ESTATAL

Denuncian privación ilegal de libertad y violación de garantías en detención de 7 periodistas; les exigían 8 mil pesos a cada uno por dejarlos libres sin haber cometido delito alguno

Gobernantes.com

 A través de una carta abierta dirigida al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marié; al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares; a la Presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza, y a la Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, familiares, compañeros de trabajo y amigos de los 7 periodistas detenidos de manera arbitraria la madrugada de este sábado, en el puerto de Veracruz, condenaron la privación ilegal de la libertad y la violación de las garantías individuales de que fueron objeto, no solo los comunicadores, sino los numerosos ciudadanos que convivían en el momento de los hechos en el bulevar Manuel Ávila Camacho, cuando fueron detenidos por elementos del Mando Único, con el argumento de "alterar el orden público".

En su exposición, refieren que durante las primeras horas de este sábado y en el marco de los operativos realizados por el Mando Único, 7 colegas reporteros fueron privados de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública “sin elementos acusatorios para fincarles delito alguno”.

En este sentido, señalan que el grupo de periodistas se encontraba en el bulevar Manuel Ávila Camacho, entre Emiliano Zapata y Mariano Escobedo cuando un convoy de Policías Navales y Estatales realizó su detención arbitraria e ilegal solo porque convivían en el lugar.

“Todos ellos terminaban sus labores reporteriles tras la audiencia de la exsecretaria del Consejo Técnico de Espacios Educativos Xóchitl Tress, en la que ya se encontraba sujeta a proceso penal, y decidieron acudir a la mencionada avenida a cenar y convivir”.

En este punto, afirman que bajo el argumento de "beber en la vía pública" los uniformados se llevaron a los colegas del mencionado bulevar, pese a que dicho lugar es una zona de tolerancia siempre y cuando no se rompan las reglas de convivencia ni las leyes del buen gobierno, cosa que ninguno de ellos realizó en ningún momento.

En el documento explican que uno de los reporteros alcanzó a avisar que únicamente porque algunos bebían una cerveza y convivían cerca de donde llegó un operativo contra motos, fue "motivo de detención" pese a no haber cometido ninguna falta administrativa, roto alguna ley o ser sorprendidos en estado inconveniente abordo de un vehículo.

En la carta denuncian que “Los compañeros Víctor Yáñez, Carlos Navarrete, Roberto Méndez, José Juan García, Víctor Ochoa, Alejandro Ávila y Horacio Zamora fueron ilegalmente detenidos y trasladados al Módulo Preventivo de las 72 Horas conocido como Penalito Playa Linda.

De acuerdo a la información proporcionada por colegas que acudieron a averiguar su situación, tanto personal de Playa Linda como elementos de la Policía Naval, la Policía Estatal y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, les solicitaron 8 mil pesos por cada uno de los 7 compañeros para ser puestos en libertad”.

Subrayan el caso de Roberto Méndez, quien regresaba de cenar cuando los uniformados lo detuvieron, sólo por estar en el grupo, lo que agrava aún más la arbitrariedad del procedimiento de detención.

 Así las cosas con el gobierno del cambio, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Yunes, cuya historia de represión y estilo policiaco en el ejercicio del poder datan desde que fue secretario de Gobierno con Patricio Chirinos Calero, lo que le valió incluso una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de la ejecución extrajudicial de dos indígenas muertos en el marco de un operativo policiaco realizado en el municipio de Ixhuatlán de Madero.

Sin embargo, en ese período sus excesos policiacos también provocaron cientos de quejas y una docena de recomendaciones de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre las que destacan: CNDH/ 122/95/VER/912, CNDH/122/95/VER/3364, CNDH/122/ 95/VER/3904, CNDH/122/95/VER/4821, CNDH/122/95/ VER/7178 y CNDH/122/95/VER/I230, que se refieren a detenciones y encarcelamientos extrajudiciales, torturas, e incontables violaciones a los derechos humanos en más de 100 comunidades de la Huasteca veracruzana, comprendida por los municipios con el más bajo Índice de Desarrollo Humano del Estado.