REPORTAJE

APRUEBAN ABRIR “CAJAS NEGRAS” DE DEUDAS ESTATALES

La bandera de transparencia con la que navega Enrique Peña Nieto deberá tener como principal objetivo develar lo que ocultan las cajas negras de los estados más endeudados del país, pues no hay forma de conocer el monto real de la deuda de estos gobiernos, en su mayoría priístas

Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo

Cancún, Qna. Roo., a 1 de octubre de 2012

La alerta roja que se encendió en diversos estados de la República donde se reportan “deudas ocultas” por más de 200 mil millones de pesos, no sólo tiene en quiebra los sistemas financieros estatales sino que es tema de preocupación en el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, desde donde se ha considerado inclusive la posibilidad de constituir un Fobaproa para rescatar a cuando menos una decena de entidades federativas, mayoritariamente priístas, que empeñaron hasta el 75 por ciento de sus ingresos para pago de los empréstitos durante los próximos 30 años. 

A finales de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como las calificadoras internacionales alertaron sobre los primeros focos rojos que se encendieron en diversas entidades cuyas deudas se habían disparado monumentalmente, sin pasar por la autorización de los respectivos Congresos estatales. 

En respuesta a estas anomalías, la Secretaría de Hacienda inició una investigación que descubrió el caso emblemático de endeudamiento por 36 mil millones de pesos del ex gobernador de Coahuila y entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, de cuyo gobierno se comprobó haber falsificado documentación oficial para aspirar al crédito. Por dichos delitos, algunos funcionarios públicos de su administración andan prófugos de la justicia y el propio paradero de Moreira se desconoce. 

El asunto fue capitalizado políticamente por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la intención de poner un alto al abuso de los recursos públicos por parte de gobernadores y alcaldes, obligándolos a revelar la entrega de concesiones y a esclarecer las deudas que pactan. 

La semana pasada, la iniciativa finalmente fue aprobada por el Congreso de la Unión. El miércoles 26 de septiembre, en el Senado de la República, la bancada panista subió a tribuna para exigir que se abran las “cajas negras” de los estados para poder saber dónde fueron a parar tantos recursos si en las entidades no se ven obras que justifiquen los millonarios endeudamientos. 

En tribuna, la senadora del PAN Laura Angélica Rojas pidió a los estados que legislen para mejorar las reglas de contratación de deuda pública, a fin de garantizar transparencia. “Los estados no están obligados por ley a hacer público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos, apenas el año pasado, de los montos reales de ésta, pero no sabemos cómo se utiliza”, reseñó.

El priísta José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, admitió que ha existido endeudamiento en muchas entidades pero el gobierno federal no se queda atrás y resulta irresponsable al tratar de favorecer a alguien. 

En respuesta, el senador perredista por Oaxaca, Ángel Benjamín Robles aseguró que la solución a la opacidad debe venir desde el ámbito de los estados, porque ellos han ocasionado el problema y la deuda.

“Para que el federalismo funcione, las entidades deben comprometerse a mantener un manejo correcto de las finanzas, así como de la administración pública en que son competentes”, concluyó.

Con sólo tres votos en contra, la iniciativa prosperó pese a que Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, presentó una moción suspensiva con el argumento de que no existe la ley reglamentaria para procesar la iniciativa, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la desechó.

En el salón de sesiones, estuvo presente el senador Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo quien en seis años disparó la deuda estatal de mil 300 millones de pesos, en 2005, a más de 25 mil millones de pesos al concluir su administración en 2011. Ni siquiera se dio por aludido y alzó el dedo públicamente para aprobar una ley que persigue acabar con la opacidad con que los estados de la República se manejan para contraer deuda pública que deberán pagar los ciudadanos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental dio como plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir a cabalidad con lo estipulado en esta nueva ley.

Campeones en opacidad. Los estados de la República más endeudados, con los problemas financieros más serios, son también los que más denuncias tienen en su contra por carecer de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de su presupuesto. 

Claridad y Participación Ciudadana asegura que el endeudamiento en las entidades se logró gracias a que en gobiernos como el de Coahuila, Quintana Roo o Nuevo León, se caracterizan por una notable sombra respecto al uso de sus recursos presupuestales. 

La organización civil realizó a principios de año una gira nacional para dar a conocer las deudas de todos los estados y su conclusión es que las leyes estatales de transparencia son, en estos casos, letra muerta o inexistente. Además, el que generalmente los gobiernos ejerzan un férreo control sobre sus congresos estatales, amplia el compás de opacidad, no existe fiscalización alguna sobre el gasto, ni tampoco posibilidad alguna de hurgar en las cuentas de los distintos proyectos y programas.

Por eso, el presidente electo Enrique Peña Nieto busca sacudirse de la sombra de casi diez gobernadores priístas que endeudaron a sus entidades de forma exorbitante en menos de 12 años y, presumiblemente, usaron el dinero para las campañas de sus candidatos. En su agenda de iniciativas inmediatas, una vez que asuma el poder, se prepara ya una iniciativa para garantizar el derecho a la información gubernamental y la transparencia. 

