APRUEBAN ABRIR “CAJAS NEGRAS” DE DEUDAS ESTATALES
La bandera de
transparencia con la que navega Enrique Peña Nieto deberá tener como principal
objetivo develar lo que ocultan las cajas negras de los estados más endeudados
del país, pues no hay forma de conocer el monto real de la deuda de estos gobiernos,
en su mayoría priístas
Por Juan Manuel
Coronel / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo.,
a 1 de octubre de 2012
La alerta roja que
se encendió en diversos estados de la República donde se reportan “deudas
ocultas” por más de 200 mil millones de pesos, no sólo tiene en quiebra los
sistemas financieros estatales sino que es tema de preocupación en el equipo de
transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, desde donde se ha
considerado inclusive la posibilidad de constituir un Fobaproa para rescatar a
cuando menos una decena de entidades federativas, mayoritariamente priístas,
que empeñaron hasta el 75 por ciento de sus ingresos para pago de los
empréstitos durante los próximos 30 años.
A finales de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como
las calificadoras internacionales alertaron sobre los primeros focos rojos que
se encendieron en diversas entidades cuyas deudas se habían disparado
monumentalmente, sin pasar por la autorización de los respectivos Congresos
estatales.
En respuesta a estas anomalías, la Secretaría de Hacienda inició una
investigación que descubrió el caso emblemático de endeudamiento por 36 mil
millones de pesos del ex gobernador de Coahuila y entonces presidente nacional
del PRI, Humberto Moreira, de cuyo gobierno se comprobó haber falsificado
documentación oficial para aspirar al crédito. Por dichos delitos, algunos
funcionarios públicos de su administración andan prófugos de la justicia y el
propio paradero de Moreira se desconoce.
El asunto fue capitalizado políticamente por el presidente Felipe Calderón
Hinojosa, quien envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, con la intención de poner un alto al abuso de
los recursos públicos por parte de gobernadores y alcaldes, obligándolos a
revelar la entrega de concesiones y a esclarecer las deudas que pactan.
La semana pasada, la iniciativa finalmente fue aprobada por el Congreso de la
Unión. El miércoles 26 de septiembre, en el Senado de la República, la bancada
panista subió a tribuna para exigir que se abran las “cajas negras” de los
estados para poder saber dónde fueron a parar tantos recursos si en las
entidades no se ven obras que justifiquen los millonarios endeudamientos.
En tribuna, la senadora del PAN Laura Angélica Rojas pidió a los estados que
legislen para mejorar las reglas de contratación de deuda pública, a fin de
garantizar transparencia. “Los estados no están obligados por ley a hacer
público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos, apenas el año pasado,
de los montos reales de ésta, pero no sabemos cómo se utiliza”, reseñó.
El priísta José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y
Crédito Público, admitió que ha existido endeudamiento en muchas entidades pero
el gobierno federal no se queda atrás y resulta irresponsable al tratar de
favorecer a alguien.
En respuesta, el senador perredista por Oaxaca, Ángel Benjamín Robles aseguró
que la solución a la opacidad debe venir desde el ámbito de los estados, porque
ellos han ocasionado el problema y la deuda.
“Para que el federalismo funcione, las entidades deben comprometerse a mantener
un manejo correcto de las finanzas, así como de la administración pública en
que son competentes”, concluyó.
Con sólo tres votos en contra, la iniciativa prosperó pese a que Dolores
Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, presentó una moción
suspensiva con el argumento de que no existe la ley reglamentaria para procesar
la iniciativa, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la desechó.
En el salón de sesiones, estuvo presente el senador Félix González Canto, ex
gobernador de Quintana Roo quien en seis años disparó la deuda estatal de mil
300 millones de pesos, en 2005, a más de 25 mil millones de pesos al concluir
su administración en 2011. Ni siquiera se dio por aludido y alzó el dedo
públicamente para aprobar una ley que persigue acabar con la opacidad con que
los estados de la República se manejan para contraer deuda pública que deberán
pagar los ciudadanos.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental dio como plazo límite hasta el 31
de diciembre de 2013 para cumplir a cabalidad con lo estipulado en esta nueva
ley.
Campeones en opacidad. Los estados de la República más endeudados, con los
problemas financieros más serios, son también los que más denuncias tienen en
su contra por carecer de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio
de su presupuesto.
Claridad y Participación Ciudadana asegura que el endeudamiento en las
entidades se logró gracias a que en gobiernos como el de Coahuila, Quintana Roo
o Nuevo León, se caracterizan por una notable sombra respecto al uso de sus
recursos presupuestales.
La organización civil realizó a principios de año una gira nacional para dar a
conocer las deudas de todos los estados y su conclusión es que las leyes
estatales de transparencia son, en estos casos, letra muerta o inexistente.
Además, el que generalmente los gobiernos ejerzan un férreo control sobre sus
congresos estatales, amplia el compás de opacidad, no existe fiscalización
alguna sobre el gasto, ni tampoco posibilidad alguna de hurgar en las cuentas
de los distintos proyectos y programas.
Por eso, el presidente electo Enrique Peña Nieto busca sacudirse de la sombra
de casi diez gobernadores priístas que endeudaron a sus entidades de forma
exorbitante en menos de 12 años y, presumiblemente, usaron el dinero para las campañas
de sus candidatos. En su agenda de iniciativas inmediatas, una vez que asuma el
poder, se prepara ya una iniciativa para garantizar el derecho a la información
gubernamental y la transparencia.
