“Celebrar” la
simulación
Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
La semana pasada, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró
que todos los asesinatos de periodistas cometidos durante lo que va de su
administración han sido “esclarecidos”.
“Los casos que hemos tenido en Veracruz durante este gobierno, de
algún compañero que ha sido asesinado, se han esclarecido, como el caso de
Monlui. Otros casos ya quedó muy claro que no eran compañeros de los medios y
que no debían ni siquiera mencionarse como tales, porque afectan la imagen de
los medios de comunicación”, dijo Yunes Linares.
Y es que, para el mandatario, el único de los muertos que merecía
la “categoría” de periodista era Ricardo Monlui, asesinado en Yanga en 2017. A
los demás, se les criminalizó a priori, vinculándolos con el crimen organizado
sin que mediara investigación alguna. Igual que hacía el gobierno de Javier
Duarte.
En el caso de Leobardo Vázquez Atzin, ejecutado el pasado mes de
marzo en Gutiérrez Zamora, lo redujeron a la condición de taquero -oficio que
desempeñaba para ganar un poco más de dinero ante la miseria que pagan en los
medios de comunicación-, con todo y que hay evidencia de que continuaba
trabajando como reportero y acababa de publicar información sobre un caso de
invasión de terrenos en el que están involucradas autoridades actuales y
anteriores del Ayuntamiento de Tecolutla. Que se sepa, nunca se investigó nada
más allá. También, del mismo modo que en el gobierno de Duarte se trataban
estos casos.
Pero Yunes Linares se aventuró a asegurar que no hay ataques hacia
los medios de comunicación, y que en el estado de Veracruz hay “plena libertad
de expresión”. Afirmación que fue respaldada en coro por sus amanuenses y
textoservidores, que “celebraron”, ahora sí, el “día de la –supuesta- libertad
de expresión” el pasado 7 de junio.
Sin embargo, el panorama real de las condiciones en las que se
ejerce el periodismo en Veracruz es bastante menos idílico de lo que el régimen
está dispuesto a reconocer.
En su informe “Diagnóstico de la Libertad de Expresión de los
Periodistas en Veracruz”, presentado el mismo 7 de junio, la Comisión Estatal
de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) refirió que en 2017 se
contabilizaron 46 agresiones contra reporteros en los primeros cinco meses de
ese año, y 48 en el mismo periodo del presente.
“Las agresiones a periodistas son diversas y van desde homicidio,
robo, agresiones físicas, privación ilegal de la libertad, acoso u
hostigamiento, hasta daños materiales y amenazas. En estas últimas,
especialmente en años recientes, se han generado en nuevas modalidades, tanto
por vía telefónica o por redes sociales y mensajería, a través de las cuales se
propaga el miedo a los comunicadores en lo individual y en lo colectivo”,
explica el reporte.
Y la muestra de cuál es la “voluntad” del actual gobierno para
atender las agresiones contra periodistas la da, para no variar, la Fiscalía
General del Estado. La CEAPP dio a conocer que el titular de la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias que
involucren Periodistas y/o Comunicadores, Jaime Cisneros Gómez, se ha negado “a
entregar copia de declaraciones y de expedientes a periodistas que comparecen
ante la misma a presentar denuncias y siendo omiso igualmente en el acorde de
las solicitudes por escrito. Esta práctica no sólo dificulta la identificación,
el rastreo y seguimiento de los expedientes, tanto para los propios
comunicadores como para la Comisión, sino que viola disposiciones
constitucionales, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley
General de Víctimas”.
Asimismo, la Fiscalía se resiste a entregar la información que le
requiere la CEAPP. “La información remitida por la Fiscalía a esta Comisión, ha
sido escasa o insuficiente, pues no aporta datos relevantes sobre el estado
real de las investigaciones y en la mayoría de los asuntos no brinda ninguna
información”, sostiene el organismo en su informe.
De los 12 homicidios de periodistas registrados en Veracruz desde
2013 a la fecha, la CEAPP informa que sólo en uno de ellos se ha obtenido una
sentencia condenatoria. “En este periodo, el 92 por ciento de los asesinatos de
periodistas están impunes (…) La calidad de las investigaciones dista mucho de
garantizar el acceso a la justicia y prevalece un modelo de simulación”, acusa.
El informe concluye señalando que “el periodismo veracruzano
necesita condiciones dignas, decorosas y de seguridad, para realizar una labor
de relevante interés social. Los periodistas merecen justicia”.
Justicia que no existe en Veracruz. Pero ahora nos dicen que ya
hay mucho qué celebrar. La memoria suele ser tan corta como grande la
conveniencia.
Twitter: @yeyocontreras
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