NACIONAL

Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS)


Boletín de Prensa

CONVOCA MARCHA EN DEFENSA DE LA VIDA A POLICÍA COMUNITARIA, MACHETEROS DE ATENCO Y VIUDAS DE PASTA DE CONCHOS

* Mientras no termine la carrera por dinero no cesará la muerte de la guerra”, dice la AMOS

México, D. F., a 13 de marzo de 2013

Dirigentes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero; un grupo de viudas y mineros de Pasta de Conchos y una representación de los Macheteros de San Salvador Atenco encabezaron esta tarde la marcha “En defensa de la vida”, convocada por la Alianza Mexicana de Organizaciones y la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, donde exigieron al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto un alto a las agresiones que sufre el pueblo de México.

Garantías a la vida desde la seguridad pública, a los recursos naturales de los que vive la gente en las comunidades y el rescate de los cuerpos de 65 mineros sepultados en el socavón de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, fueron las demandas, realizadas esta tarde en la calle 20 de Noviembre y el circuito del Zócalo de la Ciudad de México por más de 10 mil integrantes de la AMOS.

Los miembros de la policía comunitaria de Guerrero se niegan a acatar el decreto formulado por el gobernador Ángel Aguirre Rivero porque les obligaría a pasar a formar parte de las policías auxiliares, por lo que tendrían que entregar a los delincuentes al Ministerio Público. El rechazo se debe a que así lo hicieron en los primeros años de su existencia que inició en 1995, pero los delincuentes entregados pronto eran liberados por la corrupción policiaca.

“Quien tenga dinero siempre podrá andar delinquiendo. En cambio, con nosotros, cumple una pena y se le rehabilita; esa es la diferencia y por eso la gente apoya este sistema”, afirma Nicasio Castro Agustín, coordinador regional de la Casa de Malinaltepec, en el municipio de Espino Blanco, uno de los dirigentes de la CRAC-PC.

Por su parte los Macheteros de Atenco exigen un alto a las intenciones de quitarles sus tierras en San Salvador Atenco. “denuncio que ahora dicen que van a hacer un parque ecológico y eso no lo vamos a permitir, porque sabemos que lo hacen con maña para quedarse con nuestras tierras y luego venderlas a altos precios. Primero fue el Gobierno Federal, luego fue Conagua, más adelante una empresa llamada Alter y ahora la empresa ICA, ofreciéndonos migajas”, expresó Adán Espinoza.

María Teresa Contreras Rodríguez, viuda de José Cibrián Mendoza, dio a conocer que la exigencia de las viudas que tienen 7 años exigiendo el rescate inmediato de los cuerpos de sus esposos, es que las autoridades y el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, atiendan las peticiones y dejen atrás su intención de realizar un nuevo peritaje, porque sólo será para dar una nueva negativa.

“Si la Secretaría del Trabajo se quiere reivindicar con las familias de los mineros que se encuentran atrapados, la única forma de hacerlo es el rescate de sus cuerpos. La única manera de encontrar la verdad histórica que dicen van a buscar, es sacar los cuerpos de ese socavón; por fuera, con un peritaje fingido no van a encontrar nada porque el Grupo Minero México se ha encargado de taponar todo y no se puede entrar a lo interior”, añadió la viuda.

Por su parte, Rosario Hernández Aldaco de la Unión de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente (UNOPII), a nombre de la Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS), dijo que “el pueblo de México está en medio de una guerra que no es suya. Es una guerra de mercados de drogas que se disputan entre sí por el territorio, ganancias y poder; todos sabemos, participan con sus intereses involucrados en las ganancias, sectores importantes del Estado. Una guerra en donde el pueblo ha quedado en medio de las balas. Mientras arriba se gana control, poder y se utiliza la guerra políticamente para los intereses partidarios, abajo se ponen los muertos.

La marcha “En defensa de la vida” inició esta tarde en el Monumento al Ángel de la Independencia y concluyó en el Zócalo, y tuvo réplicas en otros 20 estados de la República.

“La clase política se enfrenta entre sí sólo por posiciones de poder en la estructura del Estado, pero no por diferencias sustantivas de proyecto. Todos los partidos comparten ideas similares en el modelo económico. Hacen movimientos electoreros llenos de pragmatismo político”, agregó Hernández Aldaco. 

