Le cortan las alas a El Cisne
ALMA GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
La Fiscalía de Veracruz encontraba su nombre en todas y cada una
de las investigaciones que se llevan a cabo para castigar a los cómplices de
Javier Duarte.
El nombre de Alberto Silva aparecía en una investigación y en otra
también, pero el fuero que le permite impunidad, estorbaba para seguir adelante
y deslindar responsabilidades contra él y contra otros funcionarios
involucrados.
Fue entonces que la
Fiscalía de Veracruz presentó la solicitud de desafuero contra el diputado
federal Alberto Silva Ramos, en la Cámara de Diputados. Llamado también El Cisne, fue denunciado en este espacio
innumerables ocasiones. Desde su llegada a la vida pública mostró incapacidad
política pero un gran talento para las finanzas personales.
Sin embargo, la petición de desafuero nada tiene que ver con su
gestión como presidente municipal de Tuxpan, donde el caso de las luminarias
que pagó a una empresa fantasma y nunca existieron, fue muy sonado. Pero no fue
el único atraco de Silva Ramos en ese puesto, a partir del cual su poder
económico aumentó de manera desproporcionada.
Alberto Silva, a la segunda mitad del gobierno de Fidel Herrera
(2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de Infraestructura Regional y
Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.
Fue electo presidente municipal de Tuxpan para el período 2010 a
2013, pero sin terminar ese período fue designado secretario de Desarrollo
Social por su amigo Javier Duarte. Desde el 20 de febrero de 2014 se desempeñó
como coordinador general de Comunicación Social y vocero de Javier Duarte hasta
el 5 de enero de 2015.
Esa petición de quitarle el fuero al diputado federal del PRI es
para poder proceder en su contra, únicamente ante las irregularidades
existentes durante su gestión como coordinador de Comunicación Social en la
administración de Javier Duarte, donde trabajó dos veces. Ya su
antecesora, Gina Domínguez, está presa.
Desde mayo pasado tanto Silva como Gina Domínguez, también ex
vocera de Duarte, figuran como probables responsables en un mecanismo que
permitió el desvío de más de 4 mil millones de pesos de doce
dependencias distintas.
Cuando Javier Duarte de Ochoa llega a la gubernatura de Veracruz
en 2010, Silva inicia su periodo de presidente municipal de Tuxpan.
Una vez que dejó a Tuxpan en la pobreza fue designado por su amigo
el gobernador, secretario de Desarrollo Social, luego se colocó en la
estratégica Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado, donde
realizaba, como comunicador, una labor siniestra, porque en lugar de dar
difusión a los trabajos y las obras de Javier Duarte, pagó grandes cantidades a
medios de información para atacar a sus enemigos y elaborar campañas de
desprestigio contra los contrincantes políticos.
Alberto Silva Ramos es diputado federal por el principio de
mayoría relativa por el Distrito 3 de Veracruz, es secretario de las Comisiones
de Recursos Hidráulicos, Derechos humanos y de Población, a pesar de
ello, una vez instalado en San Lázaro solicitó una licencia para cubrirle las
espaldas a su amigo Javier Duarte durante los últimos meses de su mandato
precisamente en el oscuro rincón de la administración pública en la que le
había servido mejor a su jefe: la Coordinación de Comunicación Social, porque
en esa segunda ocasión hizo de estas oficinas la trinchera para combatir a sus
enemigos políticos, principalmente
al actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su familia, a quien le
estructuró varias campañas en su contra para tratar de que perdiera las
elecciones del año pasado.
Ahora, la solicitud de desafuero será turnada a una comisión
instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que
presente la Fiscalía, para determinar si es procedente o no.
Es la segunda vez que la Fiscalía de Veracruz solicita el
desafuero de un legislador federal, la primera fue contra Antonio Tarek Abdalá, por un presunto
desvío de recursos cuando era secretario de Finanzas del Estado.
