Malos Funcionarios
Públicos del Pasado
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Los funcionarios públicos de las pasadas administraciones se han
convertido en un verdadero problema para la justicia mexicana. Esa burocracia
dorada que surgió con el arribo del PAN a la Presidencia de la República ahora
debe no sólo reducir su salario sino desaparecer.
El hecho de que se hayan echado raíces en la burocracia no
descarta la posibilidad de un verdadero sabotaje desde las entrañas de la
estructura de gobierno.
Todavía hay colados que llegan incluso a convertirse en
presidentes municipales, legisladores locales, federales y hasta senadores con
piel de oveja, que traen en su sangre el ADN de la corrupción, de un
individualismo que no se tienta el corazón al dejar sin ayuda a los pobres para
enriquecerse.
La herencia de un puesto en la administración pública ahora se
convierte en una especie de cáncer en la estructura del gobierno federal y
estatal. La pelea la empezaron quienes nunca aceptaron ganar menos, porque se
consideran merecedores de mayor remuneración, cuando en realidad la cantidad y
calidad de trabajo dejaba mucho que desear.
De ahí surge una anécdota: le preguntan a un funcionario público
que desde cuándo trabaja ahí. La respuesta es clara: Desde que usted llegó. Y
añade el burócrata, “es que antes no hacía nada”.
Esta anécdota no dista mucho de ser verdad. Precisamente esos
burócratas con altos salarios eran parásitos que llegaban a trabajar a las once
de la mañana a las tres se iban a comer y ya no regresaban a la oficina.
Muchos de esos siguen cobrando altas cantidades de dinero a costa
del presupuesto, pero, por si fuera poco, algunos de ellos han sido señalados
como personas implicadas en la práctica de la corrupción.
Ya hay varios que están en la lista, otros que son investigados,
algunos están detenidos, pero todavía faltan muchos en todos los estados de la
república, en el gobierno federal, y no faltan aquellos que como último
favor a sus jefes les solicitaron legislaturas locales o federales para
alcanzar la impunidad y gozar de lo robado en libertad, por el resto de sus
días.
Algunos de estos quieren regresar a la administración pública y
hasta han tenido el descaro de cambiar de partido, como si con esto la
conciencia se les limpiara en automático.
El abuso del poder fue tanto que permeó todas las áreas del
gobierno, se prestaban a tantas triquiñuelas que no hay quién no haya
participado o sepa de alguien que estuvo implicado en algún desvío de recursos.
Rosario Robles ya cumplió un mes tras las rejas, acusada de desvío
de fondos públicos a través de la llamada Estafa maestra. Sigue sin sentencia,
pero los cargos se acumulan.
La sorpresiva renuncia del magistrado del Tribunal Superior de
Justicia, Eduardo Medina Mora, impulsado por Enrique Peña Nieto y por
Televisa al Tribunal, fue el inicio de diferentes detenciones e investigaciones
que esperemos se concreten con la cárcel para los corruptos, tal y como lo
había anunciado el presidente de la república en su campaña.
Así, el Poder Judicial de la Federación puso en la mira a un
magistrado que presuntamente encabeza una importante red de corrupción y tiene
graves inconsistencias en sus ingresos, se trata de Jorge Arturo Camero Ocampo.
En Hidalgo, por ejemplo, el gobierno municipal de Pachuca
investiga a seis funcionarios municipales, dos de ellos regidores, a quienes un
ciudadano señala de incurrir en probables faltas administrativas por ocupar
simultáneamente dos cargos públicos.
En días pasados, policías de Investigación de la Procuraduría
General de Justicia detuvieron a Hedilberto Chávez Gerónimo, funcionario de la
Secretaría de Finanzas en el gobierno anterior en la Ciudad de México, acusado
por el presunto desvío de más de 3 millones de pesos.
En esta tónica, jueces, magistrados, consejeros electorales,
trabajadores del Banco de México y de la Secretaría de Gobernación, entre otras
dependencias, han presentado cinco mil 165 amparos contra la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos que les impide ganar más de 108 mil
pesos mensuales, que es lo que percibe el presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Los amparos buscan revertir el tope salarial que propone la
Presidencia de la República, que sería obligatorio no sólo para los
funcionarios dependientes del Ejecutivo federal, sino también a organismos
autónomos y descentralizados.
En mayo pasado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ordenó al Congreso de la Unión aclarar en esa ley los parámetros para
fijar el sueldo presidencial, que serviría como tope para definir los
ingresos del resto de los funcionarios públicos.
Ante este tema, el presidente de la República cumple con un
compromiso de campaña que debe seguir hasta el final para acabar con la
práctica de la corrupción.
Hay un buen inicio, aunque tardío, la población espera ver a todos
los funcionarios corruptos en la cárcel, aunque se escuden en el fuero del
cargo de elección popular o en la coartada de la aparente inocencia. PEGA Y CORRE. – Nada
sorpresivo fue el resultado de la encuesta realizada en el norte del país
acerca de la confianza de las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina son
las instituciones que generan más tranquilidad en esa región donde hay la
percepción de que es poco seguro vivir cerca de la frontera con Estados
Unidos… Esta columna se
publica los lunes, miércoles y viernes.
angelalvarop@hotmail.com
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