COLUMNA

SEFIPLAN y los 40 ladrones

ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

Si la lana es poca al corrupto le toca. Esto en Veracruz pareciera ser el destino de sus habitantes que desde diferentes segmentos de la población se ven afectados directamente por los funcionarios públicos, quienes, sin importar siglas de sus partidos políticos o color de ideología, siguen oprimiendo a la población en beneficio propio.

Esta vez la Secretaría de Finanzas y Planeación, es el lugar desde donde inicia el chantaje contra los empresarios que, por una causa u otra, deben dinero al fisco. El recorrido del delito inicia muy cerca de la oficina “orgullo de mi nepotismo”.

Es decir, el camino del mal para los empresarios empieza en la oficina de Adrián García Saldaña, —hijo del ex fiscal del MP y ex director de tránsito, así como del Registro Público de la Propiedad, Adrián García Díaz, priista que trabajó para Fidel Herrera y Javier Duarte de Ochoa— secretario particular del subsecretario de Ingresos, Ricardo Rodríguez Díaz, ahí comienza la estrategia que, según el caso se diseña para disminuir de manera discrecional los adeudos con una jugosa comisión para ellos.

Desde luego que no trabajan para disminuir deudas menores de un millón de pesos para que el operativo pueda rendir grandes dividendos y así pueda haber dinero para todos, siendo el que paga el pueblo de Veracruz.

Se trata del cártel de los subsecretarios compuesto por Rodríguez Díaz, el de Egresos, en la persona del primo “orgullo de mi nepotismo”, y el otro hijo de un prominente político estatal.

El recorrido de todo gasto pasa por el visto bueno de esos tres subsecretarios, que le crean todo un problema al poder central del estado, por lo que pareciera que el vacío de poder es cada día mayor en la entidad.

Desde luego que todo este entramado no puede realizarse sin la complicidad de otras instancias que sirven para presionar a los deudores, no sólo con cobrarles intereses por los impuestos adeudados, y hasta intereses sobre intereses, sino que se les dice que pueden visitar la cárcel, con lo cual los deudores, en lugar de apegarse a las reglas de pago, prefieren dejarse chantajear por estas personas que cobran un promedio del 50 por ciento de lo adeudado por el servicio.

Toda esta maniobra no tendría éxito sin la invaluable participación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, cuyo auditor general, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, tiene en el clan de los subsecretarios su mejor palanca de apoyo para la reelección al frente de ese organismo, desde donde les permite hacer y deshacer con las cuentas pendientes al fisco.

En esta red de complicidades se encuentra la Consultoría “Ulúa Consulta”, propiedad de los hermanos Gerardo y Jaime Rosete González, quienes aparentan dar alternativas para que el deudor tenga facilidades para pagar, cuando en realidad lo que hacen es ponerle la soga al cuello para que la extorsión, que surge en la Secretaria de Finanzas, tenga que ver con otras áreas del gobierno como Fiscalización, cuyo director es Jacobo Vázquez Castro.

García Saldaña, desde la subdirección de Programación de Auditorías, revisa la contabilidad de los empresarios con adeudos sustanciales. Una vez detectados en la lista, se les “sugiere” u ordena contratar un despacho.

La invitación a que reduzcan su deuda tiene que ver con un negocio personal, donde un grupo de personas roban el dinero del erario antes de que llegue a las arcas del gobierno, alterando los saldos y ejecutando cuentas alegres en detrimento de la economía de un estado ya muy castigado por administraciones anteriores que saquearon el estado y ahora, cada vez con menos dinero, continúan robando a los veracruzanos para beneficiarse a sí mismos.

Una vez que los empresarios con grandes adeudos caen en las redes de estos funcionarios que con piel de cordero ofrecen reducción de deuda, no salen de la trampa, porque desde el momento que establecen contacto, los funcionarios públicos los colocan en un lugar peligroso con la amenaza de exhibirlos como defraudadores fiscales.

Cuando los funcionarios no logran convencer a su víctima les amenazan con colocarlos a las puertas de la cárcel por el delito de evasión fiscal, y aseguran que Sefiplan podría levantar la demanda penal contra ellos, convirtiendo la actividad empresarial en la amenaza latente de una cacería de brujas, ya que desde siempre ha habido adeudos, pero hay también formas de arreglarlo dentro de los esquemas de legalidad y justicia. Se negocia la deuda y se paga, o se reduce o condona, según sea el caso; sin embargo, en nombre del nuevo gobierno las extorsiones se presentan constantemente paralizando buena parte de la actividad empresarial.

Ante esta amenaza las víctimas ceden a cambio de la libertad y el pago de deuda, para evitar el desprestigio y la cancelación de su actividad.

Diez días después de que realizan una “auditoría”, entran en función los hermanos Gerardo y Jaime Rosete González, a través del despacho citado, donde confirman que la auditoría ya está avanzada y ofrecen sus servicios para reducir el adeudo fiscal a cambio de un cobro.

El empresariado es el factor esencial para que, junto con los trabajadores, se desarrolle un país, pero esto parece no importarle a quienes prefieren el beneficio propio y la riqueza ilegal, porque aseguran que tienen la impunidad garantizada, lo cual habla mal de toda la administración pública estatal.

Los principales afectados son los empresarios dedicados a la industria de la Construcción, una de las actividades que genera mayor número de empleos y que sirve de esquema para conocer si un estado avanza o se estanca económicamente.

Así, desde la perspectiva de los empresarios si ven que la industria de la construcción tiene actividad, el resto se anima a invertir, con lo cual se convierte en un verdadero crimen la actividad de estos funcionarios que, desde la Secretaría de Finanzas, hacen un trabajo sucio con la complacencia de las altas autoridades de la entidad, quienes ven pasar la corrupción como si se tratara de un sistema normal de ganar dinero.

En general, los empresarios de todos los giros han resultado extorsionados por los funcionarios públicos de esta dependencia, donde debería haber mayor vigilancia, pero sobre todo el manejo limpio de los recursos, porque los veracruzanos votamos por el cambio no por el empeoramiento de una situación que en nada puede beneficiar a los habitantes de la entidad.

PEGA Y CORRE. – La violencia sigue en Veracruz, ahora Rogelio Ayala Palomino, presidente municipal de Yecuautla, Veracruz, fue hallado muerto, luego de que fuera secuestrado, conducía una motocicleta, cuando fue interceptado y secuestrado. Pedían dos millones de pesos por su rescate…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

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