Bonilla, Fraude Postelectoral
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
El problema surge desde el momento en que se dan de alta
gubernaturas por dos años y no se legisla con puntualidad y precisión al
respecto. Esto deja huecos legislativos que se prestan a interpretaciones
ilegales.
Los diputados locales de Morena aprovecharon huecos para tratar de
extender el mandato a cinco años, en lugar de dos. La lógica lo descartó, pero,
según los diputados locales, encontraron vacíos que podían extender el mandato
del empresario Jaime Bonilla. Incluso, sólo una parte de Morena apoyó.
Para darle consistencia al plan, Bonilla y el Congreso local de
Baja California convocaron a una consulta popular para el domingo 13 de octubre de 2019, para
decidir si se ampliaba
el mandato.
El PAN se pronunció en desacuerdo ante este absurdo legaloide que
impedía una competencia electoral dentro de dos años y alargar a cinco un
régimen totalmente antagónico, a Acción Nacional le beneficiaba más que
perjudicarle; sin embargo, la cúpula de ese partido se dio cuenta que en dos
años no tendría listo a un candidato competitivo, por dos razones
fundamentales: la primera, que la salida del panista Francisco Vega de Lamadrid
de la gubernatura había dejado un mal sabor de boca entre la población, de ahí
el triunfo de Jaime Bonilla, quien dos días antes de que el fallo de la Suprema
Corte se diera a conocer mandó catear la casa del exgobernador panista. Está
acusado de abuso de autoridad, cohecho, peculado y falsificación de
documentos.
La segunda, debía reconstruir sus bases en Baja California y sacar
un candidato que pudiera regresarle al PAN el bastión político que había
mantenido como propio desde hace más de 30 años. Entonces, ese partido redujo
considerablemente su beligerancia sin dejar de apoyar la reducción a dos años.
Como se observa, el panorama de la Suprema Corte de Justicia no
estaba fácil. Había muchos intereses que confluían en Baja California.
Por otro lado, las posibilidades de poner orden en la vida
electoral del país eran una urgencia vital para el desarrollo de la vida
pública en México, que los magistrados se encargaron de poner en su lugar. El
triunfo electoral de Bonilla no estaba en duda, lo que debía erradicarse, de
una vez y para siempre, era la ampliación arbitraria del mandato. Y la Suprema
Corte debía actuar con precisión quirúrgica y con el equilibrio que mandata la
ley.
El asunto se complicaba porque desde un principio el problema era
más político que legal. La decisión de la Suprema Corte arrojaría no sólo
justicia sino ganadores y perdedores, y esto les acarrearía críticas y
descalificaciones a sus magistrados, cualquiera que fuera el fallo; sin
embargo, el sustento del fallo no sólo no era discutible sino tan pulcro
jurídicamente que no dejó duda de la decisión.
Así, el lunes 11 de mayo, la Suprema Corte de Justicia dio su
fallo por unanimidad: echó para atrás las acciones de inconstitucionalidad con
las que se impugnó la reforma a la Constitución de Baja California, con la que
se buscaba ampliar de 2 a 5 años el periodo de gobierno.
Según el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, se
trataba de “una “maquinación a través de la cual se pretendió burlar la
voluntad popular” con la que se cometió “un gran fraude a la Constitución y al
sistema democrático”. En lo que llamó un fraude postelectoral.
“Bajo la apariencia de que estaba actuando en uso de su facultad
legislativa y en ejercicio de su competencia para legislar sobre su
organización política, el Congreso de Baja California alteró los resultados de
un proceso electoral concluido al decretar
por ley que un gobernador electo por dos años ejercería el cargo por cinco”,
afirmó el ministro presidente.
En entrevista televisiva el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, añadió elementos jurídicos a un histórico discurso que
acompañó del fallo en este caso: “Es un precedente muy importante y relevante
de que se tiene que respetar el voto público, que se tienen que respetar las
instituciones en fondo y forma y de que no se puede utilizar la Constitución
para violar la Constitución, los instrumentos de la democracia para violar la
democracia y de que la Suprema Corte, como tribunal constitucional del Estado
Mexicano, estará siempre para salvaguardar la integridad del sistema
democrático como lo hizo el día de ayer”.
Respecto al fallo, el INE se pronunció a través de su consejero
presidente Lorenzo Córdova, quien señaló: “Reconozco la decisión unánime
de la SCJN en favor de declarar inconstitucional la denominada Ley Bonilla en
Baja California”.
La precisión de los argumentos de los ministros, y en especial de
su presidente, Arturo Zaldívar, desactivó toda pretensión de ampliar mandatos
sin la aprobación de la gente, por lo que también se fortaleció la democracia.
Al politizar este caso, la oposición se considera triunfadora con
la decisión de la Suprema Corte, cuando en realidad lo que triunfó fueron la
legalidad y la justicia.
La Suprema Corte no determina con sus fallos ganadores políticos,
sino que trabaja para que prevalezca la ley. El único lugar que otorga triunfos
o derrotas políticas son las urnas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio a conocer a través
de su presidente, que actuó no sólo conforme a la Ley, sino que reivindicó su
autonomía del resto de los poderes y se proclamó como defensora de las
instituciones de México. PEGA
Y CORRE. – La mayor concentración de armas ilegales se ubica en
estados gobernados por la oposición, a excepción de la Ciudad de México.
Después de ésta están, Jalisco, Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México,
lugares donde operan los cárteles más poderosos del país…Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
angelalvarop@hotmail.com
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