La Recesión Que Viene
- en Opinión
Aurelio
Contreras Moreno / Contra las cifras alegres que todos los días
maneja el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Veracruz el secretario
de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, tiene otros datos. Nada
halagüeños, valga decir.
Entrevistado
por la periodista Claudia Montero para el portal informativo Al Calor Político,
el funcionario estatal admitió lo que en palacio nacional niegan con
vehemencia: que la economía del país –y por ende, la de Veracruz- pende de un
hilo.
Lima
Franco refirió en la entrevista que el principal problema de las finanzas de la
entidad es la absoluta dependencia que se tiene de las participaciones federales,
pues de los 129 mil millones de pesos de su presupuesto anual, 120 mil
corresponden a esta fuente.
Y
advirtió: “el problema es
que si esa bolsa disminuye por una desaceleración de la economía mexicana o
estadounidense y que bajen nuestras exportaciones, (…) sí nos pega”.
Y a la pregunta de la periodista “¿eso
pudiera ocurrir”?, el funcionario reconoció: “sí. Eso pudiera pasar”.
No
es que Lima Franco esté descubriendo el agua tibia. Esta misma semana, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para México
respecto de su previsión de abril, estimando que este año no se irá más allá de
un ínfimo 0.9 por ciento, lo que representaría, de ser acertado el cálculo, que
la actividad económica registre la menor expansión económica de la última
década. Anunció que provocó la ira del titular del Ejecutivo federal.
La
base de esta estimación se encuentra en las Expectativas Económicas Mundiales
del FMI, en donde se menciona el impacto de “la
incertidumbre en torno a las políticas públicas y el futuro del comercio, el
deterioro de la confianza y el aumento de los costos del endeudamiento que
podrían seguir creciendo tras la reciente rebaja de la calificación soberana”
para México.
Cobra
mayor sentido que esta misma semana, el Gobierno de Veracruz haya presentado
apresuradamente ante el Congreso del Estado una iniciativa para refinanciar o
reestructurar la deuda pública estatal, que parece más un intento desesperado
por blindar las finanzas estatales ante las advertencias sobre una probable
tormenta financiera.
En el documento entregado por la administración estatal a la Legislatura local
están las claves que sustentan ese análisis: “habiéndose llevado a cabo una revisión exhaustiva de la
estructura de la Deuda Vigente de Largo Plazo del Estado, se ha llegado al
conocimiento de que, dada la situación actual del mercado, es viable mejorar
las condiciones crediticias, en términos de costo, equilibrio del servicio de
la deuda y un uso más racional de las fuentes de pago del estado”.
Ello
implica que como la situación actual no es la mejor, en el gobierno estatal se
vieron obligados a buscar mejorar las condiciones del pago de la deuda, como se
plantea en los propios objetivos de la reestructuración: “alcanzar una estructura de deuda más
flexible y eficiente; reducir el costo actual de la deuda pública; mejorar las
condiciones contractuales de los financiamientos; establecer un servicio de la
deuda mejor equilibrado que libere flujos de efectivo que permitan fortalecer
las inversiones prioritarias del estado”, según se establece en el
documento que ya se analiza en el Congreso local.
Asimismo,
se plantea la “contratación
de coberturas de tasas de interés conocidos como CAP’s, instrumentos derivados
de intercambio de tasas conocidos como SWAP’s y cualquier otro tipo de
instrumento de cobertura, hasta por el plazo que se requiera conforme a los
nuevos financiamientos, con instituciones del sistema financiero mexicano que
ofrezca las mejores condiciones de mercado”.
De
acuerdo con la definición de ambos instrumentos financieros, los CAP’s son “opciones de tipo de interés máximo
para personas físicas y jurídicas que protegen contra la subida de tipo de
interés por encima de un tipo máximo fijado al inicio, por un tiempo determinado,
a cambio de una prima”.
Mientras
que los SWAP’s representan una “permuta financiera de tipo de interés para
determinadas personas jurídicas”, cuya función es “cambiar un tipo de interés
variable por un tipo fijo. En cada periodo, si el tipo fijo es superior al tipo
variable, el cliente paga la diferencia. En caso contrario, es el banco el que
la paga. En caso de cancelación anticipada, el producto se cancelará a mercado
y podrá suponer liquidaciones negativas para el banco o para el cliente”.
O
dicho en términos llanos, el gobierno busca contratar seguros contra las tasas
de interés, pues si se recortan las participaciones, como aceptó Lima Franco
que puede ocurrir, no va a ser posible pagarlas. En los hechos, se están
adelantando a una probable recesión.
Que
por supuesto, nadie en la “4T” va a aceptar. Para eso, tienen otros datos.
