Tarek, testigo
protegido, suelta la sopa
LÍNEA CALIENTE
Por Édgar Hernández*
Adolfo Mota, Erick Lagos, Alberto Silva, Jorge Carvallo y Edgar
Spinoso están en la mira de la PGR. Se les fincarán responsabilidades por el
desvío de 35 mil millones de pesos.
Suma además el peso de la ley –a secas- por sus deslealtades tan
graves en política como sus raterías.
Mientras el también diputado Tarek Abdalá decidió acogerse al
programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República,
entregar toda la documentación sobre los destinos de los dineros públicos durante
el mandato de Javier Duarte y, una vez terminada de facto su gestión
legislativa hacia abril del 2018, migre a algún lugar de Estados Unidos.
Tarek tiene la doble nacionalidad por lo que residirá en Iowa, al
norte de Estados Unidos e incluso podría cambiar de identidad ya que el
programa de la PGR al que se acogió, lo protege.
Todo, desde luego, según reza la ley, a cambio de la aportación de
la información fundamental para un juicio federal contra alguien que cometió
delitos graves o que tiene relación con el crimen organizado.
Así, información confiable de la fiscalía federal da cuenta que
gracias al soporte documental suministrado por el legislador de marras
finalmente quedaron integrados los expedientes de los arriba citados.
Diferentes sumas por desvíos federales que debieron aplicarse a
programas de desarrollo social, educación y asistencia pública pusieron en la
mira de las autoridades federales a Mota, Erick Lagos, Silva, Carvallo y Edgar
Spinoso, así como 64 funcionarios del duartismo que contribuyeron de manera
directa a consumar el fraude federal.
En una segunda ronda Tarek entregó además información que hunde al
primer traidor del Duartismo, Juan Manuel del Castillo, así como al más
importante “donador” del gobierno de Miguel Angel Yunes Linares, Vicente
Benítez. Otros en la lista son Gabriel Deantes, Gerardo Buganza y
Fernando Benítez Obeso.
De estos cinco habría que destacar que la libraron de manera
provisional al presuntamente cabildear, dar dinero, bienes y apoyo político
electoral a Miguel Angel Yunes creyendo que la libraban sin pensar que la
mayoría de sus delitos son de carácter federal.
La información entregada por Tarek va del 2012 a 2015.
Habría que insistir que las cuentas pendientes que tienen los
involucrados son por desfalcos federales ante la Auditoría Superior de la
Federación que desde finales del 2010 abrió expedientes que fueron turnando año
con año a la PGR para el deslinde de responsabilidades.
Habrá que recordar también que hacia el final del mandato de
Javier Duarte, los citados buscaron ampararse a través del escudo que les
representaba el fuero federal.
Los tiempos, sin embargo, al cambio del gobierno estatal, dieron
un nuevo giro al solicitar el gobierno de Yunes Linares, de manera repetida,
juicios de procedencia contra Tarek y Silva, mismos que han quedado en
suspenso, pero no muertos.
Es un suspenso aparente ya que al final del gobierno de Peña Nieto
habrá de iniciarse el ajuste de cuentas contra quienes adoptaron una actitud de
“pagar” por su libertad a cambio de traicionar a su partido y entregar de
manera ilícita enormes cantidades en efectivo y bienes, sin considerar a quien
en realidad debían lealtad y disposición al aparato que los gestó.
Así nos encontramos con que al amparo y patrocinio de Edgar Spinoso,
ex Oficial mayor de la Secretaría de Educación del Estado, Adolfo Mota creyó
haberla librado.
No fue así.
Spinoso ni cumplió en su totalidad con Yunes Linares a quien quiso
engatusar cediendo un avión inservible jurando que era un jet último modelo-, ni
con el gobierno federal, ni a su partido al que traicionó.
Ambos se creen dueños de su libertad solo que la PGR está por
confirmar lo ya hecho público en medios. No encuentran justificación por 18 mil
434 millones de pesos destinados al Fondo de Aportaciones para la Educación
Básica y Normal (cuenta Santander 6550255805).
Asimismo se encontraron repetidas irregularidades en prácticamente
todos los temas educativos y aviadurías del 2010 al 2016.
Erick Lagos, el llamado Judas de Javier Duarte, es señalado también
por desvíos de Fonden, así como por 237 millones de pesos que recibió “por
fuera” que nunca justificó a su paso por la Secretaría de Gobierno.
Desde luego que ese frente lo tiene cubierto dada su alianza con
Rogelio Franco, pero no por sus ligas con el crimen organizado que lo habrán de
poner de rodillas ante la PGR.
De Alberto Silva se han escrito un sinfín de historias. Trae un
tema grave ante la PGR por las empresas fantasma y desvío de recursos
federales. Este rapaz nada más se llevó a la bolsa 4 mil 200 millones de
pesos a su paso por Comunicación Social.
El fuero se le acaba y el tiempo lo trae en contra.
Jorge Carvallo tiene singularmente molesto al PRI nacional, al PRI
estatal, a los senadores y a la misma casa presidencial por lo que la PGR se
declara lista para proceder por el tema de las medicinas clonadas.
Está documentado que creó con su familia tres empresas
fantasmas para cobrar más de 100 millones de pesos en seis años.
Estos negocios facturaron lo que aun hoy tiene a todo México indignado: medicamento
clonado o apócrifo, en especial quimioterapias, que fue suministrado a los
niños con cáncer en Veracruz.
Para la PGR un nombre resulta fundamental para esclarecer todo
este asunto: Andrés Beceiro Delfín, primo hermano de Carvallo Delfín,
y “dueño” de la empresa Especialidades Médicas del Sureste.
En ese maloliente asunto salpica además a quien fuera secretario
de Salud de Duarte, Fernando Benítez Obeso (pariente de los Obeso, bajo cuya
cruz se esconde), así como Ricardo Sandoval Aguilar (infidente) y Martín
Montiel, quienes controlaban la compra de medicamentos. A ellos hay que sumarle
a Francisco Silva Sánchez, quien fue jefe de adquisiciones del Cecan.
Todos estos honorables caballeros habrán de ser citados por la PGR
en breve para que les lean la cartilla y si de Miguel Angel Yunes Linares se
salvaron, de Peña Nieto –empeñado en consumar el juicio final contra los
traidores- no.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo
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