Xalapa, Ver. - La abstención de seis diputados de Morena para aprobar la Cuenta Pública 2018, partido que cuenta mayoría en el Congreso del Estado, dejó en evidencia la molestia de algunos legisladores contra la segunda valoración aplicada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), a cargo de Delia González Cobos.
El pasado martes 18 de febrero, el pleno de la LXV Legislatura sometió a discusión y votación el dictamen de la Comisión de Vigilancia referente a la segunda revisión, tras desconfiar del trabajo de Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien dejó el órgano en septiembre de 2018.
En la plenaria, con una duración de apenas 18 minutos, el trámite del dictamen se resolvió sin posicionamientos en lo general o en lo particular por parte de los legisladores de todas las bancadas.
De los 49 diputados asistentes, 43 de todos los partidos votaron a favor, cero en contra y 6 emitieron voto en abstención: Magaly Armenta Oliveros, del distrito de Cosoleacaque; Margarita Corro Mendoza, de Cosamaloapan; Deisy Juan Antonio, de Acayucan y los diputados de representación proporcional Mónica Robles Barajas, Wenceslao González Martínez y Henri Christophe Gómez Sánchez; todos de Morena.
Y es que en la segunda valoración se acusan propósitos políticos, personales e incluso partidistas, dada la discrepancia entre las dos versiones del Orfis, aunque ningún diputado lo ha expresado públicamente.
REAJUSTES
Las rectificaciones a la segunda valoración, aprobadas a su vez por los diputados locales de todas las fracciones, involucran un posible conflicto de intereses.
En Ángel R. Cabada, el ayuntamiento de Arturo Herviz Reyes sumó observaciones por 3 millones 077 mil 623 pesos en la primera entrega de la cuenta pública, sin embargo, la nueva valoración redujo la cifra a solo 390 mil 266 pesos, es decir, una diferencia de 2 millones 687 mil 356 pesos.
En este caso, el presidente municipal es "suegro" de la diputada local perredista Brianda Kristel Hernández Topete, vicepresidenta del Congreso del Estado.
La legisladora a su vez es esposa de Argenis Vázquez Copete, presidente municipal de Santiago Tuxtla e hijo de Yazmín Copete Zapot, exdiputada y fallida aspirante al Senado y esposa del actual alcalde de Cabada.
Esta familia cuenta con un amplio control político en la Región de Los Tuxtlas al punto de que Copete Zapot intentó crear el municipio 213 de Veracruz en la pasada LXIV Legislatura.
En el caso del municipio de Santiago Tuxtla, las observaciones con un monto de 5.7 millones de pesos disminuyeron a solo 576 mil pesos; es decir, el Orfis y el Congreso borraron una diferencia de 5 millones 190 mil pesos al primer año de la administración de Argenis Vázquez Copete.
Otro ejemplo similar es Catemaco, gobernado por el también perredista Julio César Ortega Serrano. Dicho municipio es bastión del diputado morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Javier Gómez Cazarín.
En la primera revisión el órgano dictaminó observaciones por 3 millones 043 mil 929 pesos, pero en la segunda el monto de presunto daño patrimonial disminuyó a cero pesos.
En esta demarcación, Gómez Cazarín impulsó la reapertura de la planta de bebidas Coyame y ahora también votó a favor de la cuenta pública de Catemaco con el “perdón” de más de 3 millones de pesos.
BORRAN DAÑO A MORENISTAS Y PANISTAS
Otro caso polémico es Coatzacoalcos, donde gobierna el alcalde postulado por Morena, Víctor Manuel Carranza Rosaldo. Ahí la primera revisión reveló un presunto daño de 4 millones 273 mil 590 pesos, sin embargo, la segunda revisión redujo la cifra a solo 439 mil 374 pesos, es decir, una diferencia de 3 millones 834 mil 215 pesos a favor del municipio, considerado uno de los baluartes del partido en el poder en Veracruz.
Su cuenta pública recibió la aprobación de los diputados locales representantes de aquella demarcación Amado de Jesús Cruz Malpica y Gonzalo Guízar Valladares, este último coordinador del grupo mixto “Del lado correcto de la historia”.
En Córdoba, las observaciones por un millón 717 mil pesos detectados inicialmente al ayuntamiento de Leticia López Landeros también se redujeron a cero.
Lo anterior, tras un distanciamiento de la edil con el Partido Acción Nacional y un creciente acercamiento con el Gobierno de la Cuarta Transformación que se ha reflejado en diversos medios de comunicación.
El 27 de julio, el Secretario de Gobierno Eric Cisneros Burgos y la funcionaria compartieron una fotografía de ambos en el Palacio Municipal.
En este caso el distrito es representado en el Congreso por el morenista y actual presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Rubén Ríos Uribe, quien dio voto a favor.
Otro caso es el de Emiliano Zapata, municipio gobernado por el alcalde de Morena Jorge Alberto Mier, y en donde la segunda valoración borró las observaciones por 159 mil 272 pesos. El dictamen de la cuenta pública recibió el voto a favor de la morenista María Esther López Callejas.
Incluso municipios en extrema pobreza, como Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, ambos en el distrito de Papantla, representado por Eric Domínguez Vázquez, presidente de la Comisión de Vigilancia, recibieron un "descuento" en las observaciones de las cuentas públicas.
