A salvo los bienes mal habidos
25 de
octubre de 2017
ALMA
GRANDE
Por Ángel
Álvaro Peña
Los premios a la corrupción en Veracruz traspasan las fronteras, y
la justicia mexicana en lugar de quitar el fuero a los sospechosos de atentar
contra los intereses de los veracruzanos los encubre para que la impunidad sea
eterna.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados frenó
la solicitud de votar los desafueros de los priistas Tarek Abdalá y Alberto
Silva, señalados como cómplices de Javier Duarte durante su mandato.
El grupo parlamentario del PRI, pidió la opinión de la Dirección
de Asuntos en San Lázaro para definir el procedimiento. Así, la podredumbre de
la administración pública trastoca la conducta de los funcionarios quienes sólo
basta que sean miembros del PRI para alcanzar la impunidad, afectando la
credibilidad de otras instituciones como lo es la propia PGR que ahora su
titular suplente actúa fuera de la ley al intentar despedir al fiscal de la
Fepade, sin que sus atribuciones se lo permitan.
Pero uno de los mayores problemas de esta administración pública
ha sido la falta del hábito de la lectura, actividad obligada en todo político
que se digne de serlo, sin embargo, para los miembros de la alta clase política
es algo que no tiene sentido.
Y precisamente por esa falta de costumbre de leer, es que sus
disposiciones han tenido que ser canceladas y sólo quedan en ridículo.
Así, los diputados del PRI consideran que su principal objetivo es
obedecer al partido y proteger a sus militantes y no representar los intereses
de la población; en esa grave confusión que la costumbre ha hecho tradición, se
muestran impunes tanto los cómplices de Duarte, como quienes les permiten
seguir gozando del fuero, y, por lo tanto de la impunidad.
Cuatro legisladores de la Sección Instructora votaron el 12 de
octubre los juicios de procedencia contra los dos ex funcionarios de Javier
Duarte en Veracruz, acusados del desvío de recursos públicos, pero en ambos
casos se registraron tres empates consecutivos.
El presidente del órgano jurisdiccional, Ricardo Ramírez Nieto,
turnó los dictámenes a la Mesa Directiva para determinar el trámite
correspondiente, pero el diputado presidente Jorge Carlos Ramírez Marín
devolvió los expedientes, tras afirmar que no procede someterlos a
consideración del pleno.
Ante esta situación los líderes parlamentarios del PAN, PRD y MC
propusieron a la Junta de Coordinación Política enlistar los desafueros para su
votación en el pleno, pero el PRI y sus aliados lo frenaron.
Las redes de la corrupción se extienden ante la impunidad y
traspasan las fronteras de nuestro país. Hace días, el Sindicato de
Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio de Estados
Unidos solicitó al Senado de su país investigar a los prestanombres de
funcionarios mexicanos involucrados en actos de corrupción.
Porque muchos funcionaros públicos, sobre todo de la
administración de Javier Duarte, como el propio ex gobernador, trasladan su
dinero al vecino país del norte, y adquieren propiedades o lo invierten en
bienes raíces.
El objetivo de la investigación es desmantelar las redes que
políticos mexicanos corruptos usan para lavar dinero e invertir sus bienes de
procedencia ilícita en Estados Unidos.
“Hemos descubierto que la red presuntamente involucrada en el
lavado de dinero obtenido por Javier Duarte, el ex gobernador de Veracruz
recientemente extraditado de Guatemala a México, aún está vendiendo bienes en
Florida que están sujetos a investigación en México”, afirmó el sindicalista en
una carta enviada al senador Charles E. Grassley, Presidente del Comité
Judicial del Senado.
Si la justicia mexicana calificara de delincuentes a estos
corruptos, el resto de los países involucrados en los bienes y dineros de
personajes como Duarte y sus cómplices serían investigados también en el
extranjero.
La inexplicable tardanza de los juicios contra Duarte y sus
amigos, y la imposición de un fuero a personajes por los que nadie votó pero
que son legisladores, como si representaran algo más que sus intereses
personales, tienen ahora una explicación.
Al tardar el proceso contra los corruptos, éstos se toman su
tiempo para vender, bien vendidos, sus bienes en el extranjero. Casas y
residencias de lujo que nunca formaron parte de su declaración patrimonial y
que no fueron detectadas puntualmente por las autoridades mexicanas.
Así, el juicio contra Duarte puede durar meses o años, mientras
esto sucede y no es declarado culpable sus bienes en el extranjero y muchos de
ellos en nuestro territorio, son vendidos al mejor postor, o simplemente
traspasados a familiares, compadres y amigos, fuera de toda sospecha.
De ahí que en el vecino país del norte haya preocupación por este
tipo de negocios con inmuebles adquiridos con dinero mal habido. La
organización destacó que es importante procesar a los prestanombres de redes de
políticos de México, y agregó que algunas Fiscalías de Estados Unidos han
decomisado bienes y han obtenido declaraciones de culpabilidad de parte de
algunas personas en las redes, a cambio del testimonio en contra de
funcionarios corruptos.
Ante esta situación algunos legisladores estadounidenses señalan:
“El Partido Revolucionario Institucional actualmente controla la maquinaria
federal de proceso judicial en contra de funcionarios estatales corruptos, sin
embargo, todos los gobernadores actualmente bajo proceso fueron elegidos como
miembros del PRI”.
Por un lado la lentitud de la justicia para declarar culpable a
Duarte, y por otro conservar arbitrariamente el fuero de sus cómplices,
permite que sus bienes se conviertan en una inversión que a veces no es del
todo legal ni siquiera a través de prestanombres, porque en Estados Unidos el
origen del dinero con el que se adquieren casas, departamentos, terrenos y
residencias sigue siendo importante para la justicia.
La justicia mexicana está diseñada a conveniencia no sólo de
la libertad de los funcionarios corruptos sino del mejor precio de los bienes
adquiridos por esos delincuentes dentro y fuera de nuestras fronteras. PEGA Y CORRE: La PGR y
el SAT obtuvieron las primeras 13 sentencias condenatorias por delitos fiscales
contra socios y representantes legales de una red de empresas fantasma en
Veracruz, que recibieron recursos públicos del gobierno de Javier Duarte. Hay
personas de bajos recursos, militantes del PRI, gente que aunque no eran
empresarios simularon que lo eran en el papel, proporcionando datos fiscales
falsos para convertirse en accionistas y representantes legales de las
compañías. Todos aceptaron declararse culpables, a cambio de sentencias
reducidas que les permitieran no ser encarcelados… Esta columna se publica los lunes,
miércoles y viernes.
Dudas
y comentarios, escríbenos a:
Toño Aguilar enalteció la coordinación que debe
existir entre sociedad y gobierno, porque existirá la directriz de hacer una
administración eficaz, ejemplo de ello la construcción de libramiento Adolfo
López Mateos, en su edificación va cumpliendo con los estándares de calidad e
incluso se realizan la corrección y reconstrucción en zonas que presentan
fallas técnicas, destacó Aguilar Mancha. 
