¿Y LA JUSTICIA, PA'?
Por Renato Consuegra / *
México, D. F., a 24 de enero de 2013
Que la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Florence Cassez
está apegada a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos
humanos que México aprobó y firmó, no hay duda. Que se privilegió el derecho y
en su caso el “debido proceso”, por sobre la justicia y este caso debe servir
como parteaguas para el nuevo paradigma del sistema procesal penal mexicano,
llamado acusatorio y adversarial, tampoco. Se otorgó la presunción de
inocencia.
Sin embargo, debemos recordar cómo en nuestro país, desgraciadamente, las cosas
cuando ocurren, pocas veces son circunstanciales. Fue una decisión donde no se
repuso el caso como en algunas otras ocasiones, sino se otorgó el amparo
directo para liberarla de inmediato, justo para que la francesa tuviera tiempo
de llegar al aeropuerto y huir a su país. Esto permitió evitarle se le pudieran
fincar responsabilidades por cualquiera otro probable delito.
De esta forma, nunca sabremos si en realidad era culpable o inocente. Es decir,
que por un error de forma simplemente no se llegó al fondo. De esta forma,
Cassez se convertirá en una mancha más del sistema judicial mexicano.
No será lo mismo para el resto de la presunta banda de secuestradores porque en
México nada ha cambiado aunque haya cambios. Nada se ha movido. Todo sigue
igual porque los presuntos cambios hasta ahora no son otra cosa que simulación.
La justicia responde sólo a los intereses políticos y económicos. Los intereses
de los ciudadanos y de la Nación como tal, pueden seguir esperando como ha sido
durante décadas.
Durante el pasado sexenio hubo una colusión de grupos políticos e intereses
empresariales, incluidos los de algunos medios de comunicación, con toda la
intención de poner en ridículo y hacer ver mal al anterior gobierno y abonar el
regreso del viejo PRI con el cual se hicieron y crecieron hasta alcanzar un
poder casi absoluto. Poco batallaron para lograrlo. Genaro García Luna y los
distintos procuradores nombrados por Felipe Calderón, les hicieron la tarea.
Ante este fracaso de quienes fueron autoridad en su momento e hicieron mal su
trabajo, es preciso que haya una investigación a fondo, imparcial y expedita
para deslindar responsabilidades, localizar a los responsables y castigarlos,
sea porque indebidamente montaron un espectáculo y se olvidaron de seguir los
pasos que las leyes y el derecho marcan o porque su incapacidad fue tal que los
resultados están ahí, muy claros.
No hacerlo es mantener la impunidad. No hacerlo es alimentar la simulación. No
hacerlo es continuar con un México lastimado por la corrupción. No hacerlo es
simplemente burlarse una vez más de sus ciudadanos.
Mucho cuidado también con los juzgadores. Así como hay jueces de consigna, los
puede haber entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia y no está por
demás realizar una revisión de las posturas de los integrantes de la Primera
Sala el 8 de marzo pasado y ayer 23 de enero, así como los casos que han
dictaminado. Eso lo analizaremos más adelante.
Empero la forma de gobernar y procurar justicia del viejo PRI, que es el nuevo
reciclado, no es mejor que la del anterior gobierno. Por fallas al “debido
proceso” hubo casos que se les cayeron de las manos a los priistas de entonces,
como ocurrió con el montaje de “La Paca”, ideado por Pablo Chapa Bezanilla en
contra de Raúl Salinas de Gortari, otro presunto delincuente absuelto por las
inconsistencias en las acusaciones pero, sobre todo, por el teatro de la
osamenta que probablemente pertenecía a Manuel Muñoz Rocha.
Como también, por faltas al debido proceso, muy probablemente pronto veamos
fuera de las rejas al presunto Mario Aburto, el que se encuentra recluido en
Almoloya y que en nada se parece al que presuntamente asesinó a Luis Donaldo
Colosio en Lomas Taurinas y que desapareció tras la calentadita que le habría
dado Manlio Fabio Beltrones en Playas de Tijuana.
En fin, nuevamente en México no se hizo justicia y justicia es justificar con
elementos probatorios la culpabilidad o en su caso la inocencia del o los
indiciados, en un caso que fue, además de aplicación del derecho, de aplicación
de la fuerza política.
Twitter: @renatoconsuegra
Facebook: renatoconsuegra
(*) Renato Consuegra es periodista, Premio Latinoamericano de Periodismo
José Martí y director de Difunet y Campus México. Esta columna es publicada en
el sitio http://www.ricardoaleman.com.mx/index.php/plumas-invitadas/renato-consuegra
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