Buscar desaparecidos,
prioridad humana
ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Una de las características de la actual administración fue la
violación a los derechos humanos. Desde el primer día de la toma de posesión,
se desató una cacería de inconformes por las calles del Centro de la Ciudad de
México, donde Miguel Ángel Mancera Espinosa, inició su servil administración
bajo el mandato de Enrique Peña Nieto.
La facilidad con la que se violentaban los derechos de los
mexicanos fue contagiando al interior del país y en Veracruz tuvo una expresión
de escándalo, cuya repercusión se convirtió en una información indignante en el
mundo entero.
Así, entre 2014 y 2016, la Procuraduría General de la
República registró la desaparición de más de 350 personas en Veracruz.
Entre las víctimas hay comerciantes, agentes de viajes, amas casa, estudiantes,
policías, profesores, ingenieros, choferes del transporte público, pero sobre
todo periodistas, gremio favorito de las desapariciones, cuyos culpables se
desconocen hasta el momento.
A pesar de los esfuerzos de los familiares de las víctimas. Sólo
han sido localizadas menos del 15 por ciento, la mitad sin vida. Lo que es
peor, a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas no les
interesa buscarlas.
Animal Político asegura que Veracruz es uno de los dos estados con
el mayor registro a nivel federal de personas desaparecidas y uno de los
de mayor incidencia de casos de desaparición forzada en donde presuntamente
participaron autoridades.
Colinas de Santa Fe es el cementerio clandestino más grande del
país: 125 fosas, 14 mil restos óseos, pero no hay recursos para analizarlos,
según la fiscalía de la entidad, que denuncia que carecen de recursos para
realizar las pruebas de ADN e identificar a 249 víctimas que han sido exhumadas
y responsabilizó al gobierno de Duarte de engañar a familiares de
desaparecidos.
Actualmente la Fiscalía cuenta con 30 agentes ministeriales
especializados en el tema, investiga la desaparición de 225 personas que
representan 63 por ciento de todos los casos.
Más del 95 por ciento de las víctimas registradas en
averiguaciones de desaparición por la Procuraduría en Veracruz siguen sin ser
encontradas.
Jorge Winckler, fiscal del estado de Veracruz,
admitió públicamente que “urge apoyo internacional y
nacional” para analizar el ADN de los restos encontrados y así comenzar a
identificar a las personas enterradas en las fosas.
Ante esta triste panorámica del estado, que muestra una de sus
facetas más oscuras y una responsabilidad que quieren ocultar al país y al
mundo, el gobernador electo, Cuitláhuac García, anunció que sostendrá reuniones
mensuales por casos de desaparecidos en Veracruz, con los familiares y las
asociaciones conformadas por éstos.
Cuitláhuac García Jiménez se reunió con integrantes de colectivos
de familiares desaparecidos para anunciar su decisión de colaborar estrecha y
continuamente en su lucha.
Denunció que existe preocupación, dentro y fuera del país, sobre
la actuación del fiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, debido a
varias omisiones en que ha incurrido y en caso de persistir la problemática
solicitará que sea removido.
Se solidarizó con la petición de los colectivos, para exigir
respeto y atención inmediata, así como la implementación de los panteones
ministeriales donde se cuiden los restos de las fosas clandestinas.
La representante del Colectivo Solecito Veracruz, Lucía de los
Ángeles Díaz Genao, aseguró que el régimen de Miguel Ángel Yunes Linares fue un
retroceso en materia de búsqueda de desaparecidos.
La violación a los derechos humanos, la tortura, la desaparición
de personas será una mancha no sólo para la actual administración sino para el
partido que permitió y desconoció públicamente este grave conflicto, provocando
con esto que se multiplicara la agresión contra la población.
Un delito que no se investiga es una acción que la propia
autoridad invita a continuar y en Veracruz la impunidad y el ocultamiento de la
desaparición de cientos de personas motivó una serie de represión
selectiva que está impune. No hay culpables de estas acciones criminales.
La actuación de Javier Duarte fue de indiferencia, tanta que
acusaba complicidad; y la pasividad de Yunes Linares respecto a los
desaparecidos pareciera que celebraba cada muerte o pérdida de los
veracruzanos. Se dedicó a preparar la candidatura de su hijo que le permitiría
impunidad, sobre todo en materia de gastos.
Cuitláhuac García se comprometió a aclarar todos los casos de
desaparición forzada en el estado. Sin embargo, antes de que pueda disponer de
las herramientas del gobierno, acude con los familiares para coadyuvar con
esfuerzos propios para que pueda avanzarse, sin descanso, en esta búsqueda.
Otro de los propósitos en los que está trabajando desde ahora
García Jiménez es en la liquidación de todos los pasivos de la actual y la
anterior administración, incluso, se comprometió a cubrir los pasivos de la
reserva técnica del IPE.
Aseguró que se planea saldar adeudos con municipios, con el sector
empresarial, y al propio Instituto de Pensiones, por lo que esperan recibir, al
menos, 130 mil o 140 mil millones de pesos para su primer año de gobierno.
Sin duda una tarea titánica que seguramente resolverá el próximo
año, trabajo que no pudo concretar Yunes Linares en dos años de vagancia
burocrática, donde sólo pensaba en la reelección a través de su hijo. PEGA Y CORRE. – El
asesinato impune de periodistas continúa en el país. Luis Pérez García, de la
revista Encuesta Hoy,
a quien mataron y luego prendieron fuego a su casa en Iztapalapa. Era también
socio de la Asociación Nacional de Locutores. De acuerdo con la Federación de Asociaciones de
Periodistas de México, el comunicador vivía solo en
la colonia Ejército Constitucionalista. Además, en Playa del Carmen fue
asesinado el periodista Rubén Pat, del medio Playa
News, al salir de un restaurante. La falta de interés de las
autoridades sobre las investigaciones de los crímenes contra los comunicadores
convoca a seguir cometiendo este crimen…Esta
columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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