En los últimos días apareció una grabación telefónica donde el ex
gobernador urge a su entonces secretario de Finanzas, Tarek Abdalá, a entregar
mil millones de pesos al PRI, que en ese momento no habían sido recibidos
todavía por ese partido por una demora inexplicable para Duarte.
Desde la coordinación de Comunicación Social, encabezada primero
por Gina Domínguez y luego por Alberto Silva, se puso en marcha un mecanismo
que permitió el desvío de cuatro mil millones de pesos por lo menos,
provenientes de doce dependencias distintas. Desde esas oficinas organizaba a
otros funcionarios de la administración duartista para que se crearan los
huecos legales necesarios para que las denuncias, en caso de existir,
simplemente fueran procedimientos administrativos y muchas veces ni eso.
La estrecha relación que siempre guardó Alberto Silva con Javier
Duarte lo convierten en el principal instrumentador de la creación de empresas
fantasma con las que supuestamente negociaba el gobierno del estado. Inventó,
además, en la Coordinación de Comunicación Social hasta medios de información
que nunca existieron.
Dentro de esta práctica el desarrollo de los ilícitos era siempre
el mismo: Comunicación
Social solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos destinados a otras
dependencias para el pago de campañas en medios de comunicación, sin dictamen
que acreditara que había el presupuesto suficiente.
El destino del dinero eran empresas escogidas por Comunicación
Social, sin adquisición transparente o convocatoria, y sin rendir cuentas a las
instancias a las que estaba obligado a reportar sus prácticas ilícitas, ni al
órgano de Fiscalización del Estado, ni a la Contraloría, el Congreso o el
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
Con esta clave maestra, encabezada por Alberto Silva Ramos se
desviaron fondos de varias entidades tales como las secretarías de Seguridad
Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario,
Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo
Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado.
Alberto Silva Ramos, desvió sólo en diciembre de 2014, 245
millones de pesos del estado de Veracruz para la supuesta difusión de la
actividad gubernamental. En complicidad con Tarek Abdalá, crearon los
mecanismos necesarios para evadir impuestos, desviar recursos, cometer una
serie de delitos, entre ellos el fraude y el peculado.
Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey, Marvercarr,
Publicidad Akkira y Gman Business, son algunas de las empresas con las que
negoció supuestamente Alberto Silva y que terminaron siendo sólo vecindades o
domicilios inexistentes.
“Vamos a investigar a dos ex coordinadores de Comunicación Social,
específicamente a la señora Georgina Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque
durante la etapa en que fueron coordinadores de Comunicación Social se hicieron
pagos a empresas que no existen”, advirtió hace meses el gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares.
Hasta la fecha se han cuestionado los fueros de Tarek Abdalá y
Alberto Silva Ramos, pero aún hay otros diputados federales que las
investigaciones de la Fiscalía general de Veracruz señale para que se inicie el
procedimiento de desafuero.
Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación del
estado de Veracruz en el periodo en que esa dependencia otorgó siete contratos
por casi 325 millones de pesos a compañías hoy inhabilitadas por el SAT.
Edgar Spinoso Carrera, ex Oficial Mayor de la
Secretaría de Educación de Veracruz, donde se firmaron contratos de la
Secretaría con las empresas fantasma.
Noemí Guzmán Lagunes, encabezó la Secretaría de
Protección Civil en el periodo en que esta dependencia concedió nueve contratos
por cerca de 30 millones de pesos a la red de empresas fantasma.
Vicente Benítez González, el señor de las maletas,
fue subsecretario de Desarrollo Social en el periodo en que se concedieron
los contratos a empresas fantasma. Además de Astrid Elias Mansur, Juan Carlos
Rodríguez García, entre otros. PEGA Y CORRE.-Familiares
de víctimas del socavón en Paso Exprés demandarán a autoridades por
negligencia. Además, ciudadanos se plantaron frente a la SCT y para
exigir la renuncia de Ruiz Esparza…Esta
columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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y comentarios, escríbenos a:
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