Winckler, Con Un Pie
en la Calle
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
El juicio político es el castigo menor que mercería un personaje
tan oscuro de la política nacional como ese abogado que surgió de la nada para
convertirse en el encubridor de los peores ladrones de cuello blanco en la
historia de Veracruz.
Jorge Winckler Ortiz, protegido de Miguel Ángel Yunes Linares, se
ha convertido en el lastre de la historia cuando el camino debe estar más
parejo para dar oportunidad a un nuevo grupo de políticos en el poder. No
permitir que se gobierne implica miedo a los cambios y a ser descubierto en los
excesos de una generación de políticos quienes, sin importar el partido al que
pertenecieron, no cumplían con su deber, ni con las leyes, ni con sus promesas
ni con sus compromisos.
Luego de una serie de anomalías en su desempeño se terminó por
descubrir abiertamente como un cómplice de Yunes Linares al cubrir sus ilícitos
y al mismo tiempo, por tratar de sabotear al actual gobierno.
A principios de noviembre de 2018, todavía sin que entrara a
gobernar la actual administración, la Organización Nacional Anticorrupción,
(ONEA), presentó ante el Congreso local una solicitud de juicio político contra
el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge Winckler Ortiz, por
la violación a los derechos humanos, específicamente de los integrantes de los
colectivos de búsqueda.
El director de ONEA, Iván Gidi Blanchet, dio a conocer que en la
solicitud se argumentan las acciones y omisiones de Winckler Ortiz,
relacionadas con la violación sistemática a la autonomía de la FGE y a los
derechos humanos de las víctimas.
“Hay una violación al debido proceso, hay una violación al trato
digno, al respeto por la dignidad humana, la demanda está documentada
ampliamente, se tienen más de 60 documentos que se adjuntan a la misma”, dijo
Gidi.
A partir de esa fecha la conducta como fiscal de Winckler dejó
mucho que desear. En lugar de darse a la tarea de investigar una interminable
lista de funcionarios públicos de la administración de Javier Duarte de Ochoa,
desató la indignación de la población al permitir que tres de los cómplices del
exgobernador llevaran su proceso en libertad, y luego anunció a los medios que
era el propio gobernador quien había ordenado su liberación.
La evidente complicidad con las anteriores administraciones, la de
Duarte y la de Yunes Linares, creó una cortina de humo para tapar otras tareas
urgentes que debió realizar el fiscal y que nunca inició, como es el caso de
las desapariciones de miles de veracruzanos y veracruzanas cuyo paradero se
desconoce desde hace varios años.
En Veracruz se tiene un registro oficial de 5,000 personas
desaparecidas en la última década, pero las organizaciones de búsqueda de
personas sitúan la cifra en 20,000.
Además, en los últimos ocho años suman de manera oficial al menos
601 fosas clandestinas en territorio veracruzano, donde han sido hallados 518
cuerpos, 560 cráneos y 53,606 fragmentos de personas, tanto hombres, mujeres y
niños.
Mientras la indignación y la desesperación de los familiares de
las víctimas crece, el fiscal dice tener el estado bajo control.
Lo que sucede es que tiene una serie de cómplices que le advierten
sobre los problemas que se le vienen encima antes de tener la demanda en sus
manos. Esto le permite ampararse, prepararse, evadir la acción de la justicia,
desaparecer momentáneamente, preparar coartadas, crear estrategias, etc.
Porque la orquestación de su tarea está diseñada desde hace mucho
tiempo. En la subdelegación de la PGR cuenta con una persona incondicional que
le avisa acerca de lo que puede perturbarlo desde la ciudad de México, llamada
Mirna Romero Martínez.
Por otra parte, Jorge Winckler se informa antes de que la posición
de los diputados locales le digan en su cara algunas de las acusaciones sobre
las desapariciones y los feminicidios que niega el fiscal, porque dentro del
Congreso local cuenta con la complicidad del asesor jurídico del presidente del
Congreso del estado, Eduardo Andrade, quien le dice por dónde atacarán sus
enemigos políticos y adelanta los argumentos de quienes lo señalan como un
personaje dañino para la entidad.
Actualmente 200 municipios, de los 212, votaron a favor la reforma
al artículo 67 de la Constitución Política del Estado para remover a Jorge
Winckler como fiscal, debido a fallas y errores en materia de procuración
de justicia.
Por su parte, el fiscal justificó su permanencia al advertir
que se trata de un órgano autónomo en el que lo eligieron por 9 años.
En la entidad 100 ayuntamientos son de extracción PAN-PRD, pero
eso no es impedimento para que sus respectivos fiscales pidan la salida
del fiscal.
Winckler ha empantanado su defensa en la vía jurídica para
‘aferrarse’ a la FGE; no obstante, los 200 cabildos advirtieron —al votar la
reforma constitucional— que su decisión responde a las fallas y errores en
materia de procuración de justicia.
La mayoría de los fiscales que integran la Fiscalía general del
estado consideran que Jorge Winckler Ortiz, es una persona que no satisface los
requisitos para desempeñar esa responsabilidad, señalan además que está
desprestigiando a la institución.
Los fiscales se quejan del recorte arbitrario de personal que
realizó Winckler aunado a la falta de viáticos y vehículos oficiales que
desaparecieron.
En el estado de Veracruz la procuración de justicia se convierte
en un espacio del pasado donde la complicidad con el delincuente impera, porque
en la administración el enemigo está en casa con un personaje como Jorge
Winckler, quien cuenta con los tentáculos para ser advertido sobre los riesgos
que podría sufrir su intocable posición. Es por ello por lo que debe haber una
severa investigación sobre su actuación y un estricto análisis para saber si
actúa dentro del marco de la ley.
En esta lucha por el poder el más ofendido es el pueblo, ya que se
hace caso omiso a sus exigencias de justicia. Los familiares de los
desaparecidos se suman a la petición de que el fiscal se vaya, pero sus
defensores argumentan que la demanda de juicio político -al que debía estar
sometido- incurre en graves errores en su redacción que hacen imposible que sea
llevado a este proceso.
Las lagunas que sus defensores encuentran en la exigencia de
juicio político rebasan el sentido común y la justicia, y se limitan a simples
ambigüedades en la redacción de un texto donde lo principal son los delitos y
no la forma de adjudicarlos a Jorge Winckler. El fiscal se debe ir por el bien
de los veracruzanos. PEGA
Y CORRE. – Los feminicidios deben ser una de las prioridades de
las autoridades judiciales de Veracruz, porque del primero de enero al 30
de noviembre de 2018 fueron asesinadas 380 mujeres, un promedio de 30 al mes,
informó Estela Casados González, titular del Observatorio Ciudadano de
Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
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