El dictador de Tuxpan
ALMA GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
Las expectativas que creó Juan Antonio Aguilar
Mancha como candidato se desvanecen una por una ante una gestión
irresponsable y de simulación. Todavía no cumple 100 días en el gobierno
municipal y se asoma un voraz alcalde embriagado de poder y extraviado por su
ambición personal.
Instalado en el poder municipal lo primero que se le ocurre es
chantajear a las empresas extranjeras que tienen firmado contrato con los tres
niveles de gobierno, principalmente con el federal y el estatal.
Ante esta situación el
presidente municipal de este puerto exige convenios adicionales que le beneficien
en lo particular y que tomen en cuenta a su gobierno como agente de
negociación. A Juan Antonio Aguilar Mancha no le importa el desarrollo de
Tuxpan sino las condiciones que ponga a los inversionistas.
Para hacer presión ante las empresas extranjeras se sirve de
grupos de choque que él denomina pescadores y campesinos afectados por la
instalación de las empresas que llegan a abrir fuentes de trabajo no solo en el
puerto sino en toda la región norte del estado de Veracruz.
Para obtener beneficios personales, de grupo o partidistas, el
presidente municipal de Tuxpan les echó a los ejidatarios de la región que
atravesará el gasoducto, para enfrentarse con las empresas extranjeras como
TransCanada, encargada de construir el gasoducto Texas-Tuxpan, obra que detona
el potencial comercial del puerto.
Esto desmotivará a las empresas que tienen los ojos puestos en el
puerto de Tuxpan, ya que podrán darse cuenta del chantaje que ejerce el alcalde
sobre los inversionistas nacionales y extranjeros en un municipio que considera
de su propiedad.
El presidente municipal de Tuxpan actúa como si fuera el dueño de
las decisiones, sin tomar en cuenta al cabildo, que representa el equilibrio de
fuerzas dentro de todo municipio. De esta manera violenta no solo el orden del
municipio que es el núcleo de una democracia representativa, sino que atenta
contra la legalidad.
Dentro de estas decisiones unilaterales, que deben ser revocadas
por el resto de los ediles que conforman el ayuntamiento, está la decisión
personal de contratar un despacho contable, de la ciudad de Xalapa, para
que mensualmente audite los estados financieros y técnicos de la obra pública a
realizarse, como si fuera el único responsable de los trabajos.
Contratos de esta naturaleza no hacen otra cosa que duplicar
funciones que ya existen dentro de la estructura de gobierno, tal es el caso de
Orfis, Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, que se dedica
precisamente a las auditorías de los municipios, labor que realiza con
pulcritud regularmente; sin embargo, este capricho, digno de dictadores, de
otorgarle a una empresa privada las funciones naturales de la administración
pública resulta por demás innecesaria, a menos que pueda obtener alguna
comisión en su contratación, ya que dicha empresa le cobrará al municipio dos
millones y medio de pesos anuales.
Otra de las instancias que tienen derecho a auditar el manejo de
recursos de un municipio es el Congreso local, al que también se anula desde la
necedad de este dictadorzuelo que hace de caprichos decisiones de gobierno
equivocadas e ilegales.
Contratar al auditor de la administración local de manera privada
se presta a suspicacias que ponen en duda la honorabilidad del presidente
municipal y de la empresa contratada.
La decisión de la contratación del despacho particular es decisión
del cabildo en pleno y tiene sus matices a la hora de aprobarse, sus
condiciones, y precisiones que se estipulan en el contrato de cuyos puntos
deben estar de acuerdo todo el cuerpo edilicio.
Los 2.5 millones de pesos anuales que cobrará ese despacho serán
pagados en mensualidades, es decir, 208,333.33 pesos mensuales, que bien pueden
orientarse a otras urgencias de un municipio que se asoma al desarrollo
formando parte de los polos principales del comercio internacional.
Pero Antonio Aguilar no tiene conciencia del lugar que ocupa,
simplemente actúa como considera que puede salir beneficiado, aunque con sus
decisiones viole la ley hacendaria, como lo hizo, por ejemplo, con un grupo de
comerciantes y locatarios de algunos mercados a quienes, en un afán por hacer
proselitismo para el partido que lo llevó al poder, les perdona las
multas, les rebaja impuestos y les desaparece recargos.
La ley dice que para autorizar una condonación se debe primero
someter al cabildo la solicitud, después remitir el acta de cabildo a la
legislatura y es la misma legislatura quien aprueba las condonaciones, no el
municipio.
El 21 de marzo estaba programada una sesión de cabildo para
discutir la posibilidad de solicitar un crédito por 30 millones de pesos a un
banco, recurso que sería utilizado para la construcción de pisos firmes y
compra de vehículos.
Ninguna de estas adquisiciones es prioridad. El alcalde dejaría
como garantía al banco las ministraciones de las participaciones federales. Es
decir, que el pago de la federación destinado al municipio se depositara en
favor de una institución bancaria si no hay puntualidad en los pagos. Lo cual
demuestra un total desconocimiento de su función como presidente municipal y la
violación flagrante a las leyes elementales de la administración pública.
La sesión de cabildo para discutir la aprobación del crédito no se
llevó a cabo porque los mismos regidores que siempre le aprueban todo lo que se
le antoja, le dijeron que no aprobarían endeudar más al municipio.
El alcalde nunca atiende a la gente que confió en él y le otorgó
el voto, simplemente se niega atender audiencias públicas y su trabajo se
limita a hacer negocios personales en nombre del poder que le otorga su cargo.
Se dice en los pasillos del palacio municipal que no hay quien
ponga orden y que cada quien hace lo que quiere, que hay funcionarios que se
sienten tan confiados que no lo obedecen ni a él.
Hay una falta de respeto total a quienes asisten a solicitar
reunirse con el alcalde, pues a pesar de tener citas programadas los hacen
esperar hasta más de 3 horas, o bien los obliga a concertar otra cita, y, a
veces esos encuentros solicitados nunca se llevan a cabo porque no le da la
gana, a Antonio Aguilar Mancha, atenderlos. Esta es la forma autoritaria de
conducirse de quien desconoce sus funciones y las leyes que rigen su trabajo y
el respeto de los tuxpeños. PEGA
Y CORRE.- Ya son cinco los periodistas veracruzanos asesinados
del territorio estatal durante la actual administración, esta vez la víctima
fue Leobardo Vázquez Atzin, quien fue ejecutado en Gutiérrez Zamora, al
norte de esta entidad. Cubría la fuente policíaca, y fue asesinado dentro de su
casa. Sus allegados comentan que había sido amenazado de muerte y que había
pensado en pedir ayuda y orientación para su protección. Los 22 asesinatos de
periodistas ocurridos en los últimos 7 años han quedado en la impunidad en
Veracruz…Esta columna se
publica los lunes, miércoles y viernes.
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