Su propuesta busca modificar diez artículos de la Constitución para dar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) mayores facultades para investigar a todos los niveles de gobierno, así como hacer que sus resoluciones sean vinculatorias, es decir, que deriven en consecuencias administrativas o penales contra los funcionarios que resulten responsables.

No olvidemos que en México, siempre en los primeros lugares mundiales de corrupción, el tema de la transparencia es la bandera de cada gobierno que inicia. Lo fue para los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora será para Peña Nieto.

Con las modificaciones al órgano de transparencia, los primeros en pasar por el banquillo serán los de su propio partido. En los estados más endeudados continúan las averiguaciones para poder esclarecer el destino final de los recursos de miles de empréstitos que impunemente se solicitaron en las administraciones priístas. 

En la lista de estados más endeudados se encuentra en primer lugar Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas. Estos estados han utilizado todo recurso legal para ocultar la información y el monto real de sus deudas que, en su mayoría, triplican sus participaciones federales y los han dejado sin capacidad de pagar nóminas y servicios. 

La clasificación de información como reservada y exclusiva en el gobierno es la primera inequidad del derecho de acceso a la información en las distintas entidades del país, asegura Eugenio Monterrey Chepov, presidente de la Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), la cual aglutina a los 33 órganos garantes del país y se encarga de observar el cumplimiento de la ley en los estados.

En entrevista con este semanario, Monterrey Chepov explica que hay gran cantidad de actitudes en los servidores públicos con respecto a la información que entregan y mucha tiene que ver con la actitud de los servidores públicos. “Unos nos encontramos que son omisos, otros rebasan los plazos legales, algunos no atienden las solicitudes hasta que el particular impugna (…) en algunos análisis no se entrega ni siquiera la información solicitada”, refiere.

El primer escudo con el que los estados ocultan la información de la deuda pública es el secreto bancario. Para Armando Guadiana Tijerina, presidente de Claridad y Participación Ciudadana, esta figura jurídica debe desaparecer en cualquier organismo público y en fideicomisos públicos. 

“El movimiento de las cuentas bancarias del gobierno es público y debe, en consecuencia, ponerse a disposición de cualquier ciudadano que requiera dicha información, ya sea que en la justificación alegue un interés legítimo que puede ser colectivo, o jurídico”, puntualiza el empresario.

Con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobada por el Senado, los ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos que tengan los estados, municipios o la Federación, y a este derecho no se podrán oponer mecanismos como el secreto bancario o fiduciario. 

El Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011 del Instituto Mexicano para la Competitividad detalla que los estados han mentido y mal informado el verdadero estado de sus deudas. Se trata de un maquillaje de cifras con variaciones de casi el 80 por ciento de la cifra real registrada en el gobierno federal.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Coahuila reportó que su deuda era de 8 mil 239 millones de pesos en 2010, sin embargo, a finales del siguiente año tuvo que admitir que en realidad se enfrenta a 35 mil 823 millones de pesos. 

En Tabasco, gobernada en su momento por el priísta Andrés Granier Melo, donde se declaró 2 mil millones de pesos de deuda, en realidad aceptaron que era más de 4 mil millones. En Chihuahua, la Auditoria Superior del Estado aseguró que la entidad únicamente adeudaba 4 mil 500 millones de pesos, la realidad llegó de manos de la Secretaría de Hacienda federal, quien mostró que la deuda es superior a 13 mil millones de pesos.

Michoacán, gobernada por el priísta Fausto Vallejo, declaró tener 13 mil millones de pesos de deuda. En este año se develó que en realidad la deuda pública asciende a más de 42 mil millones de pesos. 

Nuevo León también ha maquillado su deuda pública. Reportó 34 mil millones de pesos como deuda cuando la Secretaría de Hacienda develó que se trata de 36 mil. 

La explicación de este encubrimiento de números es que no se reportaron las deudas a corto plazo cuyo registro ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas no es obligatorio, tampoco lo es registrar sus deudas a proveedores; estas deudas a corto plazo son las que requieren de un pago perentorio.

Por lo mismo, especialistas aseguran que esto es apenas la punta de un iceberg. Bajo el agua están los saldos reales de las deudas, las cuales duplican las cifras oficiales. No se ha encontrado forma para develar la realidad debido a la opacidad en a los gobernadores estatales. 

Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala son focos rojos en cuanto a la transparencia, de acuerdo al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de la Entidades Federativas de 2011 realizado por la consultora Aregional. Entre los elementos evaluados están la publicación de documentos de las decisiones presupuestales y la información sobre sus deudas. Sólo 11 estados de la República tuvieron una calificación aceptable en la rendición de cuentas. 

A este respecto, René Torres Ruiz, especialista en política y administración pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, explica que la opacidad en el gobierno está directamente relacionada con la cultura de la corrupción en el país. 

“Desde inicios del siglo XX y la creación del partido hegemónico, se instauró también en el gobierno una cultura sustentada en la corrupción. El sistema priísta necesitaba de la corrupción para engrasar todos los engranajes del aparato gubernamental”, reseña el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona. 

René Torres Ruiz asegura que aún con la reforma de Enrique Peña Nieto se necesita un largo camino para lograr cambiar la cultura de la corrupción en el país.

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