Su propuesta busca modificar diez artículos de la Constitución para dar al
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai)
mayores facultades para investigar a todos los niveles de gobierno, así como
hacer que sus resoluciones sean vinculatorias, es decir, que deriven en
consecuencias administrativas o penales contra los funcionarios que resulten
responsables.
No olvidemos que en México, siempre en los primeros lugares mundiales de
corrupción, el tema de la transparencia es la bandera de cada gobierno que
inicia. Lo fue para los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora será
para Peña Nieto.
Con las modificaciones al órgano de transparencia, los primeros en pasar por el
banquillo serán los de su propio partido. En los estados más endeudados
continúan las averiguaciones para poder esclarecer el destino final de los
recursos de miles de empréstitos que impunemente se solicitaron en las
administraciones priístas.
En la lista de estados más endeudados se encuentra en primer lugar Coahuila,
Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas. Estos
estados han utilizado todo recurso legal para ocultar la información y el monto
real de sus deudas que, en su mayoría, triplican sus participaciones federales
y los han dejado sin capacidad de pagar nóminas y servicios.
La clasificación de información como reservada y exclusiva en el gobierno es la
primera inequidad del derecho de acceso a la información en las distintas
entidades del país, asegura Eugenio Monterrey Chepov, presidente de la
Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), la cual
aglutina a los 33 órganos garantes del país y se encarga de observar el
cumplimiento de la ley en los estados.
En entrevista con este semanario, Monterrey Chepov explica que hay gran
cantidad de actitudes en los servidores públicos con respecto a la información
que entregan y mucha tiene que ver con la actitud de los servidores públicos.
“Unos nos encontramos que son omisos, otros rebasan los plazos legales, algunos
no atienden las solicitudes hasta que el particular impugna (…) en algunos
análisis no se entrega ni siquiera la información solicitada”, refiere.
El primer escudo con el que los estados ocultan la información de la deuda
pública es el secreto bancario. Para Armando Guadiana Tijerina, presidente de Claridad
y Participación Ciudadana, esta figura jurídica debe desaparecer en cualquier
organismo público y en fideicomisos públicos.
“El movimiento de las cuentas bancarias del gobierno es público y debe, en
consecuencia, ponerse a disposición de cualquier ciudadano que requiera dicha
información, ya sea que en la justificación alegue un interés legítimo que
puede ser colectivo, o jurídico”, puntualiza el empresario.
Con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobada por el Senado, los
ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos que tengan los estados,
municipios o la Federación, y a este derecho no se podrán oponer mecanismos
como el secreto bancario o fiduciario.
El Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011 del Instituto Mexicano
para la Competitividad detalla que los estados han mentido y mal informado el
verdadero estado de sus deudas. Se trata de un maquillaje de cifras con
variaciones de casi el 80 por ciento de la cifra real registrada en el gobierno
federal.
Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Coahuila reportó que su deuda era de
8 mil 239 millones de pesos en 2010, sin embargo, a finales del siguiente año
tuvo que admitir que en realidad se enfrenta a 35 mil 823 millones de pesos.
En Tabasco, gobernada en su momento por el priísta Andrés Granier Melo, donde
se declaró 2 mil millones de pesos de deuda, en realidad aceptaron que era más
de 4 mil millones. En Chihuahua, la Auditoria Superior del Estado aseguró que
la entidad únicamente adeudaba 4 mil 500 millones de pesos, la realidad llegó
de manos de la Secretaría de Hacienda federal, quien mostró que la deuda es
superior a 13 mil millones de pesos.
Michoacán, gobernada por el priísta Fausto Vallejo, declaró tener 13 mil
millones de pesos de deuda. En este año se develó que en realidad la deuda
pública asciende a más de 42 mil millones de pesos.
Nuevo León también ha maquillado su deuda pública. Reportó 34 mil millones de
pesos como deuda cuando la Secretaría de Hacienda develó que se trata de 36
mil.
La explicación de este encubrimiento de números es que no se reportaron las
deudas a corto plazo cuyo registro ante la Unidad de Coordinación con Entidades
Federativas no es obligatorio, tampoco lo es registrar sus deudas a
proveedores; estas deudas a corto plazo son las que requieren de un pago
perentorio.
Por lo mismo, especialistas aseguran que esto es apenas la punta de un iceberg.
Bajo el agua están los saldos reales de las deudas, las cuales duplican las
cifras oficiales. No se ha encontrado forma para develar la realidad debido a
la opacidad en a los gobernadores estatales.
Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala son
focos rojos en cuanto a la transparencia, de acuerdo al Índice de Transparencia
y Disponibilidad de la Información Fiscal de la Entidades Federativas de 2011
realizado por la consultora Aregional. Entre los elementos evaluados están la
publicación de documentos de las decisiones presupuestales y la información
sobre sus deudas. Sólo 11 estados de la República tuvieron una calificación
aceptable en la rendición de cuentas.
A este respecto, René Torres Ruiz, especialista en política y administración
pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, explica que la
opacidad en el gobierno está directamente relacionada con la cultura de la
corrupción en el país.
“Desde inicios del siglo XX y la creación del partido hegemónico, se instauró
también en el gobierno una cultura sustentada en la corrupción. El sistema
priísta necesitaba de la corrupción para engrasar todos los engranajes del
aparato gubernamental”, reseña el doctor en Ciencia Política por la Universidad
de Barcelona.
René Torres Ruiz asegura que aún con la reforma de Enrique Peña Nieto se
necesita un largo camino para lograr cambiar la cultura de la corrupción en el
país.
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