En el caso de Filomeno Mata, de un millón 900 mil pesos en observaciones, estas disminuyeron con la nueva valoración a un millón 087 mil pesos; es decir, una diferencia de 813 mil 898 pesos.
Entre las observaciones iniciales contra el municipio, presidido por el panista Pedro López Gerónimo, destacan la no acreditación de la entrega de 413 despensas y los mil 652 litros de agua enviados por la Secretaría de Protección Civil en 2018.
Y de igual manera, incurrió en la compra de bienes y servicios sin la existencia del procedimiento de licitación demandado por el Orfis.
Entre estas adquisiciones, se encuentra la compra de 216 mil pesos en accesorios para la seguridad pública, 325 mil 344 pesos en un vehículo nuevo y 274 mil pesos en adquisiciones de mobiliario de oficina.
En Gutiérrez Zamora, también en el distrito representado por Eric Domínguez, los 29 millones 892 mil 133 pesos en observaciones disminuyeron a únicamente 1.485 millones de pesos.Es decir, la nueva revisión "perdonó" 28 millones 406 mil pesos de un posible daño patrimonial.
En otro municipio con gobierno postulado por Acción Nacional, Tantoyuca, el alcalde Amado Guzmán Avilés recibió una reducción de 197 mil pesos a cero pesos en el tema de las observaciones por daño patrimonial.
La cuenta recibió la aprobación no sólo de la diputada Judith Pineda, representante del distrito de Tantoyuca, sino de todos los diputados afines al dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Joaquín Guzmán Avilés, hermano del munícipe.
Es el caso de Enrique Cambranis Torres, Rodrigo García Escalante, Bingen Rementería Molina, Omar Miranda Romero y Nora Jessica Lagunes Jáuregui.
NUEVA VALORACIÓN
Cabe precisar que el 29 de enero de 2020 el Orfis, ahora con Delia González Cobos como auditora general, entregó la nueva valoración que elevó de 125 a 131 los municipios con observaciones en su cuenta 2018 y se ajustó el cálculo de un presunto daño patrimonial de 329 millones 294 mil pesos a 300 millones 182 mil pesos.
Es decir, si bien el Orfis amplió el número de observaciones en determinados ayuntamientos, a la vez disminuyó el presunto daño patrimonial en ciertas municipalidades que fue detectado por el exauditor, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, quien dejó el cargo en septiembre de 2019.
Otro ejemplo polémico es Tamiahua en donde la alcaldesa, Citlali Medellín Careaga, modificó su discurso crítico contra el Gobierno de Veracruz hasta convertirse en una aliada del Ejecutivo estatal.
El 5 de febrero de 2019, la edil, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, urgió al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez a aplicar acciones ante la creciente ola de feminicidios.
Posteriormente, el 25 de abril de 2019, Medellín Careaga, presidenta de la Asociación de Alcaldesas del Norte de Veracruz, calificó a Veracruz de "estado fallido" a raíz del asesinato de su homóloga de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea.
"Es un estado donde las armas, los tiros y las balaceras son el común de todos los días" expresó en ese entonces ante los medios de comunicación.
El 25 de septiembre de 2019, el Orfis dio a conocer de la revisión de la cuenta pública del municipio, en donde el dictamen del ente detectó un presunto daño patrimonial a la Cuenta Pública de Tamiahua por un millón 308 mil 382 pesos con 15 centavos, conforme a la observación FM-151/2018/029 DAÑ.
No obstante, el 12 de enero de 2020, medios de comunicación revelaron una imagen de la presidenta municipal al lado del Gobernador de Veracruz en un recorrido de obra en la cabecera.
"La coordinación entre los tres niveles de Gobierno ha posibilitado el desarrollo de obra pública en los municipios de Veracruz", publicó el Ejecutivo.
El 29 de enero, el Orfis entregó la nueva valoración de la cuenta pública en donde "borró" el daño patrimonial y solo emitió 8 observaciones de carácter financiero, dos recomendaciones técnicas a la obra pública y dos recomendaciones sobre deudas y obligaciones del municipio.
"En días recientes el Órgano Fiscalizador del Estado de Veracruz determinó que la administración que encabeza Citlali Medellín no tiene daño patrimonial alguno por lo que resulta con saldo positivo por segundo año consecutivo (sic)", publicó Citlali Medellín en Facebook el 12 de febrero pasado.
En ese sentido, el Orfis excluyó de la nueva valoración la observación FM-151/2018/029 DAÑ, la cual detectó que el municipio pagó un millón 308 mil 382 pesos por concepto de “Asesorías en los procesos municipales, administrativos, presupuestales, fiscales y obra pública”, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).
Es decir, la alcaldesa Medellín Careaga realizó ocho transferencias por concepto de "Asesoría y Consulta" por montos de los 50 mil a los 300 mil pesos.
En todo caso, la segunda revisión del Orfis confirmó la continuidad de los pasivos en materia de obligaciones con el Poder Ejecutivo de Veracruz.
De este modo, el ayuntamiento le debe 23 mil 918 pesos al Instituto de Pensiones del Estado y 102 mil 627 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta retenido a empleados, pero no depositado a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan).
Además de un adeudo de 543 mil 644.48 pesos no entregados a Sefiplan por concepto del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
En este caso su cuenta pública recibió el aval del diputado por el Distrito de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, expresidente de la Mesa Directiva.
