Corrupción contagiosa
ALMA
GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
La corrupción en México sufre de una doble personalidad. Porque lo
mismo ataca una cara visible que a la oculta. La administración pública
compuesta por hombres y mujeres que ocupan un puesto donde deben responder con
su libertad la honestidad de los recursos manejados en sus áreas de trabajo.
La otra cara es el partido de donde surgen esos funcionarios
públicos que en su mayoría alcanzan la impunidad en esa doble personalidad de
militantes y miembros de la administración pública.
El PRI, tiene la misma tarea o terapia que la administración
pública: ver hacia adentro, comenzar a deslindar responsabilidades, sancionar
severamente a los culpables, evitar que haya sospechas sobre actos de
corrupción en sus filas, etc.
Si el partido quiere votos y si la administración pública desea
tener credibilidad y confianza entre la población, debe empezar a ver hacia
adentro y actuar en consecuencia.
Se dice que la lucha contra la corrupción no sólo proviene de las
más altas esferas del poder sino que va en serio.
Esto alegrará a la gran mayoría de los mexicanos, a quienes
afectará será a aquellos que con la esperanza de algún día obtener un cargo, un
puesto y un presupuesto, insisten desde el partido en ganar candidaturas.
Otros que no tendrán entre sus emociones la alegría serán los
funcionarios públicos, cuyas conductas delictivas los tienen señalados como
sospechosos de actos de corrupción.
Si el PRI quiere seguir siendo un partido competitivo en las urnas
y si la administración pública quiere que las instituciones cobren vigencia y
solidez, debe empezarse por erradicar la corrupción. Una corrupción que por lo
regular alcanza la impunidad en la gran mayoría de los casos.
Los militantes del PRI llegan a la administración pública, cometen
actos de corrupción, son acusados, son investigados por otros priistas y son
precisamente sus correligionarios quienes, oficialmente, determinan que no hay
delito qué perseguir.
No hay impunidad sin delito real, ni administración pública sin
sospecha de corrupción.
El periodista Raymundo Riva Palacio comenta acerca de la propuesta
del Consejero Jurídico en Los Pinos, Humberto Castillejos, de una estrategia
para combatir la corrupción en el gobierno federal.
“Solicitó a todas las secretarías un listado de trabajadores que
pudieran ser acusados por corrupción, para que pudieran ser explotados penal y
mediáticamente, y comenzó a trabajar de esta manera el final del sexenio, que
se encuentra a sólo 17 meses de distancia”.
Para ir al origen de estas actuaciones, deben depurar también la
filiación, pero para los priistas siempre ha sido más importante la cantidad de
militantes que su calidad moral.
La verdad es que si esta situación se convirtiera en una orden
contundente, muchos de los secretarios de Estado no sabrían por dónde comenzar,
incluso no sabrían si poner su nombre al principio o la final de la lista.
Por lo pronto, en Veracruz hay mucha tela de dónde cortar y si ya
empezaron por investigar a Gina Domínguez “Lady Mordaza”, seguramente seguirán
con otros que la antecedieron y que continuaron su obra en detrimento de los
veracruzanos y a favor de la riqueza mal habida de Javier Duarte.
Los delitos que puedan encontrarle a Gina Domínguez los continuó,
corregidos y aumentados, su sucesor Alberto Silva Ramos, ahora convertido en
diputado federal, quien, fuero de por medio sigue pensando que algún día podría
llegar a ser gobernador de Veracruz.
Se ha llegado a tal extremo en México que la impunidad, delito de
corrupción de por medio, sirve de puente para ascender en la carrera política
de algunos funcionarios públicos. Esto marca una señal de advertencia que debe
ser tomada en cuenta por el bien de todos los mexicanos y del propio gobierno.
El PRI carece de mecanismos para investigar la corrupción, le deja
toda la responsabilidad a la PGR, pero también adolece de instancias que
sancionen severamente a los corruptos dentro de sus filas, esa responsabilidad
también se la deja a la procuración de justicia.
La lucha contra la corrupción anunciada desde que el presidente
Enrique Peña Nieto estaba haciendo campaña de proselitismo, debe tener dos
vertientes iniciales y empezar simultáneamente, desde el partido y desde la
administración pública.
Es necesario crear una tregua en el fuero de muchos legisladores o
exigirles licencia mientras son investigados a ciertos diputados federales,
Alberto Silva es uno de ellos, pero también están ahí Jorge Alejandro Carvallo,
Tarek Abdalá Saad, Erick Lagos, entre otros, por el PRI.
Desde luego que la corrupción no es privativa del PRI, también en
la Cámara de Diputados debe investigarse a un par de diputados federales del
partido Verde, apéndice del PRI, el primero de ellos, Javier Herrera Borunda,
hijo de Fidel Herrera; el segundo, Edgar Spinoso Carrera, propietario de
Transportes Ejecutivos PIZA, S. A. DE R.L. de C.V. empresa que ha sido
contratada desde el 2010 por el estado de Veracruz en contratos abiertos de
adjudicación directa.
Spinoso es ahora uno de los investigados por el SAT porque
amasó una fortuna cuantificada en 300 millones de dólares, compró múltiples
propiedades en el estado de Veracruz y en el extranjero y se hizo de una
flotilla de aeronaves.
El PRI y el gobierno federal tienen mucho trabajo. Esperemos que
no suceda lo de siempre, que son sancionados los funcionarios públicos de medio
pelo y los grandes defraudadores del dinero de los veracruzanos y mexicanos
sigan escalando posiciones políticas como si se tratara de premios por su
actuación corrupta que lo único que hace es que se invite a otros a delinquir,
con la garantía de que no serán castigados.
CORRE Y PEGA: La tarjeta “Salario Rosa” es
una de las promesas de campaña de Alfredo del Mazo. El priista entrega
únicamente, los plásticos a la amas de casa y les promete que una vez que gane
la gubernatura les va a depositar dinero en ellas, equivalente a 20 pesos
diarios… Esta columna
se publica los lunes, miércoles y viernes.
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