquí cerramos con estos nombres por falta de
espacio: Santa Bartolo Acuña, Miguel Velásquez Nieva, las hermanas Nadia Isabel
y Elia Arzate Peralta, y Javier Nava Soria.
Mucho trabajo tienen sin duda en Hacienda, más habría si
estuvieran todos los que resguarda una mano invisible que hace de la
complicidad el puente sólido hacia la impunidad. Ese puente está construido con
fuero de la más alta calidad… Esta
columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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y comentarios, escríbenos a:
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