Para los integrantes de la AMOS, “las acciones del Estado se confunden con las acciones militares que a su vez se confunden con las acciones policiacas que, una vez más, se confunden, pero con las acciones del crimen. La ambición del dinero se ha vuelto loca. El narcotráfico es sólo una de las muestras más extremas del capitalismo y es augurio de hacia dónde nos dirige este camino de dinero, poder y guerra que es el sistema en que vivimos. Pero es de recordar que es ante todo una carrera sin fin por más dinero, seguida de una guerra sin fin de violencia y muerte, una red de mercados criminales de drogas, armas, trata de personas y migrantes, extorsiones y mucho más. Mientras no termine la carrera por dinero no cesará la muerte de la guerra”. 

Además, recordaron cómo se ha “intensificado y acelerado el modelo de explotación y de despojo de la tierra y los bienes naturales, sometiendo a nuestra patria a un intenso proceso de saqueo, de explotación indiscriminada y contaminación de los bienes comunes”, como son los casos de San Luis Potosí con la Minera San Xavier, Cananea en Sonora o Sombrerete en Zacatecas, donde se otorgaron 26 mil concesiones hasta 2012 a lo largo del país. O las presas La Parota en Guerrero o Temacapulín en Jalisco, cuyos proyectos han sido desarrollados sin la aprobación de las comunidades, sin la menor contemplación a su historia, a su cultura, a sus intereses, a sus necesidades y sólo la voluntad y la organización del pueblo, ha logrado detener estos proyectos.

“La clase política de todos los partidos, tienen alianzas tanto con el capital extractivo e inmobiliario como con el capital criminal al que le llaman narcotráfico. Los partidos políticos son parte de la maquinaria de explotación y dominación”, añadieron.

Muchos pueblos comunidades, barrios, colectividades, organizaciones y personas dignas “ya no creemos en las mentiras del bienestar y el desarrollo que ofrece el poder, destruyendo a la madre tierra; no creemos en la vida y el trabajo que ofrecen desde arriba; no creemos en la guerra y la muerte que han lanzado por todo el país; no creemos en sus formas corruptas de hacer política”.

En el caso del Distrito Federal, destacaron cómo los gobiernos locales de extracción perredista tampoco tienen gran cambio con los priístas o panistas, donde privilegian al gran capital, a los monopolios y grupos ligados al poder. 

Los aliancistas pusieron en relieve el caso del Centroriente Juárez, donde el delegado Jesús Valencia pretende contratar a un par de arquitectos españoles, además de dejar en manos de estudiantes de Harvard la realización del proyecto, pese a que el propio gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Vivienda, realizó ya un plan integral desde 2010 y que sólo necesita la aprobación en la Asamblea Legislativa, con trabajo de arquitectos investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.

Otro tema en el Distrito Federal es la pauperización de los concesionarios y trabajadores del transporte por la falta de una tarifa justa, la carencia de certeza jurídica y el escondido plan para entregar las líneas y corredores de transporte urbano a los monopolios como ADO y otros.

En el Distrito Federal la carencia de programas de empleo ha provocado que una alta proporción de sus habitantes se dediquen al comercio informal, actividad que también ha sido constantemente violentada, sujeta a los intereses económicos y políticos de las autoridades y vulnerada en sus derechos humanos; tal es el caso del asesinato del comerciante vagonero Martín Díaz Ramírez por personas vinculadas con el PRD.

En el caso de la vivienda, la de México es la ciudad de los campamentos y las ciudades perdidas porque las instancias gubernamentales en vez de beneficiar a los verdaderos demandantes de vivienda, personas con escasos recursos, las facilidades y los recursos para construir se los entregan a corporativos inmobiliarios.

Los integrantes de la AMOS reiteraron que más allá de la denuncia que tenemos todos los sectores del país, necesitamos generar soluciones. “Somos conscientes de ir construyendo posibilidades y nuestro empleo. Por esto mismo es importante expresar hoy que la sociedad civil, todos nosotros que nos sentimos desamparados del poder púbico, no podemos quedar en la contemplación”.

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