Los nervios de
Silva
Alberto
Silva Ramos FOTO: FACEBOOK
Publicado en: Libertad bajo Palabra
Fecha: 26 diciembre,
2016 en Opinión
Filiberto Vargas
Rodríguez / Quienes conviven con él coinciden en que lo notan
nervioso, inquieto. Se lo atribuyen a su exposición en medios, los señalamientos
de periodistas sobre su presunta responsabilidad en la defraudación a las arcas
de Veracruz mediante el método de crear falsas empresas.
Alberto Silva, por
supuesto, lo niega todo. Afirma, incluso, que ninguno de los legisladores
federales tiene problemas serios con la justicia.
“Tarek
fue denunciado por la Auditoría Superior de la Federación, pero te puedo
asegurar que va a solventar lo que esté pendiente y no tendrá problemas. De los
demás, ninguno de nosotros hemos sido señalados penalmente, todo es ruido en
los medios”, me aseguró.
Y
sin embargo, no opinan lo mismo otros excolaboradores de Javier Duarte, que
incluso se dicen víctimas de ataques mediáticos organizados por Silva Ramos.
“Quiere desviar los reflectores, que los medios volteen a otro lado. Por eso
envía a sus plumas a golpearnos”, advierte uno de los agraviados.
En la revista
Proceso número 2095, que circula desde el pasado domingo, su corresponsal en
Veracruz, Noé Zavaleta, le atribuye a Alberto Silva la entrega de “diversas
facturas y una lista resumida de las cuentas que pagó la CGCS a empresas de
dudoso origen por un monto de 383 millones de pesos, en 2012 y 2013”.
Alberto
Silva asumió la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz,
por primera vez, en febrero del 2014, por lo que los documentos que le entregó
al corresponsal de Proceso corresponden a pagos y convenios realizados durante
el período en el que estuvo al frente de la vocería Gina Domínguez.
Durante el período
de Javier Duarte, hasta el 12 de octubre, en que pidió licencia, por la oficina
de Comunicación Social pasaron tres coordinadores. Gina Domínguez Colio inició
el primero de diciembre del 2010 y fue removida en febrero del 2014. Entró al
relevo Alberto Silva Ramos, quien era el secretario de Desarrollo Social en el
estado.
Alberto
Silva dejó el cargo para ir en busca de la diputación federal por Tuxpan. Lo
sustituyó Juan Octavio Pavón González, quien dirigía el sistema de Radio y
Televisión de Veracruz.
En
abril del 2016, cuando las críticas contra Javier Duarte se habían
generalizado, no sólo en la entidad, sino a nivel nacional e, incluso, en
medios internacionales; a unos días de que iniciaran formalmente las
campañas por la gubernatura, Alberto Silva Ramos solicitó licencia al Congreso
de la Unión para retomar la vocería de Veracruz.
La
instrucción era –lo dijo él mismo- restablecer la relación con los medios, que
se habría roto durante el período de Juan Octavio Pavón. Parte esencial de esa
operación pasaba por el pago de los millonarios pasivos que se habían acumulado
en materia de Comunicación Social.
No
se consiguió. La bola de nieve de la deuda con medios había alcanzado ya
dimensiones incontrolables y el Estado enfrentaba cada día más problemas de
insolvencia.
En los medios de
comunicación, Alberto Silva ha sido señalado de hurtar recursos del Estado
mediante la creación de empresas ficticias, incluso desde su paso por la
Secretaría de Desarrollo Social. Los datos que aportan los medios de
comunicación coinciden con los difundidos por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).
Durante
el período de 48 días en el que Flavino Ríos asumió la gubernatura interina,
auditores del SAT acudieron a las oficinas de Comunicación Social para revisar
las transacciones realizadas desde esa dependencia. Nada oficial se ha sabido
de esas investigaciones.
Llegó
a tal extremo el desprestigio de Javier Duarte y su más cercano equipo de
colaboradores, que en el tema de los medios de comunicación, cualquiera que
haya tenido nexos comerciales con la pasada administración es visto como
“texto-servidor”, como suele ser llamado aquel que pone su plumas al servicio
del mejor postor.
Las relaciones
comerciales entre prensa y gobierno se dan en todos los ámbitos, Es obligación
de las autoridades difundir obras y acciones, pero además alertar a la sociedad
sobre eventuales situaciones de peligro.
La
comunicación social es fundamental para que un gobierno cumpla con sus
responsabilidades y es natural que se acuda a los medios privados para que se
involucre en la difusión de estas acciones.
Seguramente
en la pasada administración estatal hubo medios de comunicación que se
beneficiaron de sus buenas relaciones con el poder. Si esos acuerdos
comerciales violentaron las restricciones que impone la Ley, habrá que
sancionarlos, pero no es válido que pretendan meter a todos en el mismo costal.
