Congreso veracruzano,
cloaca fétida
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
La repentina preocupación del gobernador Miguel Ángel Yunes
Linares para nombrar al fiscal anticorrupción, así como a los 12 magistrados
del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, surgió de la derrota electoral.
No había intentado antes influir en la decisión de los
legisladores de la entidad porque estaba seguro de que su hijo ganaría las
elecciones y no estaba convencido de dicho triunfo por las propuestas y
programas del príncipe heredero, sino porque todo el aparato de gobierno,
incluyendo su presupuesto, estaba volcado en la elección y, a pesar de todo,
perdió.
Así sucedió en los últimos años de la gestión de Javier Duarte de
Ochoa, quien también dedicó tiempo, dinero y esfuerzo en el nombramiento del
fiscal a su favor.
Yunes Linares tenía la certeza de que su hijo ganaría la elección,
pero sobre sus espaldas no pesa únicamente una derrota vergonzosa porque a
pesar de todo lo que se hizo de manera lícita e ilícita para que ganara Yunes
Márquez la derrota fue clara, tan clara que debió reconocerla públicamente,
también pesa sobre las espaldas del gobernador la posibilidad, nada remota, de
que pueda encontrársele en las cuentas financieras algún faltante, muy
probablemente relacionado con el financiamiento de la campaña de su hijo.
Por ello ahora trata de recurrir al epicentro de la corrupción
veracruzana en los últimos 14 años, que ha sido la palanca discreta pero
definitiva para que las corruptelas puedan llevarse a cabo en la entidad con la
garantía de que no serán castigadas. Estamos hablando del Congreso local, donde
los diputados avalan los malos manejos del presupuesto.
El punto de apoyo de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel
Yunes Linares para conducirse con libertad de gastos que rayaron en todos los
casos en excesos y omisiones, donde la gran mayoría de los legisladores, son
cómplices de fechorías graves en detrimento de los veracruzanos, desde luego
debe haber honrosas excepciones, todavía no las detectamos claramente, pero
debe haberlas.
El Congreso veracruzano se ha distinguido por ser la meca de la
corrupción en el estado, primero aprobaron conductas que no estaban dentro de
las atribuciones originales del gobernador, luego permitió que sus acciones no
tuvieran límite, les tendieron puentes para obtener fuero, les abrieron las
puertas de la impunidad en todas sus manifestaciones. Y, desde luego, se
enriquecieron con esa complicidad.
Endeudaron al estado con la bursatilización de la tenencia
vehicular, después siguieron solicitando préstamos para el pago de intereses de
la deuda, le metieron mano hasta al dinero del IPE, con un desfalco de más de
10 mil millones de pesos, que está en los bolsillos de los exfuncionarios y
tendrán que pagar los veracruzanos, gracias a los buenos oficios de los
legisladores.
A los pensionados les adeudan pagos de años atrás, todo ese dinero
fue aprobado, concedido, concesionado, con la anuencia de los legisladores.
Aprobaron las solicitudes de préstamos del gobierno, en los que se
excedieron no tanto en el número de aprobaciones sino por la cantidad de dinero
obtenida que sumaba millones y millones de pesos. Por ahí pasó todo el dinero
que ahora no aparece. Si la legislatura no hubiera querido no hubiera habido
tal descalabro en las finanzas con cargo al patrimonio de los veracruzanos.
Hubo para todos, pero del dinero que pertenecía a las obras
públicas, a los jubilados, a los universitarios. Hay legisladores incluso con
las manos manchadas de sangre porque también ocultaron información y simularon
investigaciones de los desparecidos en la entidad.
El Congreso local es el conducto través del cual Javier Duarte se
embolsó millones de pesos, lo mismo que su antecesor y su sucesor.
Cada uno con diferentes destinos, pero lo que es un hecho es el
desvío de recursos humanos, materiales y económicos pertenecientes al gobierno
del estado a la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez, de ahí la repentina
preocupación del actual gobernador desde el momento mismo en que asimiló la
derrota de su hijo, quien pensaba le cubriría las espaldas.
Sin la intervención de los legisladores locales de Veracruz la
delincuencia de cuello blanco y su correspondiente impunidad no hubiera
existido. En ellos se ampararon tres gobernadores que no respetaron la
separación de poderes, sino que la subordinaron al ejecutivo estatal, lo mismo
que el poder judicial con figuras afines a sus delitos.
Ahora Yunes Linares quiere hacer lo mismo y presiona a los
legisladores para que nombren, cuanto antes, al fiscal anticorrupción, ya
anteriormente los había presionado para aprobar préstamos desde el inicio de su
administración, cuando se oponía a lo que había hecho Duarte y ahora lo imita.
Esta legislatura esperemos, podría ser la última legislatura
corrupta del estado.
Es por ello que el gobernador electo pide al Congreso local sea la
próxima legislatura la que elija a este representante del poder judicial y
puedan trabajar juntos en un proceso de responsabilidades compartidas pero
delimitadas y no supeditadas unas de otras.
Sin embargo, hay afectados en dichas propuestas porque las
canonjías que tenían unos les serán arrebatadas en nombre de la equidad y la
justicia.
Si hay un país de enormes desigualdades, se debe precisamente a
que no hay equilibrios en la administración pública, y la conducta de los
virreyes de los gobernadores veracruzanos son una muestra fehaciente de ello.
Los legisladores que se van no deben temer por la impunidad de sus
protegidos, ellos están a salvo gracias a sus buenos oficios de encubridores y
timoratos que prefieren la omisión a la justicia, claro a cambio de moches.
El Congreso veracruzano en sus últimas legislaturas deberá dar
cuenta de sus vínculos secretos con los gobernadores, de su sumisión ante el
poder de Herrera, Duarte y Yunes.
Sin que se trate de la persecución sistemática, ni tenga que ver
estas acciones con los rencores o con la cacería de brujas, debe haber una
investigación profunda y seria del actuar de los legisladores veracruzanos
desde 2004, en honor a la justicia, y no en nombre de la venganza. PEGA Y CORRE. – De ultima hora: el gobierno estatal, encabezado por
Miguel Ángel Yunes Linares, desalojó con lujo de violencia, el plantón de
empresarios que le exigía el pago de adeudos a más de 80 empresarios que
prometió pagar desde el inicio de su gestión. Jesús Castañeda Nevárez, vocero
de los inversionistas inconformes, denunció ante los medios “Nos violentaron.
Nunca nos hubiéramos imaginado ser tratados de manera violenta por el gobierno
que no salió a dialogar. Su diálogo fue la violencia”… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
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